La cadena siempre se mantuvo ajustada. Oprimía y apretaba sin posibilidad de aliviar la presión. La consigna permaneció inmóvil durante décadas hasta los últimos coletazos de vida de la organización. Sólo ahora ha tomado holgura y ha dejado respirar a los alrededor de 350 etarras que a una semana de que ETA anuncie su desarme continúan cumpliendo abultadas penas en cárceles españolas alejadas de Euskadi y en prisiones francesas. El movimiento en el interior de los centros penitenciarios empieza a percibirse por parte de los responsables de la política penitenciaria. El otrora férreo frente carcelario de ETA hace tiempo que se resquebraja y el desarme que culminará el próximo sábado podría terminar por dinamitarlo. Es al menos la previsión que maneja el Gobierno que prevé que en las próximas semanas pueda producirse “una desbandada” de presos de la banda respecto al control de la organización.

Si históricamente el frente de ETA se ha movido de forma uniforme y bajo la mano dura que imprimía la dirección de la organización terrorista, la previsión del Ejecutivo español es que los reclusos que aún cumplen pena reactiven las peticiones de acogimiento a beneficios penitenciarios e incluso estén dispuestos a asumir para ello los requisitos fijados por el Estado.

Los beneficios recogidos en la denominada Vía Nanclares ha sido la fórmula que desde 2007 viene aplicando el Gobierno a los presos de ETA que se desmarcan de la banda. Conlleva no sólo aceptar la política penitenciaria, sino comprometerse a reparar el daño causado, pedir perdón a sus víctimas, desmarcarse de ETA y colaborar con la Justicia. Por ahora el grueso del colectivo de presos de ETA ha permanecido unido en torno al Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK), con algunas excepciones del sector más ortodoxo de la organización que reclama la amnistía y al que apoya el movimiento ATA. A finales del año pasado el EPPK instó a los etarras que aún cumplen condena a dar por superada la fase de la “resistencia” y contemplar acogerse de modo individual a las vías jurídicas para obtener beneficios carcelarios. En aquella directriz el EPPK establecía dos líneas rojas, “el arrepentimiento y la delación”.

Se estudia conceder beneficios de modo puntual pero no de modo generalizado y se da por descartado poner fin a medio plazo a la política de dispersión

Con ETA desarmada y en puertas de disolverse, la autoridad de la dirección y el colectivo se cree que se reduzca; mientras que las iniciativas de carácter individual se incrementen de modo notable. Junto a ello, fuentes del Gobierno aseguran que podrían concederse beneficios de modo puntual y tras el análisis de cada caso, pero en ningún caso de modo generalizado.

También se da por descartado poner fin a medio plazo a la política de dispersión que se aplica a los presos de ETA. Actualmente el 80% de los etarras encarcelados cumple su condena en prisiones alejadas a más de 400 kilómetros del País Vasco y sólo en los casos de presos acogidos a la Vía Nanclares se ha procedido a acercarles a Euskadi. Incluso una vez disuelta ETA se contempla mantener la dispersión ante el temor de que un reagrupamiento de los 350 etarras encarcelados en un reducido número de prisiones pudiera reactivar un “frente” carcelario.

La ‘piedad’ carcelaria del Estado

Tradicionalmente ETA había prohibido a sus presos solicitar y acogerse a beneficios penitenciarios, una medida que ahora ya no impone y que sólo los más duros mantienen. Se da la circunstancia de que esta semana uno de los jefes más sanguinarios en la historia de ETA, José Luis García Gaztelu, Txapote, se ha beneficiado de la concesión de un permiso extraordinario previsto en la ley penitenciaria. Se lo ha otorgado el Juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, para que pueda visitar a su padre enfermo. Un gesto de clemencia de la legislación carcelaria española que ETA siempre ha rechazado y que ahora beneficia a un preso condenado por haber participado en los asesinatos de Miguel Ángel Blanco, Fernando Buesa, Fernando Múgica, Gregorio Ordoñez y José Luis López de la Calle. Un permiso concedido por Castro en contra del criterio de la Junta de Tratamiento de la cárcel de Huelva donde cumple condena.

No es la primera ocasión en la que un preso de ETA se beneficia, incluso sin haberse desmarcado de la violencia, de beneficios penitenciarios por razones humanitarias. En la historia reciente de la banda terrorista son números los casos en los que los etarras han disfrutado de ellos. Permisos de todo tipo; desde los concedidos por situaciones de enfermedad grave de un familiar, los otorgados para solventar un caso de violencia machista grave en el entorno familiar, hasta los destinados a intentar cumplir el deseo de ser madre a través de tratamientos de fertilidad, a aspirar a sacarse el carnet de conducir o simplemente para acudir a un podólogo de confianza.

La resistencia histórica de ETA a acogerse a beneficios penitenciarios se ha diluido al mismo ritmo que se debilitaba la banda

El actual secretario general de Sortu, Arnaldo Otegi, también disfrutó de una autorización en circunstancias similares a las de Txapote. El dirigente de la izquierda abertzale, condenado por el caso Bateragune, y que pasó seis años y medio en la prisión de Logroño, abandonó la cárcel hace poco más de un año, el 1 de marzo de 2016. Durante el tiempo que permaneció privado de libertad obtuvo dos permisos extraordinarios para salir por unas horas. El primero de ellos en abril de 2014 para visitar a la familia de su mujer, en Elgoibar, tras el fallecimiento de su suegra. El segundo, un mes más tarde para trasladarse hasta el Hospital de Mendaro (Guipúzcoa) donde se encontraba ingresada su madre, gravemente enferma, y que falleció tres días después.

En ambos casos, y como se ha establecido en el permiso concedido a Txapote, los etarras tan sólo pueden disfrutar de una salida por el tiempo “mínimo imprescindible”, que en la mayoría de las ocasiones apenas supera las dos horas.

El mismo juez Castro determinó hace apenas dos semanas que la etarra Sara Majarenas dispondría de autorización para pasar las tardes junto a su hija de tres años. El caso de Majarenas, detenida en 2005 y condenada a 13 años por formar parte del comando Levante de ETA, ha estado rodeado de unas circunstancias de especial gravedad. La etarra vivía en prisión, de lunes a viernes, junto a su hija de menos de tres años. Los fines de semana la niña permanecía bajo la custodia de su padre. La pequeña fue víctima de una brutal agresión por parte de su progenitor, que tras acuchillarla se entregó a la policía asegurando que había matado a su hija. La niña, gravemente herida, logró salvarse. Una vez cumplidos los tres años debía abandonar la prisión y dejar de convivir junto a su madre en prisión. Sin embargo, el juez Castro autorizó a Majarenas trasladarse a un piso gestionado por la Fundación Padre Garralda-Horizontes abiertos, dependiente de la cárcel de Aranjuez. Ha permitido incluso que madre e hija puedan salir por las tardes por la necesidad de “luz, sol e ir a jugar al parque” de su hija.

Carnet de conducir, podólogo y fertilidad

El historial de permisos etarras concedidos por los jueces de la Audiencia Nacional acumula peticiones de otra índole autorizadas incluso sin haber sido respaldadas en los informes emitidos por los equipos de psicólogos, educadores sociales y juristas de los servicios de Instituciones Penitenciarias en sus informes preceptivos. Así ocurrió en julio de 2008 cuando la etarra Elena Beloki, entonces en prisión, solicitó un permiso para someterse a un tratamiento de fertilidad en el Hospital de Cruces de Barakaldo.

La Audiencia Nacional le otorgó el permiso, en contra del criterio de la Fiscalía que consideró que sus deseos de ser madre no eran razón suficiente para una presa condenada a 13 años de cárcel por pertenecer al aparato internacional de ETA. Se da la circunstancia de que a su pareja, el ex portavoz de Gestoras Pro Amnistía, Juan María Olano, también en prisión, el permiso para el mismo fin le fue denegado. Beloki salió de prisión el pasado verano y poco después, coincidiendo con las elecciones autonómicas vascas del 25 de septiembre, figuró en el último puesto de las listas de EH Bildu por Guipúzcoa.

El Estado ha concedido permisos a miembros de ETA por razones humanitarias pero también para acudir a tratamientos de fertilidad, al podólogo o para sacarse el carnet

No es el único caso. En julio de 2012 el preso de ETA Jon Koldo Aparicio, condenado a 35 años por el intento de asesinato de un Policía Nacional, fue autorizado a ser trasladado de la cárcel Puerto 1 de Cádiz, donde estaba ingresado, a la prisión de Basauri (Vizcaya) para someterse a los análisis previos a un tratamiento de fertilidad. La autorización del juez de la Audiencia Nacional no fue compartida ni por la Fiscalía ni por el Ministerio del Interior.

Otro de los episodios de desavenencias en las políticas de concesión de permisos y beneficios a etarras se han producido en una de las etarras de mayor peso en la historia reciente de ETA. A Idoia López Riaño, La Tigresa, se le llegó a otorgar para poder sacarse el carnet de conducir. En su caso han sido numerosos los permisos concedidos, uno de los más recientes, en octubre del año pasado -de tres días- otorgado por José Luis Castro, el mismo juez que ahora ha autorizado de modo “extraordinario” la salida de prisión de Txapote para visitar a su padre enfermo.

En el caso de López Riaño, condenada por 23 asesinatos y por haber participado, entre otros, en el atentado de la Plaza de La República de Madrid, en 1986, donde murieron 12 guardias civiles, su condición de etarra arrepentida ha facilitado la concesión de permisos. Actualmente se ha acogido a la Vía Nanclares y su salida de prisión está prevista para finales de este año, tras 22 años privada de libertad.

Actualmente 350 presos de ETA cumplen condena. Incluso los miembros más duros se han beneficiado de permisos, como el concedido esta semana a Txeroki

La casuística de la utilización de las leyes de las que se han beneficiado los presos registran casos como los de Zigor Goikoetxea, condenado a dos años de prisión por amenaza a la concejal del PP de Getxo, Marisa Arrue, y que fue autorizado a incumplir la prohibición de salir de España para acudir a la consulta de su podólogo de confianza en Biarritz (Francia).