Macià Alavedra, el que fuera mano derecha de Jordi Pujol, ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción para que le rebaje la pena de seis años y 10 meses que le reclama en el caso Pretoria por haberse enriquecido con el cobro de comisiones a empresarios a cambio de adjudicaciones públicas si reconoce los hechos y paga una multa de 10, 3 millones de euros.

La fiscal Ana Cuenca ha informado al tribunal al inicio de la vista de que ha alcanzado un acuerdo con cuatro de los 11 acusados. Se trata de Gloria Torres, que "mantenía una fluida relación personal" con Alavedra y que fue titular de varias cuentas bancarias en Andorra y Suiza para ocultar la fortuna de su amigo. La Fiscalía le reclamaba dos años y medio de prisión y multa de 630.000 euros.

Nuevas penas

Ahora, la Fiscalía le pide seis meses de prisión, con suspensión del cumplimiento de la condena, y multa de 315.000 euros que ingresó en las cuentas del juzgado el pasado 8 de marzo. La imputada ha confirmado en la vista que aceptaba este acuerdo y ya no tendrá que asistir al resto de las sesiones.

Las mismas condiciones ha ofrecido la fiscal al intermediario Philiph Mac Mahan, que se enfrentaba a tres años de cárcel y multa de 4,2 millones de euros. Ahora, tras reconocer los hechos, la fiscal rebaja su petición a seis meses de cárcel y al pago de una multa de 2,6 millones de euros que serán sustituidos por un pena de un año de cárcel si se acredita que es insolvente. La fiscal tampoco solicitará el cumplimiento de estas penas.

Anticorrupción también ha propuesto un pacto al empresario Manuel Carrillo que se enfrentaba a tres años de cárcel por un delito de cohecho. Sin embargo, la Fiscalía no ha anunciado la rebaja de pena que le va aplicar, ya que quiere que declare primero en el juicio para que quede acreditado el funcionamiento de esta organización.

En la misma situación se encuentra Alavedra que ha visto cómo las personas de su confianza, su amiga y su testaferro, van a reconocer los hechos. Por ello, podrá ver mejorada su situación si admite que se enriqueció con las mordidas a los empresarios que deberá explicar durante la vista. Fuentes de su entorno han explicado que el que fuera mano derecha de Pujol ha decidido colaborar con la justicia debido a sus circunstancias personales.

"Tiene 86 años, es viudo, no tiene hijos y tras pagar la multa aún le quedara dinero para vivir otros 10 años", explicaron estas fuentes. Por ello, aseguraron que el que fuera conseller de Economía entre 1990 y 1997 en el Govern de Pujol "solo quiere irse a su casa".

Nuevas pruebas

Ele resto de los acusados no se han sumado al acuerdo de la fiscalía. Entre ellos Lluis Prenafeta que fue secretario de la presidencia de Pujol entre 1980 y 1990 ni su esposa María Luisa Mas. El ex dirigente convergente se enfrenta a seis años y dos meses de cárcel y multa de 13 millones de euros.

Tampoco se han apuntado a este pacto los ex dirigentes socialistas Bartomeu Muñoz ni Luis García que fue diputado del PSC. La fiscalía reclama para el primero 6,10 meses de prisión y multa de 4,2 milones de euros y para el segundo ocho años de cárcel y multa de 10 millones de euros.

Además, la fiscal ha logrado que el tribunal admita como prueba unas conversaciones telefónicas de Alavedra con Artur Mas y Jordi Pujol mantenidas en julio del 2009, tres meses antes de que fuera detenido por orden del entonces juez Baltasar Garzón.

Asimismo, ha anunciado que es posible que amplíe la lista de delitos que imputa a los acusados tras el desarrollo de esta vista como prevaricación, cohecho, fraude a la administración y falsedad documental.

Las defensas no evitan el juicio

En la primera sesión de este juicio, las defensas de los imputados, que no han aceptado el acuerdo con la fiscalía, han pedido la nulidad del proceso. Los letrados han sostenido que este caso no debería ser juzgado por la Audiencia Nacional y también han reclamado que no se tengan en cuenta las grabaciones de las intervenciones telefónicas que ordenó el ex juez Garzón.

El tribunal ha rechazado estas alegaciones al entender que son competentes para juzgar este caso. También han tildado como "proporcionada" la decisión de Garzón de acordar estas escuchas porque su control "se ajusta a los criterios establecidos".

El entramado

El caso Pretoria saltó a la opinión pública en el 2009. En esta trama, según la fiscal, Alavedra, Prenafeta, Muñoz y Garcia se pusieron de acuerdo "para recibir comisiones de empresarios gracias a sus influencias políticas" que les permitían que les adjudicaran obras públicas.

Estas mordidas las ocultaron en "un entramado complejo societario" y en cuentas bancarias en Andorra y Suiza. Además, los políticos convergentes usaron a sus esposas para evadir este dinero, según la fiscalía. Y Alavedra llegó a contratar los servicios de un ciudadano andorrano para repatriar 300.000 euros desde Andorra hasta Barcelona. Este dinero lo guardó en una caja fuerte que fue localizada por la policía en octubre del 2009.

El juicio se reanudará este martes con el interrogatorio de Bartomeu Muñoz que fue alcalde de Santa Coloma de Gramanet y que asumió los planes urbanísticos de Luis García, conocido como Luigi, por lo que "percibía comisiones cuantiosas".