La juez María Núñez Bolaños ha archivado las fianzas civiles impuestas a los ex altos cargos de la Junta de Andalucía procesados en la pieza política de los ERE, entre ellos el ex presidente socialista de Andalucía José Antonio Griñán, para el que se pedían 4,2 millones de euros.

Entre las fianzas de los ERE, la juez que abrió el caso, Mercedes Alaya, impuso 807 millones de euros al ex consejero de Empleo Antonio Fernández; 686 millones al ex director de Trabajo Francisco Javier Guerrero; 490 millones al ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá; y 29 millones a la ex ministra y ex consejera Magdalena Álvarez. Para el ex consejero José Antonio Viera, el juez de refuerzo Álvaro Martín pidió una fianza de 6.229.108 euros; para la ex consejera Carmen Martínez Aguayo la petición fue de 4.214.702 euros; y para el ex consejero Francisco Vallejo solicitó 3.763.332 euros.

En distintos autos notificados hoy, a los que ha tenido acceso la Agencia Efe, la juez toma la decisión de anular las fianzas después de que la Junta de Andalucía, la perjudicada en este caso y que no acusa a nadie, decidiera no reclamar ninguna cantidad hasta después del juicio penal.

Griñán será juzgado por los presuntos delitos de malversación y de prevaricación

En un escrito entregado al Juzgado, la Junta manifestó "que se reserva expresamente la acción civil para ejercitarla ante la jurisdicción competente, una vez finalizado el juicio penal, si a ello hubiere lugar", recuerda la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Ante este anuncio de la Junta "no cabe el ejercicio de la acción civil por el Ministerio Público ni, por supuesto, por otra acusación distinta al perjudicado", sostiene la juez, que archiva las piezas de responsabilidad civil pero solo en la causa política de los ERE, en la que hay 26 ex altos cargos acusados.

Tras el auto procesamiento dictado por el juez Álvaro Martín, se crearon piezas de responsabilidad para cuatro acusados, entre ellos el ex presidente Griñán, para el que pidió una fianza de 4.214.702 euros, y otras piezas para los ex consejeros Viera, Aguayo y Vallejo. En el caso de los ERE, la juez que lo abrió en 2011, Mercedes Alaya, llegó a imponer fianzas civiles de más de 3.000 millones de euros, una cantidad solo superada por los 5.200 millones de euros del caso Malaya en Marbella.

En el auto de apertura del juicio oral, el magistrado explicó que Griñán, presidente entre los años 2009 y 2013, será juzgado por los presuntos delitos de malversación y de prevaricación. Su antecesor, Manuel Chaves, que fue presidente 19 años, entre el 1990 y el 2009, será enjuiciado solo por prevaricación, y contra él no se abrió nunca una pieza de responsabilidad civil.

La pieza política es la relativa al procedimiento específico que aplicó la Junta entre los años 2000 y 2011, que permitió repartir de forma discrecional o arbitraria al menos 854,8 millones de euros para ayudas a empresas, según el juez. Entre los acusados, además de los ex presidentes, el juez incluye a seis ex consejeros del Gobierno andaluz: Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, José Antonio Viera, Antonio Fernández, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo. También hay procesados dos ex viceconsejeros, tres directores generales, dos secretarios generales técnicos de Empleo, un interventor general de la Junta y tres directores generales de la agencia pública IDEA.