El juez que investiga la trama Púnica, Eloy Velasco, ha enviado una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia para encausar al presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, por tres delitos cometidos durante su etapa como consejero de Educación: fraude, cohecho y revelación de información reservada. Velasco ha tomado esta decisión en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción.

Los nuevos delitos que le atribuye la Audiencia Nacional dejan a Sánchez en una situación política límite, toda vez que este miércoles arranca en el parlamento murciano la moción de censura presentada por el PSOE a raíz de su imputación en el caso Auditorio, referido a su etapa como alcalde de Puerto Lumbreras. Los socialistas han alcanzado ya un acuerdo de gobierno con Podemos, pero el rol decisivo en la votación lo tendrá Ciudadanos, que exige que la moción sirva sólo para convocar elecciones y no para facilitar un gobierno alternativo.

Velasco ha elevado una exposición razonada al TSJM al apreciar indicios de que Sánchez pudo haberse beneficiado de servicios prestados por empresas de la red Púnica y pagados con dinero público.

En concreto, el magistrado refiere que en junio de 2014 Sánchez concertó con el empresario Alejandro de Pedro una serie de servicios destinados a limpiar la "inconveniente imagen que podría dar ante el partido y la sociedad" dada la cantidad de investigaciones penales a las que estaba siendo sometido por su actuación pública. Todo ello, entiende el juez, con el objetivo de presentarse a presidir el gobierno autonómico, "como finalmente consiguió".

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En su auto, el juez admite que el contrato para mejorar su imagen en internet que se iba a pagar con dinero público no se llegó a realizar, pero cree que ello no impide que se le pueda imputar un delito de fraude, ya que este se consuma por el solo hecho de concertar el contrato. Añade que si el contrato se hubiera realizado habría supuesto además un delito de malversación, y deja claro que en ningún momento Sánchez sufragó ni tuvo intención de sufragar estos servicios "con su dinero particular".

El coste de los trabajos que Sánchez pretendía cargar a las arcas públicas era de 4.600€ al mes, durante siete meses

El coste de estos trabajos quedó finalmente estipulado en 4.600 euros al mes, que incluían los honorarios de un periodista que trabajaría desde un diario digital de la Región de Murcia, así como la creación de un portal que serviría como apoyo para los trabajos de limpieza de la reputación personal. La idea es que estos servicios se desarrollasen durante siete meses: de noviembre de 2014 a mayo de 2015, dejando el gasto total que Pedro Antonio Sánchez habría cargado de manera presuntamente irregular a las arcas públicas en 32.200€. El período de tiempo, además, coincide con los meses previos a las elecciones autonómicas del 24 de mayo de 2015.

Adelanto de adjudicaciones 'hinchadas'

Durante su exposición razonada, Velasco detalla por lo menos 35 reuniones, comunicaciones o llamadas interceptadas entre De Pedro y su socio José Antonio Alonso Conesa, ex alcalde socialista de Cartagena y empresario investigado ya previamente en el marco de la operación Púnica, así como con asesores próximos al propio Pedro Antonio Sánchez.

Del análisis de toda esa documentación se deduce la intención de realizar todos estos trabajos "como adelanto de una futura adjudicación hinchada en contratos públicos de formación" que Sánchez concedería a las empresas de De Pedro y Alonso Conesa.

La Fiscalía informó en contra de esta imputación en un documento controvertido que firmó la teniente fiscal de Anticorrupción después de que las fiscales del caso se negaran a hacerlo, una circunstancia que motivó la comparecencia del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en el Congreso.