El suelo hace meses que está abonado con discursos incendiarios, con tensión creciente y con una polarización social cada vez más a flor de piel. Basta una chispa para provocar un incendio. Y en Navarra acumulan ya demasiados focos. El vivido este fin de semana es sin duda el episodio más grave y más inquietante de cuantos suma la legislatura que apenas ha rebasado el año y medio de vida. Los graves incidentes de ‘kale borroka’, propios de otros tiempos, que arrasaron comercios y mobiliario urbano de una  parte del Casco Antiguo de Pamplona, son muestra de ello. En los disturbios se produjeron duros enfrentamientos entre radicales y la Policía Nacional que terminaron con cuatro personas detenidas. Para tres de ellas –la cuarta, menor de edad, ha sido puesta en libertad- el juez ya ha ordenado su ingreso en prisión acusadas de un delito de desórdenes públicos y terrorismo y ha solicitado  a la Audiencia Nacional que se haga cargo del caso. Estas escenas han vuelto a inquietar a instituciones y fuerzas de seguridad ante lo que pudiera ser un rebrote de una realidad política y social que parecía superada.

La división en la que está sumida Navarra se ha vuelto a escenificar esta misma mañana cuando el Parlamento foral ha sido incapaz de aprobar una condena unánime de los incidentes. UPN y PP se han desmarcado del cuatripartito, del que forma parte EH Bildu y a la que acusan de insuficiente contundencia en la condena de este tipo de incidentes. Los regionalistas y los populares querían que la declaración de la Cámara foral incluyera de modo expreso la vinculación a la izquierda abertzale de los participantes en los actos violentos.

El juez decreta el ingreso en prisión de tres detenidos en los altercados del pasado sábado y les imputa un delito de terrorismo

El origen del tensionamiento que atraviesa Navarra tiene su origen en julio de 2015, cuando se completó el relevó en el Gobierno de Navarra y la alianza de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra auparon a Uxua Barkos al frente del autoproclamado “Gobierno del Cambio”. De este modo se cerraban dos décadas de gobiernos de UPN y por primera vez un Ejecutivo de claro sesgo abertzale y progresista ocupaba el poder. Aquellas elecciones reflejaron una Navarra fracturada en dos, con el partido más votado, UPN (con un 27%) que con la ayuda del PPN (3,9%) era incapaz a la mayoría del 48% que lograron sumar  Geroa Bai (15,8%), Podemos (13,7%), Bildu (14%) e I-E (3,7%).

Algunas de las decisiones que poco después adoptó provocaron que comenzaran a aflorar ‘las dos Navarras’, la de corte más conservadora, de derechas, religiosa y foralista y la más progresista, partidaria del derecho a decidir y con deseos de recuperar el entendimiento perdido con Euskadi. El Gobierno de Barkos no tardó en tomar decisiones que no sólo cuestionaban posiciones heredadas de tiempos de UPN, como la recuperación de la relación con el Gobierno Vasco, la autorización para la captación de la ETB en Navarra o la reintegración de la Eurorregión de Aquitania junto al País Vasco, sino también otras que removieron el pasado de Navarra y con él a ciertos sectores sociales.

Querella por los crímenes del Franquismo

Así, la decisión de los partidos del Gobierno de impulsar, también desde instituciones como el Ayuntamiento de Pamplona, medidas como la aplicación de la ley de símbolos para erradicar los vestigios del pasado franquista o la retirada del ‘Monumento a los Caídos’ de los restos de los generales Sanjurjo y Mola o peticiones como la de denunciar la aplicación “ambigua” del delito de terrorismo o la amplitud del delito de “odio” en el Código Penal o la modificación legal para permitir que los ayuntamientos puedan ondear la ikurriña han ido sembrando un clima de tensión y polarización en la comunidad foral.

Una posición de las formaciones del cuatripartito que hoy se ha visto completada con el anuncio hecho por el alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, de presentar la que será la primera querella por crímenes del franquismo en un juzgado de España. El Ayuntamiento de Pamplona reclamará a la justicia que abra diligencias para investigar y determinar quiénes fueron los culpables de los crímenes cometidos por el régimen franquista. Instará a instruir lo sucedido en las 309 muertes de las que se tienen constancia y en particular las vinculadas a 17 familias, nueve de ellas de concejales del propio consistorio que fueron fusilados y algunas de las cuales se sumarán a la querella anunciada hoy por el consistorio pamplonés.

Pamplona se querellará para investigar y determinar los culpables de los 309 crímenes del Franquismo

Este clima de fractura que no se da en la vecina Euskadi, donde la convivencia ideológica no sólo es mejor sino que en los últimos tres años ha mejorado de modo significativo. La imagen registrada el pasado viernes en Vitoria, donde todos los partidos políticos participaron de modo unánime en el homenaje a las víctimas del terrorismo, lo refleja. Navarra está avanzando por una senda mucho más convulsa en el nuevo tiempo sin la violencia de ETA. El nuevo tiempo y Gobierno de las instituciones no sólo provoca dos facciones políticas y sociales bien diferenciadas, entre la vinculada al constitucionalismo más de derechas y el abertzalismo más de izquierdas, sino en este último con otra cada vez mayor división en el abertzalismo más soberanistas.

Las víctimas de la violencia, foco de división

En este último colectivo abertzale cada vez es mayor la pugna entre los partidarios de dejar atrás los tiempos de mayor tensión y violencia y quienes consideran, agrupados en movimientos como Herritarren Batasuna, con mayor peso en Navarra, que defienden que la “opresión” del Estado no ha desaparecido y la “lucha” debe continuar en favor de la amnistía de los presos de ETA. El Movimiento Pro Amnistía y Contra la represión, conocido como ATA, no sólo ha aplaudido los graves sucesos registrados este fin de semana en la capital Navarra, de los que culpa a la policía, sino que ha advertido a PSOE, PP y PNV que “seguiremos por el mismo camino”.

Y todo ello en el contexto de una campaña de movilización en contra de las torturas y de acusación a las Fuerzas de Seguridad del Estado y la Erzaintza impulsado desde la izquierda abertzale y que no hace sino profundizar aún más la fractura.

Uno de los episodios que mayor división social ha provocado entre una y otra Navarra fue el altercado ocurrido en Alsasua el pasado 15 de octubre cuando un grupo de personas agredió a dos guardias civiles y sus parejas cuando se encontraban en un bar de la localidad navarra. Por esta causa continúan procesados y acusados de un deliro de terrorismo ocho jóvenes. El episodio provocó un profundo malestar por parte de formaciones como PP y UPN, que han defendido la necesidad de defender a la Guardia Civil de la situación de acoso en la que se encuentran en Navarra y que se ha topado de frente con una movilización social contraria al procesamiento por un delito de terrorismo de los imputados y que aún hoy está muy vivo.

El homenaje a las víctimas de la violencia ha dividido profundamente al Gobierno con las víctimas de ETA, el PP y UPN

En este clima el Gobierno del cambio anunció que el primer homenaje a las víctimas de la violencia que promovería estaría dedicado a las víctimas de actos de violencia política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos en el periodo 1950 hasta la actualidad. Barkos defendió que se les debía un “reconocimiento y reparación” por la desatención y abandono sufrido durante décadas. Sin embargo, desde colectivos de víctimas de ETA, así como del PP de Navarra y UPN se consideró una afrenta a la memoria de las víctimas.

El homenaje provocó una dura reacción por determinados sectores de extrema derecha que realizaron pintadas en calles de Pamplona y en sedes de EH Bildu en las que se insultaba a la presidenta Barkos, así como al alcalde de Pamplona, Joseba Asirón. Poco después trascendió el cruce de correos electrónicos entre altos mandos del ejército con contenidos insultantes hacia la presidenta foral y sobre los que se tuvo que pronunciar la ministra de Defensa, Dolores De Cospedal.

El malestar se extendió al pasado fin de semana cuando con motivo del día europeo en recuerdo a las víctimas del terrorismo ambas formaciones, así como los colectivos de víctimas de ETA decidieron no acudir al acto de recuerdo a las víctimas de la banda terrorista había convocado el Gobierno de Barkos.