La relación de imputados del caso ERE incluye hasta ahora altos cargos de la Junta de Andalucía, alcaldes, empresarios, directivos, sindicalistas, abogados y hasta una monja. La nómina de investigados podría engrosarla próximamente el hoy obispo emérito de Cádiz y Ceuta, Antonio Ceballos, al que la Guardia Civil considera presunto responsable de un delito de tráfico de influencias por su "intervención directa" en la solicitud de una ayuda concedida con cargo a la partida presupuestaria 31.L o fondo de reptiles.

Este episodio es paradigmático del caso del que se ocupa la Justicia desde hace más de seis años, con unas 265 personas investigadas en las distintas piezas abiertas, y demuestra la falta de transparencia y la arbitrariedad con que la Administración andaluza repartió los fondos públicos durante una década. Sólo a raíz de que estallara el escándalo se reguló el procedimiento de concesión.

En un atestado entregado al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, notificado la pasada semana a las partes y al que ha tenido acceso El Independiente, el equipo de delitos contra el patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Algeciras (Cádiz) señala a Ceballos y a tres ex altos cargos de la Administración andaluza tras analizar la ayuda sociolaboral excepcional por importe de 300.000 euros que la Consejería de Empleo otorgó al centro geriátrico del Obispado de Cádiz en 2009.

Ceballos mandó una carta al consejero pidiéndole ayuda para los trabajadores de un geriátrico del Obispado

El 6 de octubre de 2008, el obispo envió una carta al entonces consejero de Empleo, el jerezano Antonio Fernández, en la que le pedía ayuda para sufragar la ampliación del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que venía afectando a medio centenar de trabajadores desde el 1 de enero de 2007 mientras se ejecutaban las tareas de rehabilitación en el edificio y la residencia de ancianos volvía a la actividad. El Obispado había complementado las prestaciones por desempleo de los trabajadores para que éstos no vieran mermados en exceso sus ingresos.

El geriátrico tenía previsto su reapertura el 8 de diciembre de 2008, pero el hallazgo de restos arqueológicos provocó un retraso en las obras y obligaba a ampliar  la duración del expediente laboral. El Obispado había tenido que hacer frente al incremento del coste de la obra y reclamaba que la Junta concediera una ayuda para que la plantilla mantuviera el complemento.

“En espera de que, como ha sido siempre, podamos colaborar en esta importante tarea sociolaboral, reciba un atento y cordial saludo”. Así se despedía Antonio Ceballos en la misiva enviada al titular de Empleo, firmada de su puño y letra.

Extracto del atestado de la Guardia Civil en el que señala al entonces obispo de Ceuta y Cádiz.

Monseñor Ceballos no predicó al aire y su petición fue atendida meses después. En concreto, la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social acordó el 30 de julio de 2009 conceder una subvención excepcional de 300.000 euros a los 50 trabajadores del centro geriátrico del Obispado de Cádiz, encomendándole días después -con el visto bueno del entonces viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá- la materialización del pago a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). Los abonos se llevaron a cabo en una cuenta del BBVA abierta en la sucursal de la avenida Ramón de Carranza de Cádiz  los días 15 de septiembre de 2009 y 17 de febrero de 2010, por lo que no han pasado los 10 años y en consecuencia los posibles delitos no han prescrito.

Como reproches generales, la Guardia Civil detalla en su atestado que en la concesión de la ayuda al centro geriátrico del Obispado de Cádiz se incumplieron los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, igualdad y no discriminación, al tiempo que "no se ha acreditado suficientemente" el carácter excepcional de la subvención. "Hay una total inexistencia de justificantes del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió. Qué condiciones y/o requisitos deben de reunir los solicitantes de estas ayudas y cuál es la legislación que lo ampara", añade.

Los investigadores, sobre la Junta: "Da la impresión de que buscaba la redención a través de la intercesión del Obispado"

Asimismo, los investigadores llaman la atención sobre el hecho de que no constara la relación de beneficiarios en el expediente. En este sentido, la Guardia Civil detalla que el pago no fue para 50 trabajadores -como en un principio constaba en la ayuda- sino para un máximo de 43 personas, dependiendo del mes, y que el importe del gasto justificado "sobrepasa" la cuantía de la ayuda concedida. También se hacer ver que el dinero público ingresado "pasó a formar parte del gasto corriente del Obispado, sirviendo para abonar todo tipo de facturas".

Los agentes se muestran críticos con la actuación de la entonces Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, que, apoyándose en el pronunciamiento del Consejo Consultivo de Andalucía, acordó el 25 de febrero de 2013 el archivo de las actuaciones del expediente de revisión de oficio sobre esta ayuda al entender que no había existido mala fe de los trabajadores.

Según los investigadores, ello "carece de racionalidad, al haberse dado un tratamiento jurídico diferente con respecto a los demás expedientes en los que se dan las mismas circunstancias de igualdad en las situaciones de hecho, evidenciando una falta de justificación razonable y posible prevaricación administrativa". Da "la impresión de que, con dicha actuación, se buscara la redención a través de la intercesión del Obispado".

Nacido en la localidad jiennense de Alcalá la Real el 31 de julio de 1935, monseñor Ceballos fue nombrado obispo de Cádiz y Ceuta en diciembre de 1993 tras haber ocupado la diócesis de Ciudad Rodrigo (Salamanca) durante casi seis años. En agosto de 2011, después de haber cumplido los 76 años, el Papa Benedicto XVI aceptó su renuncia y se retiró a su Jaén natal.

Una monja, ya investigada

En caso de ser investigado por la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla una vez constituida la pieza separada, Antonio Ceballos sería el segundo religioso imputado en la causa de los ERE fraudulentos. En mayo de 2015, la juez Mercedes Alaya imputó a Carmen Muñoz Rivas -religiosa del convento de las Jerónimas de Constantina (Sevilla)- delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por la ayuda de 44.000 euros que recibió la cooperativa textil (SCA Megara) de la que era presidenta.

Además del hoy obispo emérito de Cádiz y Ceuta, la Guardia Civil también señala como responsables penales por la concesión de la ayuda al centro geriátrico del Obispado de Cádiz al ex consejero y a su número dos en Empleo, Antonio Fernández y Agustín Barberá, respectivamente, y al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez por "otorgar ayudas económicas de forma supuestamente arbitraria y saltándose los procedimientos establecidos".