La batalla de la prensa: de "triunfo para la democracia" a "esperanza frustrada"

"Lo que España tiene por delante es lo que votó en el referéndum: unas elecciones generales que den a todos los españoles la voz y el voto que como tales les corresponden: ¿Quién podrá asumir la responsabilidad de frustrar esta esperanza?". Con estas líneas concluye el editorial que han lanzado de forma conjunta varios de los principales diarios españoles, entre los que se cuentan Arriba, Diario 16, El País, Informaciones, Pueblo o Ya. Es 16 de abril de 1977 y España vive lo que en palabras del entonces vicepresidente del Gobierno, Alfonso Osorio, representa "la crisis más grave de todo el proceso de la Transición".

Ha pasado una semana desde que, el día 9, Sábado Santo, el Gobierno anunció la legalización del Partido Comunista de España (PCE) y desde entonces, el ruido de sables ha ido en aumento, alcanzando su cenit en el comunicado emitido el Consejo Superior del Ejército el 14 de abril, que en una primera versión -luego suavizada- llega a apuntar que "el Ejército se declara preparado para resolver los problemas por otros medios si es necesario".

Como observaría ese mismo día el secretario general del PCE, Santiago Carrillo, durante la reunión del Comité Central del partido, "en estas horas puede decidirse si se va a la democracia o se entra en una involución gravísima que afectaría no solo al partido y a todas las fuerzas democráticas de la oposición, sino también a los reformistas e institucionalistas".

Ante tan compleja coyuntura, el grueso de la prensa decide dar un paso al frente para salir en defensa del proceso de trancisión hacia la democracia. En este caso, la iniciativa parte de José Mario Armero, a la sazón director de Europa Press y cercano colaborador del presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, durante las negociaciones que desembocaron en la legalización del PCE. Según detalla Alfonso Pinilla en su obra La legalización del PCE. La historia no contada, 1974-1977, Armero comenta por aquellos días a Suárez que "sería bueno que los principales periódicos de este país emitieran una opinión unánime apoyando tu decisión".

Con el consentimiento del presidente del Gobierno, Armero mueve hilos para convocar una reunión entre los directores de los principales periódicos del país que finalmente tendrá lugar el 15 de abril en la sede de El País. Durante la misma se consensúa el editorial que al día siguiente, bajo el título de "No frustrar una esperanza", defenderá la actitud del Ejecutivo en la legalización del PCE, censurará a quienes tratan de utilizar este suceso para "provocar a los militares y crear un ambiente de peligro nacional" y, aunque en tono muy mesurado, se posiciona en contra de la actitud adoptada por el Ejército, ya que entre sus funciones "no está incluida la emisión de opiniones contingentes sobre las decisiones políticas de los Gobiernos de la nación".

 

En opinión de Juan Francisco Fuentes, este editorial, "fue tal vez la mayor contribución de la prensa española a una pedagogía del consenso que, en aquellas circunstancias, era vital para el éxito de la Transición”, según refleja en la obra Prensa y democracia. Los medios de comunicación en la Transición. 

Apoyando el consenso

No es esta la primera vez que la prensa acuerda actuar de forma conjunta para, dejando al margen sus discrepancias ideológicas, combatir los peligros que amenazan el proceso de transición a la democracia. El 29 de enero de 1977, los principales periódicos de tirada nacional y una buena parte de los regionales, entre los que se incluye La Vanguardia, publican un editorial titulado "Por la unidad de todos", como respuesta a una serie de sucesos sangrientos que, en las últimas semanas de enero, sembraban de espinas el camino del consenso entre los españoles.

Ante aquellas circunstancias, "la prensa considera que es un deber hacer un llamamiento a la unidad de todos, sin exclusiones", rezaba el editorial, en el que también se advertía de que "está en juego el ser o no ser de la democracia en España y el futuro de nuestro país como sociedad pluralista y libre".

 

La prensa española asumía de este modo un papel de defensor ante la opinión pública del proyecto reformista puesto en marcha por el gobierno de Suárez. Una postura que sólo llegó a hacerse perceptible a medida que el presidente fue avanzando en su proyecto democratizador, pues en primera instancia su nombramiento fue acogido con elevado escepticismo. “Hay un amplio consenso de opinión respecto al hecho de que la tarea que le aguarda es mucho mayor que las ilusiones que suscita”, escribía El País el día siguiente a su designación, en julio de 1976.

Pero el progresivo convencimiento de que los planes de Adolfo Suárez tenían como fin último la puesta en marcha de un sistema democrático, empujó a los diarios más favorables a este objetivo a una actitud más proclive hacia el gobierno, con el objeto principal de hacer frente a los elementos más extremistas, a los que Cambio 16 se refiere en enero de 1977 como "esos malditos terceros que prefieren hacer la historia por su cuenta a base de que nos matemos todos". En esa misma línea, El País resalta en un editorial publicado el 12 de febrero que queda por delante "un inmenso proyecto político de convivencia y reconciliación [...] Y seguir barriendo esa basura que queda".

Pero lo cierto es que todo lo concerniente a la legalización del PCE aparecía como uno de los asuntos más espinosos de la Transición, en el que la búsqueda de un consenso resultaba casi una quimera. Es cierto que la mayor parte de la prensa española e internacional se mostró casi desde un primer momento a favor de que el Partido Comunista pudiera participar dentro del sistema democrático. A esto contribuía la postura moderada que el partido parecía adoptar respecto a algunos de los puntos más controvertidos de su programa, que quedaron desterrados en los estatutos que presentó para solicitar su legalización a inicios de febrero.

Así, el 2 de marzo de 1977, en vísperas de la reunión de los principales líderes del movimiento conocido como eurocomunismo -que propugnaba la participación del PC en sistemas democráticos y plurales-, El País señalaba que "el sistema de democracia pluralista que Europa ha logrado crear [...] incluye, guste o no, a los partidos comunistas. Y España no puede ser la excepción".

 

De este modo, el 10 de abril, tras la legalización del PCE, incluso un diario de orientación católica como Ya recibía la noticia con un editorial titulado "Se ha hecho lo que procedía". Y un día después, Diario 16 defendía la medida al afirmar que "contribuye a racionalizar la vida política del país".

La voz de los críticos

Pero no toda la prensa recibió de forma tan entusiasta la noticia. No en vano, en algunos sectores de la sociedad, la lucha contra el comunismo había sido la única razón de ser del levantamiento militar de 1936 y las cuatro décadas posteriores de dictadura. Por eso, en opinión de ABC, "con esta resolución se hiere la sensibilidad de gran parte del país", por lo que se trata de "una gravísima decisión y un error de nuestros gobernantes".

Más contundente resultaba El Alcázar -un medio en torno al que se había aglutinado buena parte de los sectores más reaccionarios del régimen-, que en su edición del 11 de abril se refería al PC como "el más grande y brutal enemigo que ha tenido la España moderna" y lamentaba que "se ha legalizado el partido que con tanto heroísmo derrotó el Ejército Nacional". Desde sus páginas, se trazaba un alarmante dibujo de la situación del país, en el que "el separatismo campa a sus anchas, los terroristas van saliendo a la calle poco a poco y los comunistas ya tienen vía libre de circulación" y se advertía de que "el Estado está firmando su propia sentencia de muerte".

Los mensajes de El Alcázar destilan en muchos casos un tono amenazante, en la que la apelación al Ejército como garante de los principios fundamentales de la nación aparece asiduamente de forma más o menos explícita. El 8 de abril, cuando la legalización del PCE era sólo aún una hipótesis incierta, el diario publica un editorial titulado "¿Pueden aceptar las Fuerzas Armadas un gobierno social-comunista?", en el que "la idea que palpita [...] es que el Ejército está legitimado para rebelarse contra el gobierno cuando las decisiones de éste atentan contra la unidad e independencia de la patria", según indica Alfonso Pinilla.

Precisamente, tanto el ABC como El Alcázar que, habían participado en el editorial conjunto de enero de 1977, quedaron excluidos de la reunión en que se pactó el nuevo frente común de la prensa para defender la legalización del PCE. Su beligerancia contra la medida hizo temer al resto de directores que hicieran fracasar la iniciativa.

Con todo, tras aquello, el ABC pareció replantearse su postura y optó por moderar sus actitud crítica. El día 17 de abril, el diario propiedad de los hermanos Luca de Tena reproduce el editorial publicado un día antes por la mayor parte de sus competidores, al tiempo que aseguraba que “acatamos la decisión gubernamental aunque no nos guste […] y apoyamos cualesquiera medidas del Ejecutivo hacia la distensión política y la concordia”.

No hubo ejercicio semejante en El Alcázar, que no tardó en responder al resto de medios con un artículo publicado el 18 de abril bajo el título "La esperanza frustrada". En él, se califica de "traición" la legalización del Partido Comunista, al que se acusa de haber provocado y luego perdido la guerra de 1936 y se advierte de que "las Fuerzas Armadas no olvidan y saben mejor que nadie cuál es su deber".

Sólo cinco años después el periódico fue investigado por su papel durante la preparación del intento golpista del 23-F.