La decisión del tribunal que juzga la primera etapa de la Gürtel de llamar a declarar en calidad de testigo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le "estigmatiza" si atendemos al criterio que el Supremo empleó en 1996 para evitar la declaración, como imputado, de Felipe González ante el alto tribunal por los GAL. Si bien acabó compareciendo como testigo, lo hizo dos años más tarde, en 1998, ya siendo ex presidente del Gobierno.

En cambio Rajoy será el primer jefe del Ejecutivo en activo que deberá declarar en un proceso penal que afecta, en este caso, a la contratación de los servicios de la empresa de Francisco Correa para actos del partido. En dicho proceso, al PP se le considera partícipe a título lucrativo por las campañas de las elecciones municipales de las localidades madrileñas de Pozuelo y Majadahonda.

La petición del tribunal ha pillado a los populares por sorpresa

La petición del tribunal, contra el criterio de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, ha pillado a los populares por sorpresa, convencidos de que se atendería a la posición de fiscales como Concepción Nicolás, muy dura en la instrucción del caso pero que ha considerado “inútil e innecesaria” su declaración por entender que “nada ha cambiado” respecto a octubre, cuando se rechazó citarle al inicio del juicio.

Por lo pronto, intentarán evitarle la foto de paseíllo hacía el juzgado, pero no sólo se teme esa instantánea sino también la "contaminación" que el caso extenderá sobre todas la actividades del jefe del Ejecutivo hasta que declare el próximo mes de junio. Por lo pronto, este jueves tiene un acto con la CEOE; el viernes estará en Sevilla para celebrar los 25 años de la primera línea del tren de Alta Velocidad y el sábado acude a Aranjuez a un pacto sectorial del Partido Popular Europeo, todo ello bajo la sombra de su próxima declaración por la Gürtel.

Moncloa confía en que que caso Gürtel "no haga más daño del que ya ha hecho"

En su entorno afirman que "no creemos que el caso haga más daño del que ya ha hecho", hasta el punto de que consideran que "está completamente amortizado", aunque admiten que "no es grato ver al presidente del Gobierno en esa tesitura". Confían en que la conmoción inicial se diluya tras su declaración, bien por escrito o desde su despacho.

Mientras Moncloa se limitaba ayer a señalar su acatamiento de las decisiones judiciales así como su disposición "a colaborar con la justicia como no pueda ser de otra forma", Génova y su coordinador general, Fernando Martínez-Maillo, subían el tono de la crítica al cuestionar la imparcialidad de la acusación popular y criticar las contradicciones en las que, a su juicio, ha incurrido el tribunal que "rechazó el testimonio Mariano Rajoy con el argumento de que no era 'ni pertinente, ni útil' para la causa".

La asociación ADADE está en el centro de las críticas de Génova

Tras destacar el "carácter absolutamente excepcional de la admisión de una prueba testifical solicitada por la acusación popular en contra del criterio de la Fiscalía", recuerda la dirección nacional del PP que el juez Pablo Ruz, instructor de la causa, "también rechazó en su día el testimonio solicitado por la misma acusación popular 'por adivinarse en la motivación de la solicitud' un interés ilegítimo y de carácter extraprocesal".

"El Partido Popular pone en evidencia el error al que induce la acusación popular al hacer uso de alegaciones falsas y atribuir a Rajoy unas funciones que no correspondían a sus cargos y responsabilidades orgánicas", dicen respecto a la época en que asumió la secretaría general del partido una vez que José María Aznar le nombró sucesor.

Existe también la posibilidad de que Rajoy deba comparecer en la comisión parlamentaria

Lamentan los populares el "proceso mediático" del caso y el papel de la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE), que ejerce la acusación popular, a la que atribuyen abuso de derecho con el que enmascaran intenciones políticas desde el momento en que está liderada por Javier Ledesma y Mariano Benítez de Lugo, "muy conocidos por su cercanía al PSOE", formación, dicen, que "siempre se ha sumado a las peticiones de ADADE".

Ha sido todo un jarro de agua fría al que sumar la posibilidad de que Rajoy también sea llamado a comparecer en la comisión parlamentaria que investigará la financiación del PP. Lo más probable es que tanto PSOE como Podemos le incluyan en su lista de comparecientes y Ciudadanos tampoco lo descarta, aunque los populares amaguen con responder con otro listado de peticiones para su comisión del Senado.