La Guardia Civil atribuye la comisión de un delito de tráfico de influencias a Jaime Montaner, consejero de la Junta de Andalucía entre 1979 y 1994, por su mediación para que le pagaran a la empresa de un conocido una ayuda que la Consejería de Empleo le había concedido con cargo al fondo de reptiles. Los investigadores señalan a otras 19 personas, entre ellas 12 ex altos cargos de la Administración autonómica.

El pasado 30 de noviembre, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil entregó al juzgado que instruye el caso ERE un atestado -notificado esta semana a las partes- en el que analiza la ayuda otorgada por la Junta para sufragar teóricamente las prejubilaciones de diez de los 23 trabajadores de La Instaladora Moderna Electricidad SL, una empresa sevillana dedicada al montaje de instalaciones y a la reparación de aparatos eléctricos. En realidad sólo iban a salir siete empleados, pero se simuló que eran 10 para alcanzar el número mínimo legal para que se pudiera tramitar como Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Cuando se presentó ante la autoridad laboral, estos tres empleados tenían edades comprendidas entre los 44 y los 48 años.

Los agentes aprecian responsabilidad penal en la actuación de una veintena de personas relacionadas con la petición, tramitación, intermediación o pago de la ayuda, que ha tenido un coste para la Administración andaluza de 584.486,88 euros. En concreto, se abonaron 443.772,67 euros en 2009 y 140.714,21 euros en 2010, quedando por desembolsar 46.904,73 euros.

Los agentes dicen que Montaner "se valió de su amistad" en la Junta para que pagaran una ayuda a la firma de un conocido

Entre los señalados por la Guardia Civil se encuentra Jaime Montaner, consejero de Política Territorial en los primeros gobiernos autonómicos con Rafael Escuredo y José Rodríguez de la Borbolla como presidentes y al que Manuel Chaves confió la cartera de Economía y Hacienda cuando desembarcó en Andalucía en 1990. Montaner se mantuvo en el Ejecutivo hasta agosto de 1994, cuando fue nombrado presidente de la empresa que gestiona los terrenos en los que se celebró la Exposición Universal de 1992 (Cartuja 93).

Los investigadores llegan a la conclusión de que el ex consejero, "valiéndose de su amistad con los diferentes altos cargos de la Junta", habría "influido" en la concesión de una ayuda sociolaboral de carácter excepcional a favor de La Instaladora Moderna Electricidad y de varios ex trabajadores "sin cumplir los requisitos mínimos exigidos para la concesión de la misma". Cuando prestó declaración como investigado ante la Guardia Civil el pasado 6 de octubre, Montaner reconoció que conocía a la familia propietaria de esta empresa.

En el expediente de esta ayuda hay tres hitos que acreditan la mediación de Jaime Montaner para que se abonara el dinero. El 21 de julio de 2009, desde el estudio de arquitectura del que es socio fundador y administrador -Demópolis, Arquitectura & Ingeniería SL- salió un fax en dirección a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social adjuntando el cuadro que había remitido la aseguradora con la que se había suscrito la póliza de prejubilaciones detallando el desglose de las cantidades a abonar.

Casi cinco meses después, Montaner volvió a mandar otro fax a la Consejería de Empleo. Dirigiéndose al director de Trabajo como "amigo Juan" [Márquez, entonces director general de Trabajo], el ex consejero le escribía: "Dime qué procede hacer y cuándo podría firmar José Manuel Pineda [administrador de La Instaladora Moderna Electricidad] la consignación de los 50.000 euros". A la vista de que seguía sin resolverse, Jaime Montaner acudió acompañado de varios trabajadores posteriormente a la sede de Empleo para mantener una reunión con Juan Márquez a fin de conocer el estado en que se encontraba el expediente, como reconoció a los agentes.

El ex consejero se dirigió a un alto cargo de Empleo como "amigo Juan", pero dice que lo hizo como "señal de cortesía"

Frente a la tesis de la Guardia Civil, el ex consejero asegura que "no le unía ningún tipo de amistad con ningún otro miembro de la Junta de Andalucía" y que "solamente lo conocía [a Márquez] de forma superficial y a través de los medios de comunicación", pese al tratamiento de "amigo Juan" que le había dado en uno de los faxes. Según dijo a los investigadores, utilizó ese tratamiento "en señal de cortesía y corrección" hacia un alto cargo de la Administración.

En relación con este ERE, los agentes también han tomado declaración en calidad de investigado a Francisco Javier Soto, "compadre" del administrador de La Instaladora Moderna -el también investigado José Manuel Pineda Sierra, al que acusan de falsedad documental, malversación de caudales públicos e insolvencia punible (antes alzamiento de bienes)- y quien "podría haberse granjeado la amistad de diferentes altos cargos de la Junta de Andalucía para con ello influir en la obtención de la concesión del ERE" por su condición de antiguo delegado provincial de Industria, Comercio y Turismo. Como en el caso de Montaner, la Guardia Civil aprecia indicios de un delito de tráfico de influencias.

Señalados otros 12 ex altos cargos

No son los únicos ex altos cargos señalados por esta ayuda. Así, los investigadores aprecian responsabilidad penal en la conducta de los ex consejeros de Empleo Antonio Fernández y Manuel Recio; los ex viceconsejeros Agustín Barberá y Justo Mañas; los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera; el ex delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas; los ex directores generales de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) Jacinto Cañete y Antonio Valverde, y los ex directores generales de Administración y Finanzas de IDEA Juan Francisco Sánchez y Antonio Diz-Lois.

El listado de investigados por la Guardia Civil se completa con un ex jefe de servicio de la Consejería de Empleo en Sevilla, José María Neyra; el antiguo administrativo de este departamento Jesús Andrés Rodríguez; los ex directivos de la mediadora Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo, y el asesor fiscal del empresario beneficiado por esta ayuda, Jesús Zalba.