Esperanza Aguirre presidió el Consejo de Gobierno en el que se convalidó un gasto de más de 181.000 euros a favor de cuatro empresas de Daniel Mercado Lozano -el publicista argentino que incriminó a Jaume Matas por la trama de financiación ilegal del PP balear y que reconoció haber recibido contratos públicos amañados- por servicios de publicidad relacionados con la construcción de los hospitales y centros de salud promovidos durante su etapa como presidenta del Ejecutivo madrileño.

En su calidad de consejero de Sanidad, Juan José Güemes elevó a la sesión del 28 de mayo de 2009 una propuesta de acuerdo para que se convalidara el gasto de 564.861,84 euros por la realización de acciones de comunicación que habían llevado a cabo con motivo de las jornadas de puertas abiertas de los hospitales y la puesta en marcha de los nuevos centros de salud, como puede comprobarse en la web de la Comunidad de Madrid. El Consejo de Gobierno prestó conformidad y aprobó la propuesta, según ha podido conocer El Independiente.

Se trata de servicios que nueve empresas habían prestado entre 2006 y 2007 en el marco del plan de infraestructuras sanitarias impulsado por Esperanza Aguirre en el cuatrienio 2004-2007, uno de sus proyectos estrella. Las facturas no se abonaron en su momento y, ante las reiteradas reclamaciones de los empresarios, la Administración autonómica lo solventó cargándolas a su propio presupuesto.

Las empresas de Mercado recibieron 181.276 de los 564.861 € convalidados por el Gobierno de Madrid en mayo de 2009

El 32% de aquel montante fue para saldar deudas con las empresas de Daniel Mercado, investigadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en la pieza separada del caso Púnica en la que indagan sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid. El desglose es el siguiente: Abanico de Comunicación y Marketing SL, 84.771,78 euros; Link América SL, 42.350; Traci Comunicación SL, 34.195, y Over Marketing y Comunicación SL otros 19.960, lo que suma 181.276,78 euros.

Como viene informando este diario, el publicista argentino es la persona que conecta las macrocausas Púnica -instruida por el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional- y Palma Arena, dirigida por el Juzgado de Instrucción 3 de Palma. En la declaración que realizó en la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos (Madrid) el 27 de octubre de 2012 en presencia del juez Castro y del fiscal Pedro Horrach, Daniel Mercado confesó que el Gobierno de Jaume Matas amañó contratos para adjudicárselos a sus empresas, que cobró "dinero negro" en la antigua sede del PP balear y en una cafetería cercana, y que había realizado "facturas falsas" para los Gobiernos de Madrid y Castilla y León.

El empresario, igualmente, señaló abiertamente a Alberto López Viejo -viceconsejero de Presidencia (2004-2007 ) y consejero de Deportes (2007-2009) en los Gobiernos de Esperanza Aguirre e imputado en el caso Gürtel– como el alto cargo que daba las órdenes para que se "amañaran" contratos. “Todo lo que no era concurso en la Comunidad de Madrid tenía que pasar por las manos de Alberto López Viejo. Yo vi mermados mis contratos con la Comunidad de Madrid porque López Viejo me dijo en una ocasión que Correa [cabecilla de la trama Gürtel] no quería que Over siguiera trabajando para la Comunidad de Madrid. López Viejo asignaba cada contrato negociado sin publicidad y le decía al órgano contratante que lo amañara como creyera conveniente", aseguró. Mercado acaba de ser procesado en una subpieza del caso Over -rama desgajada a su vez de la causa Palma Arena– por la presunta comisión de un delito de prevaricación y otro continuado de fraude a la Administración.

La Comunidad de Madrid sufragó el coste de unos servicios a los que obligaba por contrato a las empresas concesionarias

La convalidación de ese gasto por parte del Consejo de Gobierno, con cargo a la partida 28010 Promoción económica, cultural y educativa, arroja varias dudas de fondo. De entrada, por qué lo sufragó la Comunidad de Madrid cuando ésta incluía en los pliegos de condiciones de los concursos una cláusula por la que las empresas concesionarias quedaban obligadas a asumir la partida del 1% -respecto al proyecto de ejecución material detallado en el anteproyecto y una vez descontados el IVA (16%), los gastos generales (13%) y el beneficio industrial (6%)- para hacer frente a todos los gastos de publicidad e información de los nuevos centros sanitarios.

En segundo lugar, se regularizaron unos pagos por la prestación de unos servicios que habían sido autorizados por los responsables políticos de la Consejería de Sanidad sin promover el concurso público, en contra de lo que establece la Ley de Contratos.

Aquella aprobación de gasto también permitió cobrar a otras cinco empresas: Grupo de Comunicación y Marketing SA (344.123,38 euros), Autocares Avelino García SL (16.478), Esteban Rivas SA (10.430), Alsa-Irubus SAU (7.472,88) y Plantea Respuestas Integrales SA (5.080,80). Junto a Aguirre, formaban parte del Gobierno regional en aquel momento -entre otros- Ignacio González (vicepresidente y consejero de Cultura y Deporte), Francisco Granados (Presidencia, Justicia e Interior), Antonio Beteta (Economía y Hacienda), José Ignacio Echeverría (Transportes e Infraestructuras) y Juan José Güemes (Sanidad).

La ex presidenta Aguirre se ha desvinculado hasta ahora de toda responsabilidad: "Había unos consejeros..."

Cuando El Independiente desveló que la UCO investigaba el plan de hospitales de Aguirre en el marco del caso Púnica, la ex presidenta de la Comunidad de Madrid descargó la responsabilidad de la gestión en sus consejeros de Sanidad. "Dije que se construyeran unos hospitales y que se sacaran a concurso" y para ello "había unos consejeros", declaró. Los tres titulares de Sanidad durante su etapa como jefa del Ejecutivo autonómico (2003-2012) fueron Manuel Lamela (2003-2007), Juan José Güemes (2007-2010) y Javier Fernández-Lasquetty (2010-2014).

Este periódico ya publicó que Aguirre excusó su asistencia a una reunión del Consejo de Gobierno en la que se aprobó un gasto a favor de una empresa investigada en el caso Gürtel que, más de un año y medio antes, había prestado servicios relacionados con la publicidad de los hospitales construidos durante su primer mandato como presidenta de la Comunidad de Madrid. Fue concretamente en la sesión del 25 de junio de 2009, cuando se autorizó el pago de 241.280 euros a Lata Latina SL por la realización de diversos vídeos -con precios que oscilaban entre los 18.000 y los 34.000 euros- elaborados con motivo de las jornadas de puertas abiertas y de los actos de presentación de los hospitales del Henares (Coslada), Tajo (Aranjuez), Infanta Cristina (Parla) e Infanta Leonor (Vallecas) que se llevaron a cabo durante 2007.

Ocultado a la prensa

Esa aprobación no se incluyó en la referencia de los acuerdos adoptados en aquella reunión que se distribuyó a los medios de comunicación, como puede comprobarse en la web de la Comunidad de Madrid. En concreto, Sanidad elevó a dicha sesión las cuentas anuales e informes de las empresas públicas que gestionan los hospitales del Henares, Fuenlabrada, Sur, Norte, Sureste, Tajo, Vallecas, Alcorcón y del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) y de la Unidad Central de Radiodiagnóstico para que se le diera conformidad antes de enviarlos a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid para su fiscalización. Pero en ningún caso se detalla la convalidación del gasto para saldar la deuda que la Administración autonómica mantenía con Lata Latina.

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