Después de meses de investigación, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha asestado un golpe a la anterior dirección de la empresa del Canal de Isabel II con la detención de los responsables políticos y ejecutivos de esta empresa pública. La investigación ha puesto el foco en la operación de compra del 75% de la compañía brasileña Emissao Engenharia e Construçao, por la que la filial latinoamericana del Canal de Isabel II (Inassa) abonó 21,4 millones de euros, un precio presuntamente muy superior a su valor real. Las pesquisas tratan de determinar si se desviaron fondos públicos "en beneficio propio". Éstos son los nombres clave en el caso que, bajo secreto de sumario, dirige el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional.
El 27 de septiembre de 2012, 10 días después de que Esperanza Aguirre anunciara por sorpresa su dimisión como jefa del Ejecutivo autonómico y diputada en el Parlamento regional, Ignacio González se convirtió en presidente de la Comunidad de Madrid. Fue una retirada de la veterana política madrileña a medias, puesto que sigue siendo portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid y se mantuvo como presidenta del partido en esta comunidad hasta febrero del pasado año.
González era el presidente de la Comunidad de Madrid cuando, el 14 de noviembre de 2013, Canal de Isabel II adquirió el 75% de la empresa de ingeniería brasileña Emissao por un precio presuntamente muy superior a su valor real. En concreto, la compañía pública desembolsó por esa operación 21,4 millones de euros y un mes más tarde valía tan sólo la mitad. Sobre esta operación sobrevuelan numerosas interrogantes, como el hecho de que se recurriera a una empresa con sede en Uruguay (Soluciones Andinas de Agua SRL) para realizar la compra y que el 75% del montante se abonara en Suiza. Durante su etapa de vicepresidente madrileño (2003-2012), Ignacio González fue el presidente de la empresa pública.
Cuando se concretó la operación, el presidente de Canal de Isabel II era Salvador Victoria, entonces consejero de Presidencia y Justicia y mano derecha de González.
El consejo de administración del Canal de Isabel II aceptó en junio de 2015 la dimisión de Victoria, que el día 6 de dicho mes había renunciado como consejero regional para facilitar el pacto del PP con Ciudadanos después de haber sido imputado por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el marco del caso Púnica . Salvador Victoria no figura entre los 8 detenidos en la operación Lezo , según ha podido confirmar este diario en fuentes del caso.
Edmundo Rodríguez Sobrino
Fue presidente ejecutivo de Inassa, la filial latinoamericana del Canal de Isabel II que tomó el control de la brasileña Emissao a finales de 2013.
Si Ignacio González fue el máximo responsable político, Rodríguez Sobrino era el ejecutivo que pilotó esta controvertida operación empresarial. En abril del pasado año, el Ejecutivo de Cristina Cifuentes forzó su salida tras aparecer su nombre vinculado a empresas en los papeles de Panamá y haber ocultado esta circunstancia al Gobierno regional por no considerarlo incompatible con su puesto en la empresa pública.
El Confidencial desveló que Rodríguez Sobrino aparecía relacionado con tres sociedades bajo jurisdicción del antiguo paraíso fiscal de Hong Kong: Idra Drilling Equipment Holding Limited, Asia Drilling Equipment Holding Limited y Luntam Holding Limited.
Rodríguez Sobrino no fue el único directivo al que le costó el puesto esta operación. A principios de junio de 2016, el consejo de administración del Canal de Isabel II destituyó también por "pérdida de confianza" a María Fernanda Richmond, directora financiera y de desarrollo de negocio. La empresa pública también prescindió de los servicios de Fernando Cevallos, director de Recursos Humanos. Ambos participaron en la operación de compra de la citada compañía brasileña.
"En el primer informe observamos procedimientos anómalos y por eso no era razonable que dos personas que han tenido parte activa en el consejo como directivos siguieran, de ahí que hayamos tomado esta decisión. No hubo la diligencia debida", señaló el 7 de junio de 2016 el portavoz del Ejecutivo autonómico y presidente del Canal Isabel II, Ángel Garrido, para justificar los despidos de Richmond y Cevallos.
Adrián Martín López Huertas asumió en 2009 la dirección gerencia del Canal de Isabel II y se mantuvo en este cargo hasta que en 2012 se creó Canal Gestión, sociedad mayoritariamente participada por el citado ente público, y fue nombrado director general. Éste era el puesto que sigue ocupando en la actualidad.
Este ingeniero de caminos, canales y puertos es uno de los ocho detenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil esta semana en el marco de la operación Lezo. El juez Eloy Velasco lo mandó a prisión en la noche del jueves pero eludible bajo fianza de 100.000 euros.