El ex alcalde de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), el socialista Bartomeu Muñoz ha negado este martes en la segunda sesión del juicio del caso Pretoria que haya utilizado el consistorio para "manipular concursos". Sin embargo, la fiscalía le ha dejado en evidencia porque en unas escuchas telefónicas el ex regidor pide al empresario Manuel Carrillo, que ha alcanzado un pacto con Anticorrupción, tres sobres con dinero por haberle adjudicado el contrato de un servicio de limpieza.

Muñoz ha intentado demostrar al tribunal que no controlaba en el ayuntamiento ningún asunto relacionado con urbanismo, ya que de esta materia se encargaban los técnicos. "La función de control no es del alcalde", explicó. Por ello, negó que haya utilizado el Consistorio "para manipular concursos" o que tuviera "empresarios de confianza" para otorgarles adjudicaciones públicas. Asimismo, negó haber cobrado comisiones.

Las escuchas telefónicas

Sin embargo, esta versión se vino abajo con la escucha de las intervenciones telefónicas que fueron acordadas por el ex juez Baltasar Garzón y que han sido avaladas por el tribunal después de que las defensas pidieran en la primera sesión que se declararan nulas. Por ello, Muñoz se negó a explicar el contenido de estas grabaciones, pero el contenido de las mismas le perjudicaron más que beneficiarle.

El ex alcalde admitió en su declaración que mantenía una fluida relación con el diputado socialista Luis García, Luigi, al que conocía desde que eran unos críos. Y en una de las conversaciones se le escucha comentar que quería "ver postrado a sus pies" a empresarios a los que cobraba mordidas. Además, en estas conversaciones ambos hablaban de los tres planes urbanísticos bajo sospecha. La fiscalía sostiene que Muñoz "asumía las decisiones urbanísticas de Luigi" a cambio de "cuantiosas e ilícitas comisiones".

Sin embargo, el ex regidor ha negado esta acusación. "El ayuntamiento lo dirigía yo y los concejales", apostilló. También rechazó que se hubiera enriquecido con el cobro de comisiones y se enredó cuando intentó explicar el pago en efectivo de algunos pagos.

La madre que pagaba la hipoteca

"El efectivo lo sacaba de mi madre, era dinero que me daba porque de sus hijos yo soy el único que tiene hijos, Mis hermanos tienen la hipoteca pagada y mi madre tenía la amabilidad de ayudarme a pagar la hipoteca". Asimismo, aseguró que su madre se encontraba perfectamente de salud en el 2004 cuando una empresa en la que también participaba Luis García recibió un millón de euros. Sin embargo, un informe médico apunta que la mujer ya había sido diagnosticada con Alzheimer.

Otro de los momentos más tensos de la mañana se produjo cuando se escuchó a Muñoz pedir a Carrillo tres sobres con un importe de 2.100, 1.980 y 2.4000 euros que le entregó en el ayuntamiento tras lograr un contrato de limpieza. Además, en una charla con la directora territorial Gemma Fernández le informa de que había decidido que este concurso se debía adjudicar a este empresario y no a la sociedad en la que participaba su amigo García.

Las presiones a los empresarios

También se le oye ordenar a Fernández que "apriete más" a Carrillo antes de otorgarle el concurso al que le sugiere, además, que "esponsorice alguna cosita" del ayuntamiento "para cubrirme con los míos".

La fiscal Ana Cuenca con estas explicaciones dio por terminado el interrogatorio y Muñoz contestará a su letrado el miércoles. Fuentes de su entorno han asegurado que el ex regidor se ha negado a pactar con Anticorrupción porque no tiene dinero. El ministerio público le reclama 6 años y 10 meses de cárcel y 4,2 millones de euros.

La vista

En este juicio se enjuicia las actividades de García, Muñoz y los hombres fuertes de Jordi Pujol, Macià Alavedra y Lluis Prenafeta, que se aliaron para cobrar comisiones a empresarios a cambio de adjudicaciones públicas. En esta trama están imputadas otras nueve personas, ya que dos de ellos, la amiga de Alavedra, Gloria Torres y el testaferro Philip Mac Mahan han reconocido que ocultaron el dinero del ex dirigente convergente en cuentas bancarias en Suiza y Andorra y han abandonado el juicio tras haber sido condenados a penas menores.