La bolsa de 284.374 catalanes residentes en el exterior es el nuevo objetivo del Gobierno de Carles Puigdemont. Con la vista puesta en la celebración de un referéndum de independencia el próximo mes de septiembre, el Ejecutivo ha anunciado una nueva campaña de captación para que los catalanes residentes en el exterior se inscriban en el registro creado por la Generalitat con un gancho difícilmente resistible para esos posibles votantes: la concesión de la tarjeta sanitaria. Se trata de la principal reivindicación de los residentes en el exterior, que cuando dejan de estar empadronados en Cataluña pierden el acceso a la sanidad pública, lo que ha llevado a muchos a mantener empadronamientos ficticios.

No es la única oferta anunciada por la campaña propagandística presentada esta semana por el conseller de Exteriores, Raúl Romeva. El catálogo incluye además la concesión a los jóvenes de entre 16 y 30 años del Carnet Jove, que ofrece descuentos; el de la red de albergues públicos de la Generalitat o la campaña de promoción de la lectura que regala libros a los niños que cumplen 6 años.

La tarjeta sanitaria o el carné joven son los caramelos de la Generalitat para atraer a los más de 284.000 catalanes

Son los caramelos para atraer a una comunidad que ha aumentado en un 7,7% en el último año y que puede ser especialmente sensible a los cantos de sirena de la Generalitat tras los problemas recurrentes de acceso al voto que han sufrido en las últimas convocatorias electorales, tanto en las autonómicas de 2015 como las generales repetidas en 2016. Una comunidad que representa apenas el 0,05 del censo total de votantes de Cataluña, pero que multiplica por diez el número de votos por el que los partidos constitucionalistas superaron a los independentistas en las últimas elecciones autonómicas.

La Generalitat reguló su relación institucional con las comunidades catalanas en el exterior en 1996, una vía para influir en esas comunidades en las que los gobiernos de Jordi Pujol, como los de Manuel Fraga en Galicia, vieron un fondo electoral a su alcance. Esa ley regula esta base de datos como un registro de carácter voluntario dirigido a quienes tienen “la condición política de catalanes”. Es decir, los ciudadanos españoles residentes en el extranjero cuya última residencia en España fue en alguna población de Cataluña.

'Herramienta imprescindible'

En su programa, la Generalitat señala el Registro de Catalanes en el Exterior como “una herramienta imprescindible para el nuevo marco de relaciones”, motivo por el que se les ofrece estos nuevos servicios a través de acuerdos de colaboración con los departamentos de Salud, Trabajo, Asuntos Sociales y Cultura. Acuerdos que ahora serán convenientemente publicitados con una campaña institucional.

Romeva explicó durante su presentación que “con estos acuerdos respondemos a demandas largamente reivindicadas” con el objetivo de que “puedan ejercer sus derechos como catalanes en la mismas condiciones aplicables al resto” de los catalanes. Una regulación de derechos que se suman al ejercicio del voto y que llegan, casualmente, a las puertas de la anunciada celebración de un referéndum independentista.