Ex cargos de la Generalitat de Cataluña que gestionaron servicios para la consulta independentista del 9-N han testificado este martes en el juicio al diputado de PDeCAT y ex conseller de Presidencia Francesc Homs que no recibieron la orden de pararla tras suspenderla el Tribunal Constitucional el día 4.

El Tribunal Supremo ha reanudado hoy con más testigos el juicio a Francesc Homs, para quien el fiscal pide nueve años de inhabilitación por delitos de prevaricación y desobediencia grave al Tribunal Constitucional (TC) por celebrar dicha consulta el 9 de noviembre de 2014.

Al comienzo de su declaración el ex secretario general de la Presidencia de la Generalitat Jordi Vilajoana ha asegurado que el afecto que tiene por Homs no le impedía decir la verdad. Ha recordado que el 24 de octubre de 2014 firmó un convenio con el Instituto de Estadística de Cataluña para que cediera los nombres y apellidos así como los domicilios de los mayores de 16 años empadronados en ayuntamientos catalanes a los que el entonces president Artur Mas remitió una carta para informarles del proceso de participativo del 9-N.

El envío

Jordi Vilajoana ha añadido que se cedieron esos datos a la empresa que se encargó del envío de las cartas y que cree que el día 27 ya se habían remitido todas, es decir, antes de que el TC suspendiera la consulta. Cuando el fiscal le ha vuelto a preguntar si los envíos no empezaron días más tarde, Jordi Vilajoana ha contestado: "Pues a lo mejor yo estoy equivocado de fechas, han pasado muchos años ya, pero yo creo que el 4 de noviembre -fecha de la providencia del TC- ya estaba todo enviado".

El ex director del Instituto de Estadística de Cataluña Federico Undina ha declarado que se trató de una cesión temporal de la base de datos y que se comprobó que se destruyó el 21 de noviembre. Como el fiscal le ha advertido de que cedieron datos de menores, a preguntas de la abogada defensora ha aclarado que el convenio para la cesión de los datos se ajustó a la legalidad y que antes de firmarlo pidió informes a los servicios jurídicos, que le aseguraron que la cesión estaba amparada por la ley.

El exdirector general de Atención Ciudadana y Difusión del Departamento de Presidencia de la Generalitat Ignasi Genovés ha recordado que Francesc Homs ordenó una campaña de publicidad institucional del 9N que se encargó Media Planning con un presupuesto superior a 813.000 euros.

'Normalidad'

Ha añadido que conoció la providencia del TC de 4 de noviembre pero que no recibió encargo alguno para paralizar la campaña ya que la Generalitat pidió una aclaración de la misma. Ignasi Genovés ha comentado que no le extrañó que no le dieran instrucciones para parar la campaña tras la providencia del TC y ha añadido que de hecho la consulta se celebró el día 9 "con toda normalidad", a lo que el fiscal le ha hecho una observación: "Si hubiera sido con normalidad no estaríamos aquí".

Sobre esta cuestión ha testificado una ex directora general de la oficina de Barcelona de Media Planning, Marta Coll, que ha explicado que solo podrían haber paralizado la campaña por orden judicial o de Autocontrol o por petición del cliente, lo que no se produjo en este caso.

La ex responsable de Publicidad Institucional del Departamento de Presidencia de la Generalitat Mónica Osacar ha dicho que la campaña de publicidad se encargó por vía de urgencia y que siguió tras la providencia del TC pues no recibió orden alguna para paralizarla.

"Para mí era una campaña más pues teníamos otras muchas de los demás departamentos y no hablamos de cómo afectaba la providencia del TC; íbamos a mil por hora", ha comentado la testigo.
El ex director jefe del Gabinete de Relaciones Externas y Protocolo del Departamento de Presidencia de la Generalitat Carles Fabró ha explicado que por decisión de Francesc Homs gestionó el montaje en un pabellón de la Fira de Barcelona del centro internacional de prensa para informar de los resultados del 9-N ya que se esperaban unos 800 periodistas.

"La providencia del TC la conocí por los medios de comunicación pero no hablé con Francesc Homs sobre ella y no me di cuenta de que suspendiera las actuaciones ni recibí indicaciones para parar las gestiones", ha indicado.

De todas formas ha aclarado que aunque el proceso se hubiera suspendido y se hubieran retirado las urnas la actividad se celebraría igualmente en aras al derecho de información. El director del Área de Negocio Externo de Fira de Barcelona, Pere Camprubí, ha recordado que aunque el presupuesto inicial para la cesión del pabellón fue de 97.000 euros al final el coste se incrementó un diez por ciento.

El juicio seguirá esta tarde con más testigos, entre ellos el presidente de la Generalitat cuando se celebró el 9-N Artur Mas, que precisamente está pendiente de sentencia por la celebración de esta consulta tras haber sido juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña