En plena efervescencia independentista por la sentencia del 9-N, que ha inhabilitado a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, y a seis meses del anunciado referéndum soberanista, los grupos contrarios a la independencia empiezan a moverse para intentar contrarrestar la presencia constante de entidades como la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium o la Asamblea de Municipios por la Independencia (AMI) en los medios catalanes. Ese es el objetivo de la manifestación que Sociedad Civil Catalana ha convocado para este domingo, bajo el lema Paremos el golpe para llamar a la movilización a quienes no están de acuerdo con el proceso independentista.

El presidente de SCC, Mariano Gomà, explica la convocatoria ante la necesidad de denunciar “un golpe de Estado institucional, de papel pero de libro” perpetrado en su opinión desde el Palau de la Generalitat, aunque reconoce que su entidad no puede competir en volumen de manifestantes con las grandes convocatorias de la Diada. “Nosotros no podemos fletar autocares con bocadillo y visita por Barcelona”, ironiza Gomà quien asegura que, pese a las dificultades, “estamos volcando todos nuestros esfuerzos para que la sociedad catalana despierte”.

La manifestación quiere denunciar 'un golpe de Estado institucional'

Y está despertando, a tenor de las iniciativas que en los próximos días vuelven a la primera línea, pero lo hace de forma fragmentada. La próxima semana se presenta en el Colegio de Abogados de Barcelona el Manifiesto El derecho, al servicio de las libertades que ha concitado el apoyo de ilustres juristas y abogados catalanes a algo tan elemental como la defensa del Estado de derecho.  Entre los primeros 30 firmantes del manifiesto lanzado hace un mes figuran Eugeni Gay, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional; Josep Joan Moreso, rector de la Universidad Pompeu Fabra; Javier Béjar, ex presidente de la Audiencia de Barcelona; Pere Lluís Huguet, ex presidente del Consejo de la Abogacía Catalana; además de catedráticos como Juan Ramón Capella, Pau Salvador Coderch o Santiago Ripol, y abogados como el ex delegado del Gobierno de la Generalitat en Madrid, Jordi Casas.

Sin embargo, Sociedad Civil no contará en la convocatoria con el apoyo de otras entidades con similares objetivos, pero que no han conseguido pactar convocatorias conjuntas. Es el caso de las agrupadas en Concordia Cívica, o los movimientos Somatemps, Movimiento 12 de Octubre y D’Espanyaicatalans, todos ellos nacidos en respuesta a la primera manifestación independentista del 11 de septiembre de 2012 -esa que convenció a Artur Mas de adelantar sus primeros comicios autonómicos- pero que nunca han llegado a ser masivos y se han mostrado tradicionalmente fragmentados en convocatorias como las de la Hispanidad.

Antes que ellas, Convivencia Cívica Catalana nació en 1998 como respuesta a la inmersión lingüística en Cataluña. Entonces el independentismo era muy minoritario, de hecho ni siquiera se hablaba de reforma del Estatut, propuesta que lanzó Pasqual Maragall en su segunda candidatura a la presidencia de la Generalitat. Pero esta organización recogía el malestar, incipiente y minoritario, por la inmersión en catalán, que ese año dio un paso adelante con la segunda ley de inmersión lingüística de CiU.

Grupos profesionales

Junto a estos grupos, el rechazo a las posturas más radicales del independentismo encuentra cada vez más acomodo en ámbitos profesionales y sectoriales. Fruto de ese ambiente es el nacimiento de movimientos como el Grupo de Periodistas Pi i Margall (GPPiM) que denuncia el proselitismo independentista desde algunos medios privados y muchos públicos. O el grupo Empresaris de Catalunya, centrados en alertar de las consecuencias económicas de una eventual independencia. Sin olvidar al colectivo de intelectuales responsable del Centro Libre de Arte y Cultura (CLAC). Un espacio de encuentro para potenciar el papel de "referente cultural" de Cataluña dentro de España así como para reflejar la "realidad lingüística" de la sociedad catalana.

En el origen de este movimiento están el catedrático de Derecho Constitucional de la UAB Francesc de Carreras, el doctor en Ciencias Económicas y profesor de Economía Ética Félix Ovejero, el escritor Ignacio Vidal-Folch, el catedrático de Filosofía Contemporánea de la UB Manuel Cruz y la editora y ex directora del Instituto de la Mujer de España Miriam Tey. Un colectivo que cuenta entre sus apoyos con firmas del prestigio de Juan Marsé, Juan Goytisolo, Javier Cercas, Félix de Azúa, Victòria Camps, Núria Amat, Laura Freixes, Arcadi Espada y Ramón de España.

CLAC, Llibertats, Empresaris o el Grupo Pi i Margall se agrupan en Concordia Cívica, la plataforma liderada por la catedrática de derecho Teresa Freixes que busca precisamente coordinar esfuerzos para que este tejido “constitucionalista” se haga visible en el día a día de Cataluña. Un esfuerzo que de momento no ha dado los frutos esperados.