El poder legislativo frena al Ejecutivo en un episodio histórico que no tenía lugar desde febrero de 1979. El Gobierno ha vuelto a evidenciar su minoría en el Congreso de los Diputados, que este jueves ha rechazado la convalidación del Real Decreto-Ley de modificación del régimen de estibadores portuarios con 174 votos en contra y 141 a favor de PP, PNV, UPN y Foro Asturias, y la abstención de Ciudadanos tras la falta de acuerdo entre el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, con patronal y sindicatos. A los votos de abstención de Ciudadanos se ha sumado el de Iñigo Errejón, que por error ha votado contra lo acordado por su grupo.

Los Decretos Leyes del Gobierno requieren una mayoría simple de la Cámara para ser aprobados, un procedimiento que hasta ahora era un simple trámite para agilizar los asuntos de urgencia. Desde la Legislatura Constituyente (1977-1979), con Adolfo Suárez a la cabeza, no se tumbaba una iniciativa de este tipo. El ministro de Fomento abrió el debate sobre la medida y defendió la actuación del Ejecutivo en las últimas semanas, justificando el decreto en multa que la Comisión Europea impondrá a España en caso de no adaptar el sector a la legislación europea. Una sanción de 134.000 euros por cada día que no se cumpla esta sentencia, ha especificado De la Serna.

El Decreto que hoy ha sido rechazado tiene por objetivo liberalizar el sector de la estiba eliminando en un plazo de tres años las sociedades de gestión de estibadores, las Sagep. Estas firmas monopolizan actualmente el sector, de forma que las empresas que operan en los puertos tienen que formar parte de esta sociedad y participar de su capital para poder contratar a los estibadores portuarios. La idea del Gobierno es que este ente se sustituya por Empresas de Trabajo Temporal, una medida que según los sindicatos no garantiza el empleo de los 6.105 estibadores que hoy ejercen. A modo de compensación, este miércoles De la Serna ofreció prejubilaciones voluntarias con el 70% del salario, una oferta in extremis que fue rechazada y que el ministro ha puesto como ejemplo de buena voluntad durante el pleno.

En este sentido, ha puesto en valor el "esfuerzo" gubernamental para sacar la medida. Como ejemplos de buena voluntad ha citado el gesto del Gobierno de retrasar la aprobación del decreto en el Consejo de Ministros, que se llevó a cabo el 24 de febrero a sabiendas de la falta de acuerdo y las dificultades que entrañaría sacarlo adelante. Desde entonces, hay una cuenta atrás de 30 días para que la Cámara Baja convalide la aprobación del decreto.

El hecho de que la medida se haya llevado hoy al Congreso ha sido al principal crítica de Ciudadanos. Su secretario general, José Manuel Villegas, ha advertido en declaraciones a periodistas que pidieron posponer este asunto a la próxima semana, aunque esta posibilidad fue rechazada. Albert Rivera, sí reconoció como un gesto positivo del Gobierno el que se "sentara en la mesa" el miércoles por la tarde. "Ahora le pedimos que no se levante", subrayó el líder de Ciudadanos en los pasillos del Congreso. Desde Unidos Podemos, Félix Alonso ha criticado el "intercambio de cromos" de la última oferta del Gobierno, y ha afeado la poca disposición a llegar a acuerdos.

La falta de negociación ha sido otro de los impedimentos que le achaca la oposición a Iñigo de la Serna. Un extremo que el propio ministro ha querido desmentir. El titular de Fomento ha sacado pecho por los "contactos formales e informales" que según él ha mantenido en las últimas semanas con las partes implicadas, y ha llegado a comparar las condiciones laborales del sector público con el privado: "El Gobierno está yendo mucho más allá de lo que debería hacer", ha atestiguado. Un "esfuerzo" que ofrece "unas garantías que de las que no disfrutan otros trabajadores del sector privado, que no tienen ninguna", ha destacado.

El Gobierno no cierra la puerta a un nuevo intento

El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, ha comparecido después de las votaciones para volver a justificar la actuación del Ejecutivo y reprochar a la oposición su "falta de responsabilidad política que aboca a que los españoles vayan a tener que pagar una sanción muy importante directamente de su bolsillo". En este sentido, el titular ha mostrado su "mayor sorpresa" por la votación negativa, pese al que resto de partidos venían advirtiendo de su negativa en caso de falta de acuerdo.  "Si los grupos políticos que se han opuesto al decreto ley hubiera considerado que debería haberse formulado de una manera distinta, hubiera sido muy fácil: haberlo transformado en un proyecto de ley y ahí incluir sus propuestas", ha señalado.

El procedimiento de convalidación de decreto-ley incluye esta posibilidad. Después de las votaciones, el presidente pregunta si algún grupo parlamentario desea que el decreto se tramite como proyecto de ley, en cuyo caso la solicitud se somete a decisión de la Cámara según el artículo 151.4 del reglamento del Congreso. Una petición que en este caso no se ha llevado a cabo por ninguno de los grupos parlamentarios.

De la Serna no ha descartado un nuevo intento por parte del Ejecutivo de aprobar otro decreto sobre la estiba antes de que expire el plazo, el 26 de marzo, a partir del cual se aplicará la sanción europea. Los sindicatos y la patronal se han emplazado al próximo partes para una nueva ronda de negociación, y el ministro no ha descartado presentar un "nuevo real decreto" en caso de acuerdo. Una iniciativa que tendría que pasar por el Consejo de Ministros y que llegaría sobre la campana al Congreso para ser sometida de nuevo a votación.