La titular del Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid, Luisa María Prieto, ha dictado auto de apertura de juicio oral por el que sienta en el banquillo al ex presidente de Caja de Madrid Miguel Blesa y al ex director financiero de la entidad Ildefonso Sánchez Barcoj por un delito de administración desleal derivado de los sobresueldos irregulares que, según el FROB, causaron un perjuicio económico de 14,8 millones de euros.

La juez ha dado por concluido el procedimiento apenas un año después de que ambos prestaran declaración como investigados en este asunto el 24 de febrero de 2016, señalando la existencia de indicios suficientes de delito, han informado fuentes del caso a Europa Press.

Este procedimiento, que viene a sumarse a las causas por las que Blesa aún tiene pendiente responder ante la justicia. Por la salida a bolsa de Bankia y por las denominadas tarjetas black, asunto por el que ya ha sido juzgado y está a la espera de conocer sentencia, fue denunciado por Anticorrupción en enero de 2015 y estuvo paralizado casi un año debido a que el Juzgado competente sufrió varios cambios de titular.

La querella de Anticorrupción derivaba del expediente sobre materia retributiva y de previsión social de la alta dirección de Caja Madrid que le había sido remitido un mes antes por el FROB, y que refleja un perjuicio económico estimado para la entidad de 14,8 millones de euros.

Durante su declaración ante la juez Blesa justificó la decisión en 2008 de aumentar la retribución entre un 16% y un 26% del sueldo fijo, lo que implicaba mantener la masa salarial de un año anterior, a pesar de que, entre medias, el comité de dirección pasó de diez a nueve miembros por la salida de Ramón Ferraz Ricarte.

Blesa insistió en la existencia de "errores" en el informe elevado al FROB porque obvió que la comisión de retribuciones conocía que Ramón Ferraz Ricarte -que pasó del comité de dirección a Cibeles y luego a presidir el City National Bank of Florida, tras la adquisición de Bankia- había cesado de sus funciones "meses atrás" a la fecha que consta en el documento elaborado por la consultora PwC.

Según la versión de Blesa, los nueve directivos de Caja Madrid pasaron a partir de 2008 a asumir mayores funciones. Este extremo no fue corroborado por el otro investigado, Sánchez Barcoj, quien mantuvo ante la juez que las funciones no se reordenaron tras la reducción de miembros con la salida de Ramón Ferraz Ricarte.

Cuatro conductas irregulares

El expediente de Caja Madrid remitido a la Fiscalía, en el que se basa su querella, analizaba cuatro tipos de actuaciones concretas, en las cuales se habría podido producir el cobro por parte de altos directivos de la entidad de "percepciones excesivas". En algunos casos, no existió además constancia del cumplimiento de trámites como el paso por los órganos de gobierno.

En concreto, el FROB subrayaba en su informe que en 2008 se aplicó a los miembros de la alta dirección de Caja Madrid una subida salarial "significativamente mayor" que la debida, que algunos casos llegó a superar el 26 por ciento. Para este incremento se tomaba supuestamente como referencia una masa salarial mayor que la realmente existente en ese momento.

En cuanto a la retribución fija de esos directivos en tanto han estado vinculados a la entidad, indicaba que supuso una posible percepción "indebida" para esas personas de algo más de dos millones en conjunto y subraya que estos incrementos sirvieron de base para el cálculo de indemnización posteriores.

Por su parte, el salario variable de la alta dirección de Caja Madrid arroja un posible ajuste por "exceso de percepciones" de 1,8 millones ante el exceso de incremento salarial del punto previo, la ausencia de documentación que soportara la fijación de objetivos y el grado de cumplimiento de los mismos en el período comprendido entre 2008 y 2010.

Planes de pensiones

Los informes también han detectaron prácticas supuestamente irregulares en las aportaciones de los planes de pensiones. El FROB sospecha que se sustituía la parte que excedía del máximo deducible en el IRPF por una gratificación extraordinaria para los miembros de la alta dirección.

Esta gratificación se elevaba al bruto con el fin de que una vez practicadas las correspondientes retenciones se evitara el impacto fiscal a sus perceptores. Esta práctica ha podido suponer un perjuicio patrimonial de 1,84 millones de euros.

Finalmente, el fondo de reestructuración detectó posibles irregularidades en la extinción de varios contratos de altos directivos, así como en los pagos que se realizaron en conceptos como pacto de no recurrencias, bonus o indemnizaciones, especialmente entre 2009 y 2010. Estas prácticas podrían suponer un perjuicio económico para Caja Madrid de 9,1 millones de euros.