La titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha vuelto a elevar exposición razonada ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) al considerar que el parlamentario socialista Carmelo Gómez pudo cometer delitos de malversación como consecuencia de su contratación simulada por una empresa de la trama de los ERE fraudulentos. Se trata de la causa en la que se investiga el presunto delito societario en la empresa Mercasevilla, que se instruye desde 2009.

Carmelo Gómez también ocupa puestos a nivel orgánico. Forma parte como secretario de Formación y Nuevos Afiliados de la comisión ejecutiva del PSOE andaluz, de la que es secretaria general Susana Díaz y presidenta Micaela Navarro, y es el secretario general de una de las agrupaciones más importantes de Sevilla capital: la de la Macarena. Igualmente, es actualmente miembro del comité federal del PSOE, como él detalla en su perfil de Twitter.

En un auto notificado este jueves a las partes, Núñez Bolaños concreta más los hechos que incriminan al diputado socialista, después de que el alto tribunal andaluz le devolviera la exposición que le remitió el pasado mes de noviembre porque no se habían agotado todas las diligencias de investigación y no se detallaban todos los "indicios racionales de criminalidad de la participación” en los hechos de Gómez. El TSJA le afeó que se limitara a reproducir el contenido de un atestado elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Carmelo Gómez fue contratado como técnico en Dietética para asesorar empresas, destaca la juez
La magistrada recuerda que el hoy parlamentario autonómico estuvo contratado por la empresa Maginae Solutions SL -administrada por Ismael Sierra, imputado en el caso ERE y presunto hombre de paja del conseguidor Juan Lanzas- entre el 22 de marzo y el 1 de agosto de 2007 como técnico superior en Dietética, pese a que el objeto social del empleador era el asesoramiento de empresas públicas y privadas en el orden sociolaboral, económico y tecnológico. "En principio no parece existir una correlación entre objeto social y el objeto de la contratación", expone la juez. Y apostilla: "Se ha constatado que esta empresa contrataba personal sin trabajo y sin objeto de prestación alguno".

Las sospechas de Núñez Bolaños las aviva el hecho de que ningún trabajador de Maginae Solutions "conocía" a Carmelo Gómez y la inexistencia de "documento, informe o cualquier otro elemento" que acredite la prestación real de servicios para esta compañía.

En marzo de 2014, a preguntas de El Mundo, Gómez negó la tesis de los investigadores de que trabajó sin cobrar: "Hice los informes que me encargaron", declaró. Carmelo Gómez eludió detallar qué tipo de trabajos realizó con el argumento de que ello forma parte de la privacidad entre él y la empresa. "Tengo mi conciencia absolutamente tranquila. Nadie me ha regalado nada. Estaba parado y me salió esa oportunidad laboral", añadió entonces.

La instructora considera que el dinero que percibió el actual parlamentario del PSOE -8.390,55 euros (4.705,85 euros como empleado por cuenta ajena en general y 3.684,70 euros por rentas y dietas exentas de gravamen)- "procedían realmente" de la empresa semipública Mercasevilla, mediante la emisión de facturas falsas por parte de Maginae Solutions.

Ningún trabajador de la empresa lo conocía ni hay informe que acredite que prestó servicios reales

El nombre de Carmelo Gómez se detallaba en uno de los esquemas sobre la estructura societaria y las personas contratadas que se incautaron en el piso que Juan Lanzas tiene en Jaén durante los registros llevados a cabo en marzo de 2013, cuando la instrucción del caso ERE aún la dirigía la juez Mercedes Alaya. Bajo el título ‘Principal historia mercantil y laboral. Sociedades’, en una columna con el epígrafe ‘Laboral’, aparecían anotados los nombres de personas relacionadas con el conseguidor, entre ellos el del hoy diputado.

De forma indiciaria, la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla considera penalmente responsables a otras seis personas, entre ellas el ex concejal socialista del Ayuntamiento de Sevilla José Antonio García, el conseguidor de los ERE Juan Lanzas y la nuera del ex delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas (María del Carmen Rodríguez Borrero). La juez eleva la causa íntegramente al TSJA al no considerar posible la tramitación separada entre aforados y no aforados.