El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que instruye la investigación contra la familia Pujol por el caso de la fortuna oculta en Andorra y otros paraísos fiscales, no utilizará la información contenida en el polémico pendrive que la Policía trató de incorporar a la causa. Ante las dudas sobre el origen de esta información, que involucraba tanto a Jordi Pujol Ferrusola como a su ex socio Jordi Puig, De la Mata decidió abrir con estos datos una pieza separada para que, en el caso de que los datos tuvieran un origen ilegal, no contaminasen el resto de la investigación.

En un auto distribuido este miércoles, el magistrado archiva la pieza que investiga el origen de este dispositivo y confirma que los datos que en él se contienen no se utilizarán en la investigación. "No sólo no ha podido determinarse que la obtención de los documentos incluidos en ese pendrive haya sido legítima", escribe De la Mata, que acusa al ex Director Adjunto Operativo (DAO) del cuerpo, Eugenio Pino, de haber utilizado al inspector Díaz Sevillano para dar "instrucciones incorrectas a las unidades operativas para que utilizaran e incluyeran en un procedimiento penal determinados documentos no sólo ocultando su origen sino facilitando una explicación no ajustada a la realidad sobre el origen y modo de obtención de los documentos".

Se trata de dejar claro a los poderes públicos y agentes de la autoridad que está prohibido hacer trampas"

Por ello, el juez excluye de la investigación todos estos datos pese a que su no utilización pueda restar contenido a la acusación. Y explica su decisión, con dureza: "Es muy importante destacar que la finalidad pretendida con la anterior estructura constitucional y legal no es sobreproteger al presunto delincuente con un arsenal desmedido de garantías. De lo que se trata es de dejar claro, singularmente a los poderes públicos y a los agentes de la autoridad, que está prohibido hacer trampas".

Pino: prevaricación, falso testimonio y fraude procesal

De la Mata carga las tintas contra Pino, ex número dos de la Policía, al que acusa de haber dado órdenes al inspector jefe Bonifacio Díaz Sevillano para que éste "facilitara al Comisario Principal de UDEF documentos contenidos en un pendrive con indicación de que los documentos estaban legítimamente incorporados a un procedimiento judicial, conociendo que esta información era incierta". Acto seguido, subraya que "ha existido un riesgo relevante, como consecuencia directa de instrucciones impartidas por el DAO de que documentos de origen desconocido terminaran incorporándose a la causa y contaminando otros actos procesales".

Basándose en todo esto, el juez decreta dar por concluida la pieza separada, confirmar la decisión ya tomada de no utilizar la información contenida en los pendrive ni incorporarla a la causa general contra los Pujol, y tomar testimonio en los juzgados de Instrucción de Madrid tanto a Eugenio Pino como a Bonifacio Díaz por si sus actuaciones en este caso, así como sus declaraciones en el juzgado, pudieran ser constitutivas de "delitos de prevaricación y/o falso testimonio o fraude procesal".

Cabe recordar que, ante el juez, y como atestiguan los audios que publicó El Independiente, Pino declaró que el pendrive se lo había entregado el comisario de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas y que la información contenida en el dispositivo provenía de dos ex detectives de la agencia Método 3, presumiblemente Julián Ángel Peribáñez y Antonio Tamarit. Sin embargo, tanto éstos como Blas negaron esta cadena de acontecimientos ante el juez, que en su auto otorga más credibilidad a sus declaraciones que a la del ex número dos de la Policía Nacional.