El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha tomado este jueves declaración a cuatro empresarios como investigados en el marco de la única pieza del caso Púnica que permanece bajo secreto y que indaga en una supuesta financiación ilegal del PP de Madrid, han informado a Efe fuentes jurídicas. Los cuatro, cuya identidad no han desvelado las fuentes por estar secreta la causa, se han acogido a su derecho a no declarar.

En el marco de estas mismas investigaciones, comparecieron ayer ante Velasco como investigados José Ignacio Echevarría -exconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, expresidente de la Asamblea y extesorero del PP de Madrid- y el expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández, quienes según fuentes presentes en la declaración hablaron de forma "sincera" y "profusa".

También acudió ayer a la Audiencia Nacional el exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez, si bien su declaración quedó finalmente pospuesta al lunes.

El pasado año la Guardia Civil detuvo unas horas a Beltrán Gutiérrez y al empresario Javier López Madrid -consejero de OHL y yerno de Juan Miguel Villar Mir- mientras se registraban sus domicilios y el despacho del exgerente en la calle de Génova para dilucidar si hubo posibles delitos de blanqueo de capitales y de cohecho en el marco de la trama Púnica.

Petición a Urbanismo, Sanidad y Transportes

Precisamente, unos documentos contables encontrados en casa de Gutiérrez Moliner han propiciado que se reactiven estas investigaciones, según las citadas fuentes jurídicas. En esta nueva fase, el juez y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han centrado en investigar la adjudicación de contratos de publicidad por el 1 % del total de la obra en varias consejerías y organismos dependientes de la Comunidad de Madrid.

En concreto, afecta a las consejerías de Sanidad, de Transportes o en la empresa pública Nuevo Arpegio, entre otros organismos, a las que los agentes han requerido esta semana documentación para comprobar cómo se gestionaron esos contratos.

El pasado junio, Velasco ya alertó en un auto de la existencia de "potentes indicios y datos objetivos" de que el exconsejero madrileño Francisco Granados, único de los imputados en Púnica en prisión preventiva, recaudaba dinero "para posible financiación del Partido Popular", motivo en el que se basó para oponerse de nuevo a su puesta en libertad.

En ese auto, el juez explicaba que en este momento se está analizando "una ingente cantidad de documentación" intervenida en los últimos registros, que está "proyectando potentes indicios y datos objetivos de la recepción de dinero por este investigado para posible financiación del Partido Popular".

De Granados a Beltrán Gutiérrez

Se cree que Granados recaudaba esas comisiones para entregárselas a Beltrán Gutiérrez, con el que coincidió cuando el exconsejero madrileño ocupó el cargo de Secretario General del Partido Popular en Madrid entre 2004 y 2011. En un informe, la Guardia Civil ya apuntó a la posibilidad de que Granados fuera el encargado del cobro de "comisiones de terceros para el partido" de Madrid para financiar campañas electorales, y que él y su jefe de gabinete Ignacio Palacios "se quedarían con una parte del dinero recaudado para el Partido", haciendo "gala del refrán castellano 'quien parte y reparte...'".

Además de esa labor de recaudación, de la investigación a la trama Púnica se desprende también que Granados abusó "del desempeño de sus sucesivos cargos públicos para conseguir la adjudicación de un sustancial número de contratos públicos" a favor de empresarios que le abonaban "importantes comisiones por la consecución de las amañadas adjudicaciones"