El ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha sido detenido este miércoles por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Se le atribuye el liderazgo de una organización criminal en el PP de Madrid y la responsabilidad por un agujero económico de más de 60 millones en la empresa Canal de Isabel II, encargada de la gestión del agua en la región.

En el marco de una operación coordinada por los juzgados centrales 5 y 6 de la Audiencia Nacional, bautizada como Lezo, la UCO ha detenido a siete personas por la presunta comisión de delitos de prevaricación, organización criminal, malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación y corrupción en los negocios.

La investigación alcanza a personas vinculadas con la Administración autonómica madrileña anterior. Según han confirmado fuentes del caso, entre los arrestados se encuentran también Pablo González, director de Estrategia y Operaciones de Mercasa y hermano de Ignacio González; Edmundo Rodríguez Sobrino, ex presidente ejecutivo de la filial latinoamericana de Canal de Isabel II (Inassa), y María Fernanda Richmond, ex directora financiera de la empresa controlada por la Comunidad de Madrid.

Un hermano del ex presidente de la Comunidad de Madrid y dos ex directivos del Canal de Isabel II, entre los 7 detenidos

El foco de la investigación se centra en la operación de compra del 75% del capital de una compañía brasileña (Emissao) formalizada en noviembre de 2013. Por esta participación, el Canal de Isabel II desembolsó 21,4 millones de euros, un precio supuestamente muy superior a su valor real. Las pesquisas tratan de determinar si la trama desvió fondos públicos en beneficio propio.

El operativo policial tiene su origen en una investigación iniciada por la Fiscalía Anticorrupción en 2015 y judicializada un año después, después de que el Gobierno de Cristina Cifuentes pusiera en conocimiento del Ministerio Público las conclusiones de una auditoría interna y que arrojaba dudas sobre el importe, los plazos de compra y las fórmulas de pago. Las alarmas se encendieron tras constatar el nuevo equipo que más del 75% del dinero se había pagado en Suiza y que la operación se materializó de forma demasiado rápida.

Desde entonces, la UCO se ha encargado de esta investigación. Este miércoles han sido llamados a declarar cinco testigos, entre los que se encuentra Cristina Cifuentes; Marisa González, su jefa de gabinete, y Ángel Garrido, portavoz del Gobierno autonómico. Horas después de conocerse la detención de Ignacio González, el Partido Popular ha decidido suspender provisionalmente de militancia al ex presidente de la Comunidad de Madrid. Éste ya estaba imputado por la compra presuntamente irregular de un ático en Estepona (Málaga).

Más de 40 registros

Los registros ascienden a mas de 40 registros, tanto en Madrid (Indra y la empresa pública Mercasa, entre otras) como en Valencia (Subastas Segre, dedicada a las obras de arte). Las detenciones son policiales, por lo que los agentes decidirán si los arrestados quedan en libertad o pasan la noche en los calabozos cuando concluyan los registros, en los que su presencia es necesaria.

Entre los registros practicados en el marco de esta operación se encuentra el domicilio de Ignacio González en el distrito madrileño de Aravaca, donde los agentes han permanecido diez horas en busca de pruebas. Terminado el rastreo de la vivienda, la UCO se ha trasladado hasta su despacho profesional, en la céntrica calle de Alcalá.

La llamada operación Lezo puesta en marcha por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco contra la gestión del Canal de Isabel II a primera hora del día tiene su origen en una denuncia de la Comunidad de Madrid por el desvío de fondos por la compra de una filial en Brasil. El Gobierno de Cristina Cifuentes ha obrado de esta manera tras advertir irregularidades en la compra de sociedades en el extranjero, como puso de manifiesto la auditoría encargada por el Ejecutivo autonómico.

Entre los delitos que se investigan destaca la compra fraudulenta de la empresa Emissao, que fue denunciada por el propio Canal de Isabel II. Según el informe, la empresa Emissao se compró por 21,4 millones de euros y un mes después su patrimonio neto era de 10,629 millones según las cuentas del Canal; un año después, el valor era de 5,380 millones. Estas presuntas irregularidades no se limitarían a la compra de Emissao, constata la denuncia que hace uso del trabajo de la comisión de estudio del endeudamiento de la Asamblea de Madrid, en la que están representados todos los partidos.

La operación continúa en marcha con la investigación de otras licitaciones públicas en las que se sospecha que ha mediado el pago de comisiones. El objetivo principal es la gestión de Ignacio González como responsable del organismo público. Fuentes fiscales guardan silencio respecto a la operación, aunque aseguran que esta se prolongará durante varios días.

La Guardia Civil, a la puerta del Canal de Isabel II. | EFE

La Guardia Civil investiga las operaciones del Canal de Isabel II desde hace dos años y su presunta vinculación con la financiación ilegal del Partido Popular. En este momento se siguen produciendo registros en empresas, consejerías de la Comunidad de Madrid y domicilios particulares.

La detención del ex presidente madrileño, y la investigación estrecha de familiares como su mujer, Lourdes Cavero, o su hermano Pablo, se produce en la víspera de la esperada declaración de Esperanza Aguirre en el juicio por el 'caso Gürtel'.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, responderá en la rueda de prensa que tiene convocada hoy a las 11.00 horas.

Inversiones bajo sospecha

Los grupos de la oposición en la Comunidad de Madrid (PSOE, Podemos y Ciudadanos) cifran en 36 millones de euros el quebranto económico que ha supuesto para la empresa pública Canal de Isabel II la compra de Emissao en la etapa de Ignacio González como presidente de la región. Fue una operación rodeada de incógnitas, consumada a través de una compañía sociedad tenedora de acciones sin actividad radicada en Uruguay y cuyo desembolso se realizó de forma mayoritaria en Suiza.

Fuentes del Canal de Isabel II reconocieron la existencia de una depreciación de esta inversión por la aparición de contingencias que no se previeron y que obligó a redotar provisiones adicionales, pero indicaron que la pérdida de valor no se podrá cifrar hasta que termine la valoración de los resultados tras el plan de reestructuración puesto en marcha en mayo de 2016 con el que se busca el saneamiento de la compañía.

La ex vicepresidenta del Barça que reclama un millón

Por otro lado, según adelantó El Independiente, Grupo Essentium, el holding dirigido por la ex vicepresidenta económica y ex tesorera del FC Barcelona Marta Monje, reclama en los tribunales un millón de euros a la filial latinoamericana del Canal de Isabel II (Inassa) en cumplimiento de un supuesto acuerdo por el que tendría derecho a percibir el 5% del montante económico en que se tasó el 75% del capital de la empresa brasileña que adquirió en 2013 la sociedad de la que es accionista mayoritaria la Comunidad de Madrid. Se trata de la operación que investiga la Fiscalía desde el pasado mes de julio por presuntas irregularidades.

El Juzgado de Primera Instancia 77 de Madrid ha emplazado ya a Inassa a comparecer tras la demanda interpuesta por Essentium, el conglomerado de empresas controlado por la familia Monje que opera en el sector de la construcción y de las infraestructuras. Fuentes del Canal de Isabel II confirmaron a este diario que recibieron a finales de noviembre la notificación del procedimiento civil interpuesto por Essentium y que los servicios jurídicos han presentado ya un escrito en el juzgado en el que argumentan que la comunicación tendría que dirigirse a su filial Inassa, con sede social en Colombia, y no a la empresa matriz.

Registro en la empresa de su esposa

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) registrará este miércoles la sede de Subastas Segre, la empresa que preside Lourdes Cavero, la mujer del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González que ha sido detenido por supuesta corrupción en la gestión del Canal de Isabel II.

Fuentes cercanas a la investigación han informado a Efe de que uno de los registros ordenados por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco se realizará en esa casa de subastas, fundada por Cavero junto a Carmen Cafranga, ex presidenta de la Fundación Caja Madrid y condenada por el uso de las tarjetas black.

El año pasado, Subastas Segre puso a la venta 110 lotes de relojes, joyas y plumas de David Marjaliza, uno de los principales encausados en la trama Púnica, causa que instruye el propio Eloy Velasco y en la que ya ha investigado posibles trabajos para mejorar la reputación de González pagados por el Canal de Isabel II.

Segre logró vender buena parte de las joyas de Marjaliza, incluida una pluma de una edición limitada de cuatro, de oro amarillo y esmalte rojo y 274 diamantes en talla brillante, adjudicada por 18.000 euros.