El Parlamento andaluz ha cerrado este miércoles un año y medio de trabajos en la comisión de investigación sobre los cursos de formación sin dilucidar ninguna responsabilidad política y ha eximido a los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán en una votación que solo ha contado con el apoyo del PSOE.

El dictamen de la comisión que ha investigado las subvenciones a la formación de la Junta señalaba como responsables políticos a Chaves y Griñán, al haber ejercido la "superior dirección y coordinación de todas las consejerías". El documento de síntesis elaborado por el presidente de la comisión, Julio Díaz (Ciudadanos), señalaba también cómo responsables de las "incidencias e irregularidades" detectadas a todos los consejeros de Empleo y los viceconsejeros competentes en materia de Formación Profesional para el Empleo desde el año 2002 hasta el 4 de mayo del 2012. El primer gobierno de Susana Díaz se constituyó en septiembre del 2013.

También consideraba responsables a los titulares de la Dirección del Servicio Andaluz de Empleo (SAE); a los de las delegaciones territoriales de la Junta con competencias en Formación para el Empleo y a los titulares de las delegaciones provinciales del SAE. Sin embargo, todos ellos han sido eximidos de responsabilidad con el único apoyo del PSOE-A en un votación muy confusa. En ella, el PP y Ciudadanos optaron por pedir responsabilidades, parte de IU no se pronunció por equivocación y Podemos declinó votar.

Tanto la portavoz de IU, Elena Cortés, como la diputada no adscrita, Carmen Prieto, solicitaron al presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, repetir la votación pero éste declinó la petición en aplicación del Reglamento de la Cámara. Además de este bloque de votación, el PSOE y Ciudadanos votaron favorablemente al resto del dictamen final, que rechazaron el PP e IU y en el que Podemos volvió a eludir la votación.

Sin alusión a Susana Díaz

En el dictamen no estaba incluido, como pretendían PP, Podemos e IU, que se declarase responsable a la presidenta Susana Díaz y al consejero de Empleo José Sánchez Maldonado por haber "mantenido la paralización" de los cursos de formación desde 2012 a la actualidad.

El grueso del resto del dictamen final, es decir el polémico preámbulo "plagiado y de pega y corta", según IU, y las recomendaciones fueron aprobadas por el PSOE y Ciudadanos, y rechazadas por el PP e IU. Podemos tampoco votó.

Entre ellas se ha aprobado exigir al Gobierno el desarrollo de la nueva ley de formación profesional para el empleo, aprobada en septiembre de 2015, y que está a falta de desarrollo reglamentario, por lo que no ha podido ser aplicada.

También figura la aprobación de una Ley Andaluza de Formación profesional para el Empleo, que en la línea de la legislación básica estatal, recoja las singularidades propias de la Comunidad. Igualmente, se propone la elaboración de estudios previos rigurosos de las tendencias y necesidades del mercado laboral, de tal manera que la oferta de los cursos sea producto de dicho estudio, con la consiguiente comprobación y valoración real y efectividad de la empleabilidad. Otra de ellas recoge la puesta en marcha de evaluaciones finales individualizadas, que permitan evaluar el resultado del impacto de la política pública en términos de empleo.