El juez Eloy Velasco ha ordenado en la noche del viernes el ingreso en prisión del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. El magistrado ha tomado la misma medida en relación a Edmundo Rodriguez Sobrino y ha dictado prisión eludible bajo fianza para otros cuatro detenidos, entre ellos Javier López Madrid que tiene una semana de plazo para depositar 100.000 euros por lo que no ingresara en prisión.

El magistrado asumió la petición de la fiscalía que reclamó el ingreso en la cárcel del que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid y para el consejero de la Razón Edmundo Rodríguez Sobrino. Ambos han sido trasladados a la cárcel madrileña de Soto del Real.

Por su parte, el fiscal reclamó fianzas para el hermano de González, Pablo, y su cuñado Juan José Caballero y solicitó un millón de euros a López Madrid y prisión incondicional contra José Martínez Nicolás, ex gerente de la empresa ICM desde la que supuestamente se financió ilegalmente el PP de Madrid.

El magistrado ha acordado imponer una fianza de cuatro millones de euros a Pablo González y 100.000 euros a Caballero y les mandó a la cárcel hasta que depositen esta cantidad. Sin embargo, dio un plazo de una semana a López Madrid y Martínez Nicolas para que depositen en el juzgado 100.000 euros por lo que no irán a la cárcel.

González fue uno de los que tardó más tiempo en intentar convencer al juez de la legalidad de las operaciones irregulares de las que está acusado. Durante su comparecencia se han reproducido grabaciones que acreditan su actuación ilegal y que no pudo replicar. Fuentes de la investigación han informado, además, de que no han podido identificar a la magistrada que le alertó de que estaba siendo investigado.

El fiscal ha solicitado prisión incondicional para el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, imputado por los delitos de prevaricación, organización criminal, malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación y corrupción en los negocios. González ha declarado tras pasar dos noches en la Comandancia de la Guardia Civil, retenido durante las investigaciones de la operación Lezo, que investiga el agujero de 60 millones en la gestión del Canal de Isabel II.

Por su parte, López Madrid ha negado cualquier relación con el pago de una comisión de 1,4 millones de euros a González y que se llevó a cabo a través de un banco con sede en Suiza. El yerno de Juan Manuel Villar Mir, presidente de OHL, fue detenido por la guardia civil tras volar desde Londres, ciudad en la que reside

La sucesión de los hechos

Ignacio Gonzalez fue arrestado el miércoles junto a su hermano Pablo -que se ha negado a declarar ante el magistrado- y su cuñado, José Juan Caballero, en ambos casos por su relación con la construcción del campo del golf en Chamberí, en el centro de Madrid, y tras una polémica venta de suelo propiedad del Canal de Isabel II. Esta empresa pública es el epicentro de la operación Lezo.

La investigación también reúne indicios de delito de la mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero, por la vinculación de su empresa Subastas Segre en el entramado que lideraba el ex presidente madrileño.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que el ex presidente de la Comunidad de Madrid blanqueó dinero utilizando a su nonagenario padre, Pablo González Liberal, que se encuentra bajo arresto domiciliario debido a su delicado estado de salud, ya que precisa de una botella de oxígeno por problemas respiratorios, han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

Ignacio González, en el eje de la 'operación Lezo'

La investigación alcanza a personas vinculadas con la Administración autonómica madrileña anterior. Eentre los arrestados se encuentran también Pablo González, director de Estrategia y Operaciones de Mercasa y hermano de Ignacio González; Edmundo Rodríguez Sobrino, ex presidente ejecutivo de la filial latinoamericana de Canal de Isabel II (Inassa), y María Fernanda Richmond, ex directora financiera de la empresa controlada por la Comunidad de Madrid.

El foco de la investigación se centra en la operación de compra del 75% del capital de una compañía brasileña (Emissao) formalizada en noviembre de 2013. Por esta participación, el Canal de Isabel II desembolsó 21,4 millones de euros, un precio supuestamente muy superior a su valor real. Las pesquisas tratan de determinar si la trama desvió fondos públicos en beneficio propio.

El operativo policial tiene su origen en una investigación iniciada por la Fiscalía Anticorrupción en 2015 y judicializada un año después, después de que el Gobierno de Cristina Cifuentes pusiera en conocimiento del Ministerio Público las conclusiones de una auditoría interna y que arrojaba dudas sobre el importe, los plazos de compra y las fórmulas de pago. Las alarmas se encendieron tras constatar el nuevo equipo que más del 75% del dinero se había pagado en Suiza y que la operación se materializó de forma demasiado rápida.