El gobierno de la Generalitat pisa el acelerador hacia el choque de trenes que supone la convocatoria de un referéndum de independencia. Al menos esa es la impresión que dan los últimos movimientos del ejecutivo que preside Carles Puigdemont, que esta mañana se ha reunido en el Palau de la Generalitat con la presencia inédita de los tres condenados por la celebración de la consulta del 9-N de 2014, Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau.

El ex presidente, su vicepresidenta y la ex consellera de Educación han participado en la primera parte de la reunión en la que el Consejo Ejecutivo ha debatido cómo aprovechar su condena para explicar básicamente por los países de la Unión Europea "la judicialización de la política" con la que el Gobierno de Mariano Rajoy ha respondido al envite independentista, y la nula voluntad de diálogo que a su juicio exhibe el Gobierno español. Un encuentro en el que no se ha concretado ninguna propuesta del Govern, como ha reconocido su portavoz, Neus Munté, pero sí se ha servido para mostrar el reconocimiento del ejecutivo catalán a quienes según Munté "han sido inhabilitados por contribuir a fortalecer la democracia en Cataluña". Una percepción en las antípodas de la oposición, que ha denunciado la invitación a los inhabilitados como "una falta de respeto" a la institución y ha pedido a la Generalitat que "acabe con el show de Mas".

Además, tras el artículo firmado ayer a cuatro manos con Oriol Junqueras, en el que insistía en pedir diálogo bajo la amenaza de que el referéndum se celebrará sí o sí, el Govern ha hecho público que Puigdemont quiere explicar su propuesta en el Senado. Repitiendo la fórmula utilizada en el Parlamento Europeo, Carles Puigdemont solicitó por carta el pasado 9 de marzo a Pío García Escudero la cesión del antiguo salón de sesiones de la Cámara Alta para pronunciar una conferencia en defensa del "derecho a decidir" de los catalanes titulada "El referéndum catalán". La petición, que solicitaba el uso del salón para el 24 de abril -el día después de Sant Jordi- no ha tenido respuesta todavía.

El presidente del Senado ha apuntado hoy, tras hacerse pública la petición, que Puigdemont podría comparecer ante la comisión de Comunidades Autónomas, como en su día hizo José Montilla, una propuesta que no ha convencido a la Generalitat. Sin desestimarla, Munté ha señalado que si se rechaza su petición el president "estudiará otras vías, siempre que su intervención y la del vicepresidente Junqueras no quede limitada". Pero también ha advertido de que la petición al Senado es una "ocasión de oro" para que el Gobierno demuestre su voluntad de diálogo.

Presupuestos inconstitucionales

Aunque probablemente el auténtico termómetro del empeño del Govern será el debate en el Pleno del Parlament que esta tarde debe aprobar la Ley de presupuestos de la Generalitat para 2017. Un texto que en su formulación original vulnera la Constitución, según el Consejo de Garantías Estatutarias, por haber incluido en la disposición adicional 31 del texto una "dotación presupuestaria para la celebración del referéndum sobre el futuro político de Cataluña". La CUP exigió a JxS que mantenga esa dotación para apoyar las cuentas de 2017, las primeras que aprobaría el gobierno Puigdemont, pese a llevar más de un año en el poder. Pero C's, PSC y PP han anunciado ya que si la ley se aprueba en sus términos actuales la llevarán ante el Tribunal Constitucional, y por tanto no se podrá aplicar.

De momento, JxS registró ayer una enmienda en la que mantiene íntegro el texto de la disposición adicional 31 con el añadido de que "tendrá en cuenta el trabajo desplegado por el Pacto Nacional por el Referéndum de acuerdo con los criterios del dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias". Un intento de contentar a todos que difícilmente pasará el examen del Pleno esta tarde.