Edmundo Rodríguez Sobrino, cerebro de la compra de la empresa brasileña por parte del Canal de Isabel II en Brasil y en prisión preventiva tras su detención en el marco de la Operación Lezo, planeaba viajar a Colombia "en fechas próximas". La redada desplegada la pasada semana por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha frustrado el desplazamiento al país suramericano, donde el imputado tiene inversiones inmobiliarias a través de sociedades interpuestas para tratar de ocultar el rastro de los fondos.

La UCO investigaba a Rodríguez Sobrino a raíz sobre todo de que el Gobierno de Cristina Cifuentes pusiera el pasado verano en conocimiento de la Fiscalía la operación por la que la filial latinoamericana del Canal de Isabel II, Inassa, adquirió en noviembre de 2013 el 75% del capital de la compañía brasileña Emissao por 21,4 millones de euros. La adquisición se produjo sin que se hubiera presentado una tasación independiente para conocer el valor real del activo y despreciando una due diligence elaborada por la auditora KPMG en la que advertía de riesgos, entre otras anomalías.

En el auto por el que mandó a prisión a los detenidos en la operación Lezo, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco detalla los planes de Rodríguez Sobrino "de viajar al extranjero" de manera inminente. Por los seguimientos realizados y el pinchazo a su teléfono, este investigado estaría a punto de desplazarse a Colombia.

Edmundo Rodríguez realizó una inversión inmobiliaria en Colombia cuando presidía la filial del Canal en Suramérica

Edmundo Rodríguez se incorporó en abril de 2006 a la presidencia ejecutiva de Interamericana de Aguas y Servicios SA (Inassa), la filial latinoamericana del Canal de Isabel II. Entonces, al frente de la empresa pública que se encarga de la gestión del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid se encontraba Ignacio González, sucesor de Esperanza Aguirre en 2012 al frente del Ejecutivo regional y en prisión incondicional desde la noche del pasado viernes.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional señala a este ejecutivo -destituido en abril de 2016 tras aparecer vinculado su nombre a sociedades de los Papeles de Panamá sin haberlo comunicado previamente- como la persona que "ideó, planificó y dirigió" la toma del control accionarial de Emissao, "estableciendo premeditamente un precio de compra muy superior al real". Ésta es una de las líneas de investigación impulsadas por la UCO, la Fiscalía Anticorrupción y el juez Velasco.

"El grado de participación de Edmundo Rodríguez Sobrino en la operación societaria de Emissao y los numerosos indicios obtenidos de la existencia de patrimonio oculto sin declarar que pudiera serle atribuido -aún sin determinar- dan solidez a que Edmundo Rodríguez Sobrino pudiera ser uno de los destinatarios de una cantidad por determinar de los fondos públicos supuestamente desviados con ocasión de la citada operación societaria", expone el magistrado, que acusa al ex presidente ejecutivo de Inassa de ser "conocedor y partícipe de prácticas corruptas" en al menos cuatro países extranjeros: Panamá, República Dominicana, Haití y Colombia.

El juez y la UCO creen que una hija del ex presidente de Inassa "controla patrimonio oculto de su padre"

En su auto, el juez Velasco dedica un apartado a analizar la operativa de blanqueo de capitales realizada presuntamente por Rodríguez Sobrino con los fondos públicos desviados. De entrada, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional no pasa por alto que el ex presidente ejecutivo de Inassa se acogiera a la amnistía fiscal promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 y regularizara una cartera de fondos en la entidad Crédit Agricole por importe de 402.239,04 euros "de origen desconocido".

Los investigadores dicen tener indicios que les lleva a pensar que una hija de Edmundo Rodríguez -Patricia de nombre- "controla patrimonio oculto de su padre" y que podría ser la titular de bienes muebles e inmuebles -algunos en el extranjero- que en realidad serían de aquél. Los seguimientos realizados han permitido conocer que Patricia Rodríguez "planeaba un viaje a Inglaterra" para hacer un ingreso en libras que preocupaba su padre y que aquélla, según una interceptación telefónica, trató de tranquilizar a su padre: "¡No te preocupes porque no es un problema! Es un tema de hacerlo con discreción", le dice.

"Llama la atención que Edmundo tenga algún tipo de interés en esa operación porque, de acuerdo a la información tributaria, no tiene productos financieros declarados en Inglaterra. Estas circunstancias resultan indiciarias de un patrimonio en Inglaterra de Edmundo Rodríguez que no está declarado", detalla el auto. El nombre de Patricia Rodríguez no figura entre los de las 57 personas a los que alcanza la investigación que dirige el juez Eloy Velasco.

"Estructura societaria internacional"

La investigación que la UCO lleva realizando desde hace más de un año ha permitido conocer que Rodríguez Sobrino realizó "algún tipo de inversión inmobiliaria en Colombia" durante 2013, el año en que Inassa -domiciliada en ese país suramericano- consumó la compra del 75% de las acciones de Emissao. Según el auto judicial, el entonces presidente ejecutivo de la filial del Canal de Isabel II recurrió para acometer esta inversión a los servicios de un consultor para que le diseñara una "estructura societaria internacional"  a fin de "ocultar la trazabilidad de fondos".

La instrucción también ha revelado que, previamente, Edmundo Rodríguez ya había realizado otras inversiones en Colombia. Fue en 2011 y entonces contó con la intervención de Kamal Sitaldas Sadhwani Gopwani, a tenor del correo electrónico que éste le mandó a aquél informándole de las gestiones relativas "a varios negocios que parecen tener en común", como el relacionado con una constructora de Bogotá. Dicho email también tuvo como destinatario al directivo del Banco Santander Julián Carrascosa Cava, quien se habría reunido en septiembre de 2016 con Edmundo Rodríguez y el empresario Sergio Vidal Balaguer para tratar otra inversión en España por un montante de 10 millones de euros.