El juez que investiga al ex presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB) José Luis Sáez indaga en el destino de más de 18,64 millones de euros -cantidad mayoritariamente relacionada con movimientos realizados con motivo de la celebración de la Copa del Mundo en 2014- ante la sospecha de que una parte de este dinero ha podido desaparecer. El instructor, además, considera que el ex mandamás diseñó un plan para "evitar" que la entidad pagara tributos en España.

En un auto fechado el pasado 22 de febrero, en el que amplía los cargos contra Sáez y llama al procedimiento a la FEB en calidad de imputada como persona jurídica, el Juzgado de Instrucción 36 de Madrid deja claro que el núcleo de su investigación es la gestión de los millonarios recursos que la Federación movió al calor del Mundial. El desarrollo de este campeonato le generó unos ingresos al menos de 44.411.783,59 euros y le procuró un superávit de 3.059.337,79 euros, según la liquidación del campeonato que consta en las actuaciones.

El instructor ha pedido a la Agencia Tributaria que designe a un inspector en labores de auxilio judicial a fin de que rastree diversas salidas de dinero con ocasión de la Copa del Mundo 2014, lo que le permitirá determinar si la Federación ha cometido delito fiscal -en caso de que la cantidad defraudada exceda los 120.000 euros, como fija el Código Penal- por no haberlo declarado a Hacienda. Esta pericial será determinante para que el juez resuelva si la FEB ha sido cooperadora necesaria o víctima del daño patrimonial provocado presuntamente por la gestión de su anterior presidente.

El magistrado dice que la Federación creó una figura ('joint venture') sólo aplicable a entidades con ánimo de lucro

Las sospechas se centran en la joint venture que la FEB constituyó con la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) al 50% para la realización conjunta de las actividades de captación de patrocinios, ticketing y desarrollo de los derechos de marketing de la Copa del Mundo tras asignársele a España la organización de esta cita deportiva el 23 de mayo de 2009. El juez considera que la entidad que presidía José Luis Sáez creó una "situación ficticia" por cuanto dicha figura sólo está prevista para sociedades de capitales con ánimo de lucro, condición que no cumple una federación deportiva.

Ello supondría una vulneración del Código de Buen Gobierno de la FEB y el incumplimiento del Código de Comercio, que, en su artículo 119, obliga a toda compañía a hacer constar su constitución por medio de escritura pública y de inscribirse en el Registro Mercantil antes de iniciar sus operaciones. Cuando declaró como investigado el pasado 21 de febrero, Sáez defendió que el fin justifica los medios, puesto que se obtuvieron beneficios. "Cuando no se cumple la legalidad vigente no se puede asumir", le responde el magistrado en el auto.

"Existen sospechas contra la Federación Española de Baloncesto de funcionar por medio de un contrato joint venture, a modo de sociedad irregular, con una denominación ficticia (Joint Marketing Board), sin número de identificación fiscal ni identificador mercantil, con una cuenta corriente no se sabe dónde. Únicamente se sabe que se le han transferido por la Federación Española de Baloncesto, sin conocimiento de la Agencia Tributaria, unas cantidades pero no se sabe quién o quiénes tienen firma autorizada en la indicada cuenta corriente y no existe un dato objetivo para determinar quién ha dispuesto del dinero recibido (...)", expone el magistrado Toro en el auto. Se trata de la resolución cuya lectura reclamó el pasado martes durante una reunión un dirigente territorial al actual presidente, Jorge Garbajosa, pero éste rechazó la petición por el riesgo de que se filtrara a la prensa.

El instructor quiere saber dónde están los dos millones de fianza que aportó la FEB a la FIBA por el Mundial'14

La inspectora de Hacienda ya nombrada tiene el encargo expreso de analizar el destino de 18.642.747 euros, mayoritariamente vinculados al Mundial 2014. Desglosada esta cantidad, un millón de euros corresponde a la aportación inicial a la Joint Marketing Board (JMB), dos millones como fianza para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de la organización de la citada cita deportiva (en ambos casos desembolsado en 2009), 14.524.597 euros transferidos como 'donaciones' a la JMB entre 2013 y 2014 y 1,2 millones de dólares (1.118.150 euros al cambio actual) que se habrían pagado a otras federaciones como canon por desplazarse a España para enfrentarse a la selección nacional.

En paralelo, el juez también quiere que los investigadores policiales indaguen en los ingresos que eventualmente pudo recibir la Federación Española de Baloncesto de la FIBA como consecuencia de los patrocinios o donaciones que hubiera podido captar la entidad que preside el argentino Horario Muratore con motivo de la Copa del Mundo, según los términos del acuerdo.

Extracto del auto dictado el pasado 22 de febrero por el juez Toro, con el detalle de las cantidades cuyo rastro se investiga.

La instrucción judicial, iniciada el pasado 27 de septiembre, trata de esclarecer si se registraron disposiciones en relación con esas cantidades y si los tres millones transferidos a la FIBA -con sede en Suiza- el 29 de mayo de 2009 "han sido devueltos" ya a la Federación Española de Baloncesto. Como se ha detallado, uno de los ingresos correspondía a una fianza, dinero que se entrega como garantía del cumplimiento de una obligación y en teoría recuperable.

El juez considera que, por lo investigado ya, existen fundadas sospechas de que la FEB cometió "distintos delitos contra la Hacienda Pública". De un lado, por la elección de la joint venture cuando es una figura reservada para entidades con ánimo de lucro y, en segundo lugar, por "simular" contratos de patrocinio como si fueran donaciones. Éstas, además, "no han sido declaradas", al no haber cumplimentado la Federación el modelo 182 (declaración de donativos, donaciones y aportaciones recibidas).

El juez tiene fundadas sospechas de que la Federación cometió "distintos delitos contra la Hacienda Pública"

A ello se suma otra circunstancia. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 23 de diciembre de 2010 la disposición por la que se otorgaba al Campeonato del Mundo de Baloncesto de selecciones nacionales en categoría absoluta ‘Mundobasket 2014’ la consideración de acontecimiento de excepcional interés público, lo que comportaba beneficios fiscales para las empresas que apoyaran esta cita deportiva. El programa se desarrolló entre el 1 de octubre de 2011 y el 30 de septiembre de 2014.

Como ya informó este periódico, los delitos por los que la FEB ha sido llamada al procedimiento en calidad de investigada (antes imputada) como persona jurídica son blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública, de forma continuada desde 2009 a 2014. A José Luis Sáez y su secretario general-director económico, Luis Giménez, también les imputa la comisión de malversación de caudales públicos, apropiación indebida, administración desleal, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

Subida al comisionista "sin justificación"

La investigación que dirige el Juzgado de Instrucción 36 de Madrid trata también de determinar por qué José Luis Sáez, "de forma unilateral y sin justificación alguna", elevó del 10 al 12% la comisión que en enero de 2011 pactó con Aegis Media Iberia SLU por su labor de comercialización de activos vinculados a acontecimientos de excepcional interés público -el Mundial 2014- a través de su división Carat Sponsorschip. Fue en una adenda al contrato inicial firmada en marzo de 2012 en la que se añadió una nueva cláusula por la que se le confiaba el encargo "en régimen de exclusividad".

Llama la atención que la Federación pagara los servicios de Carat por la captación de patrocinios cuando José Luis Sáez percibía por este concepto una retribución anual añadida a su sueldo. Como desveló El independiente el pasado 24 de septiembre, la auditoría complementaria realizada a las cuentas de la FEB por encargo del CSD ha puesto de manifiesto que el presidente percibió 190.000 euros "en comisiones" en cuatro años por conseguir patrocinadores: 30.000 euros en 2011 y 40.000 euros anuales entre 2012 y 2014.

Se da la circunstancia de que, siete meses después de que se rubricara la citada adenda, el hijo de José Luis Sáez empezó a trabajar para una filial del grupo Aegis, concretamente la agencia digital Isobar. Según detalló Sáez junior en su perfil profesional de Linkedin, esa vinculación laboral se mantuvo desde octubre de 2012 a abril de 2014, cuando se incorporó a la compañía vasca Zosmamedia SA en calidad de "responsable de nuevo negocio focalizado en Madrid".

El juez apunta a Baumann

El instructor ha pedido a los investigadores policiales que identifiquen los domicilios de los seis asistentes a la reunión que mantuvieron la FIBA y la FEB el 20 de febrero de 2012 en Ginebra (Suiza), en la que -entre otros aspectos- se abordó la estructura de patrocinadores y cómo se compartirían los beneficios que se obtuvieran por el Mundial 2014.

Según el acta de dicha reunión, que consta en las actuaciones, por parte de la Federación Española de Baloncesto acudieron Luis Giménez, entonces el número dos; el hasta hace escasas semanas director de Marketing, Pascual Martínez, y el directivo ya fallecido Miguel de la Villa. Los interlocutores de la FIBA fueron Juli Ferre, Frank Leenders y Predrag Bogosavljev, si bien el juez también pide que se investigue dónde vive Patrick Baumann. Éste está al frente de la secretaría general de la Federación Internacional desde el año 2002 y es el verdadero hombre fuerte de la Federación Internacional.

Pese a dejar la presidencia de la FEB el pasado mes de julio tras casi 12 años en el cargo, Sáez sigue formando parte del Central Board y del comité ejecutivo de la FIBA. En tal condición asistió el pasado verano a los Juegos Olímpicos celebrados en Río de Janeiro (Brasil), donde coincidió en varios partidos con su sucesor -Jorge Garbajosa- y con el ya ex presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) Miguel Cardenal.

La ayuda del CSD, a examen

En su último auto, el magistrado Toro también avanza que la investigación alcanzará la "justificación e inversión" de la subvención de 567.840 euros que el CSD le otorgó a la FEB el 25 de noviembre de 2010 para financiar el proyecto de centro deportivo-educativo para la formación integral promovido por la Federación en Dakar (Senegal). El complejo, conocido como Casa España, abrió sus puertas el 11 de diciembre de 2012.

Como informó El Mundo, la Federación desvió parte de esta ayuda a fines ajenos para los que el organismo estatal la concedió, como el envío de material deportivo al Congo cuando se negociaba la nacionalización de Ibaka o el pago de nóminas de trabajadores sin relación alguna con el proyecto subvencionado.

En concreto, a esa subvención se imputó al menos un lote de canastas donado a la República del Congo (6.306,42 euros); pavimento polideportivo, equipamiento y aparatos electrónicos enviados a Madagascar (con un coste de 51.476,36 euros, a los que se sumaron otros 6.500 del transporte en barco), así como nóminas y seguros sociales de trabajadores de la FEB sin relación profesional con el proyecto social de Dakar.

De momento, el CSD considera que la instrucción no ha puesto de manifiesto irregularidades que revelen que ha resultado perjudicado por la gestión de esta subvención por parte del equipo de José Luis Sáez, por lo que no ha pedido personarse en la causa que instruye el juez Toro.