La Fiscalía Superior de Cataluña ha presentado una nueva querella, la segunda, contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por la aprobación de la resolución que abogaba por la celebración de un referéndum unilateral de independencia el pasado 6 de octubre. Una querella que esta vez afecta también a los miembros de la Mesa del Parlament pertenecientes a JxS, que dieron apoyo a la votación, Lluís Corominas, Anna Simó y Ramona Barrufet y que incluye los delitos de prevaricación y desobediencia por impulsar el proceso independentista. La actuación de la Fiscalía llega después de que el Tribunal Constitucional decidiera la semana pasada anular la resolución que ha provocado esta querella, en una interlocutoria en la que el alto tribunal ha incluido además advertencias personales a todos los miembros de la Mesa del Parlament y del Gobierno de la Generalitat para que se abstengan de llevar a cabo iniciativas destinadas a desarrollar la resolución anulada. Es decir, la celebración de un referéndum no pactado con el Gobierno.
JxS compara la querella con el 23-F
La decisión de la Fiscalía ha provocado un duro enfrentamiento entre JxS y PP en el Parlamento catalán, cuando el portavoz soberanista Jordi Turull ha pedido en el pleno que se reúna la Junta de Portavoces para valorar esta querella, que ha definido como "la versión 2017 del todos al suelo". El portavoz del PP, Alejandro Fernández, ha descalificado la intervención de Turull, al que ha recriminado que compare la acción de la justicia con el golpe de Estado del 23-F y ha amenazado con no asistir a la Junta de Portavoces si se plantea en esos términos.
En su escrito, el Ministerio Público considera que los querellados mostraron una "voluntad única y definida" de impulsar varias acciones encaminadas a ejercer la autodeterminación, como la celebración de un referéndum, durante la sesión del pleno del Parlament en la que se votó esta resolución. La Mesa decidió entonces llevar a cabo la votación con la mayoría de JxSí y el apoyo del diputado ecosocialista Joan Josep Nuet, pese a la oposición de los representantes de C's y PSC, cuyos partidos pidieron la reconsideración de la resolución soberanista. Consideraban que desoía las advertencias del Constitucional, que ese mismo día avaló las acciones contra Forcadell por desobediencia derivadas de la votación, el julio anterior, de las conclusiones de la comisión de estudio sobre la independencia, origen de la primera querella contra la presidenta del Parlament.
La Fiscalía también pide que se acumule esta querella a la causa que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ya tiene abierta contra Forcadell por supuestamente haber desobedecido al Tribunal Constitucional (TC) al permitir votar en el pleno del Parlament las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente. E incluye ya en su escrito la petición de citar a declarar a los cuatro querellados en calidad de investigados, así como al resto de los miembros de la Mesa como testigos. Entre las diligencias solicitadas por la Fiscalía se incluye además la petición de toda la información relativa a la votación a la Cámara catalana.
Nuet acusa a la Fiscalía de discriminación ideológica por no incluirle en la querella
La querella señala que los soberanistas "nuevamente tratan de desarrollar de manera unilateral y sin sujeción al ordenamiento constitucional el denominado 'proceso constituyente' encaminado a la creación de una futura constitución catalana y del estado catalán independiente" y excluye al secretario tercero de la Mesa, Joan Josep Nuet (CSQP), pese a haber apoyado la votación "no pretendía como los querellados incumplir los mandatos del TC". Una conclusión que ha llevado a Nuet a quejarse amargamente en twitter, donde ha acusado a la Fiscalía de "discriminación ideológica" por no incluirle en la querella.
Para la Fiscalía, el diputado ecosocialista "no pretendía dar impulso al proceso constituyente sino que actuó en la creencia errónea de estar cumpliendo con sus funciones como miembro de la mesa", si bien sus votos no fueron decisivos.
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