Los negocios entre la ex presidenta de Mercamadrid, Concepción Dancausa, y el promotor del polémico hotel de El Algarrobico en Almería son el origen de la imputación de la actual delegada del Gobierno en Madrid. La Fiscalía Provincial ha dado a conocer hoy la denuncia contra Dancausa por una operación ruinosa realizada cuando ella era concejal en el ayuntamiento de Ana Botella y presidía la sociedad pública.

La transacción que investiga la Fiscalía tiene que ver con la cesión de unos terrenos por parte de Mercamadrid a la empresa Merca Ocio 22. Esta sociedad está controlada por José Domingo Rodríguez Losada. El empresario figura como administrador mancomunado de Merca Ocio 22 desde 2002, según los datos del Registro Mercantil recogidos por Insight View. A su vez, esta firma está controlada totalmente por Azata, el grupo del que penden todas las sociedades de Rodríguez Losada.

El proyecto más polémico de Azata

Azata es una de las empresas españolas que ganó tamaño en la época del boom inmobiliario. En el Registro figura una veintena de sociedades que penden de la matriz. Todas han llevado a cabo en los últimos años proyectos relacionados con el ladrillo, desde promociones de vivienda a complejos con campo de golf. Azata hizo dinero, sobre todo, con operaciones en Marbella y en la Comunidad de Madrid, en la época en la que la red Gürtel se movía a sus anchas por algunos ayuntamientos.

No en vano, el nombre de Rodríguez Losasa ha aparecido en la investigación, ligado a negocios con el ayuntamiento de Majadahonda. El empresario tenía conexiones con las altas esferas de la política madrileña. Sin más lejos, su hija, Berta Rodríguez, estuvo casada con Juan José Güemes, quien fue consejero de Sanidad en la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, el proyecto por el que Azata es conocida es el polémico hotel construido en la playa de El Algarrobico, en Carboneras. El Ayuntamiento almeriense concedió la licencia de obras a Rodríguez Losada en 2003, en medio de la polémica por una lluvia de alegaciones que denunciaban la vulneración de la Ley de Costas. Azata construyó el hotel, pero nunca llegó a abrirse. Las obras se paralizaron cuando estaban casi acabadas, por una batalla judicial que abanderaban las asociaciones ecologistas. En 2016, el Tribunal Supremo dictaminó que el paraje es una zona protegida, y por tanto no urbanizable. Una decisión que frenó para siempre las aspiraciones de Rodríguez Losada.

La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa. EUROPA PRESS

Lo que investiga ahora la Fiscalía Provincial de Madrid son los términos de una operación que provocó un “importante perjuicio patrimonial” para Mercamadrid y  “un enriquecimiento ilícito” para la empresa inmobiliaria. Están imputados, además de Dancausa, 15 personas por delito societario.

En concreto, Mercamadrid cedió unos terrenos para la construcción de un hotel, a cambio de un canon que debía aportar el promotor. El acuerdo inicial fue sellado con la sociedad Konin 22 y establecía el pago de un canon de 97.604,37 euros por la construcción y otro anual por la superficie que ascendía a 41.830,44 euros anuales. En 2003, no obstante, Konin 22, cedió los dos derechos de superficie a la entidad Merca Ocio Hoteles 22. La sociedad de Rodríguez Losada comenzó a explotar el negocio, pero en marzo 2010 dejó de abonar los importes comprometidos con la sociedad pública.

Para la Fiscalía el “enriquecimiento ilícito” de Merca Ocio obedece, entre otros factores, a que Mercamadrid dejó de ingresar 698.397,70 euros por los cánones superficiales impagados.

Dancausa ha negado estar “en ningún caso” encausada por fraude por una operación de Mercamadrid, y ha dicho que está a “total disposición” de la Justicia para esclarecer el asunto. En un comunicado, Dancausa niega estar encausada y recalca que la Fiscalía se ha limitado a trasladar la información “para que el Decanato determine si procede abrir una causa judicial por un delito societario del artículo 295 del Código Penal (administración desleal) contra el Consejo de Administración de Mercamadrid”.