La Generalitat sancionará a los funcionarios que no acaten la Ley de transitoriedad jurídica con la que piensa dar cobertura legal a la celebración de un referéndum de independencia al margen del ordenamiento jurídico vigente. Al menos eso afirma Lluís Llach, cabeza de lista de JxS por Girona, cuando participa en las conferencias organizadas por entidades soberanistas para promover la independencia.

El mismo formato en el que el ex juez Santiago Vidal aseguró que la Generalitat había quebrantado la ley para conseguir bases de datos fiscales de los catalanes o hacía listas de jueces afectos al proceso independentista.

“En el momento en que tengamos la Ley de transitoriedad jurídica, ésta obligará a todos los funcionarios que trabajan y viven en Cataluña. Por tanto, quien no la cumpla será sancionado. Se lo tendrán que pensar muy bien; no digo que sea fácil, al contrario, muchos de ellos sufrirán. Porque en los Mossos d’Esquadra hay sectores que son muy contrarios” a asumir una ley probablemente anulada por el Tribunal Constitucional, aseguró Llach en una conferencia de Òmnium Cultural el pasado marzo en Sant Sadurní d’Anoia recogida por El País.

Unas afirmaciones que tanto el Gobierno catalán como JxS en el Parlament han intentando rebajar para evitar una nueva crisis como la originada en su momento por las intervenciones de Vidal. La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Neus Munté, ha negado este extremo y ha asegurado que "se trata de marcos legales" y no de presionar a los funcionarios.

JxS niega las coacciones

Por su parte, el portavoz de JxS en el Parlament, Roger Torrent, ha negado que la Generalitat prevea sancionar a los funcionarios, especialmente mossos, que se nieguen a cumplir una ley que presumiblemente será recurrida ante el Tribunal Constitucional y ha asegurado que "solo habrá una legalidad, avalada por las urnas".

Torrent ha intentado argumentar así que Llach se refería a la "nueva legalidad" que alumbrará la república catalana tras el referéndum y ha insistido en que "todas las leyes incluyen derechos y deberes que deben ser acatado por los trabajadores públicos".

"Llach dice lo todos compartimos, que las leyes se tienen que cumplir. Nuestra voluntad es aprobar nuevas leyes y esas leyes que pasarán por las urnas a través del referéndum se tendrán aplicar".

La oposición, sin embargo, ha acusado a JxS y especialmente a Llach de poner a los funcionarios en el ojo del huracán. "Llach se ha marcado un nuevo Santi Vidal, entre tanta mentira se le ha escapado una verdad" ha ironizado Carlos Carrizosa, portavoz de C's.

El diputado naranja ha advertido sin embargo de que las palabras de Llach "no pueden tomarse a la ligera" las coacciones a los funcionarios mientras la portavoz el PP, Esperanza García, ha retado a los independentistas a dar los pasos para celebrar el referendum contra el Gobierno "si son tan valientes, pero dejen en paz a los funcionarios".

"Parece que no hemos alcanzado todavía el limite del despropósito" ha lamentado la socialista Eva Granados, quien ha criticado que se amenace a los funcionarios por "saltarse una ley que nadie conoce y que parece que quieren aprobar en dos horas". Todos ellos han recordado además que los funcionarios catalanes son los únicos que no han recuperado las pagas extras suspendidas en 2012 por la crisis y han conminado a Llach de trabajar por que la recuperen en vez de amenazar a los trabajadores públicos.