Edmundo Rodríguez Sobrino, en prisión desde el pasado 21 de abril por la investigación de la operación Lezo, en su recurso de apelación acusa al juez Eloy Velasco, que firmó su encarcelamiento, de haber actuado con "arbitrariedad". Por ello, su letrado, Miguel Bajo, solicita a la sala penal que anule el auto de ingreso en prisión y libere a su cliente aunque sea con una fianza.

En su escrito, el abogado replica los argumentos esgrimidos por el juez en un auto de 28 folios en los que recoge las pruebas contra Rodríguez Sobrino, el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y otras cinco personas. Y le reprocha que se haya limitado a copiar "los autos de entrada y registro" dictados para acceder al domicilio y al despacho profesional de su cliente en el auto de prisión.

"Acusando ciegamente"

El abogado le explica que estas medidas son diferentes y que no se pueden usar los mismos argumentos para entrar en una casa que para mandar a una persona a la cárcel. Por ello, acusa al juez de "no estar instruyendo, sino acusando ciegamente".

Además, sostiene que la resolución dictada por Velasco adolece de "falta de motivación" porque no se "relatan los motivos que evidencian el riesgo de fuga o la destrucción de pruebas". Y tilda este auto de prisión de ser "mecanicista"

El letrado desmonta a los magistrados de la sala penal la versión ofrecida por el juez para justificar el ingreso en prisión de Rodríguez Sobrino. Y niega que la compra de la empresa brasileña Emissao hubiera tenido por objeto fijar un precio sobrevalorado para "hacerse los acusados con la diferencia".

Defiende la compra de Emissao

Por el contrario, sostiene que esta operación "era una inversión transparente" y atribuye a la crisis económica de Brasil que bajara su precio cuando las perspectivas de negocio eran buenas, ya que en el 2012 facturó 40 millones de dólares y las previsiones eran que un año después llegara a los 181 millones de dólares.

Asimismo, el letrado rechaza que su cliente haya sobornado a funcionarios de Brasil para llevar a cabo esta operación que costó 31 millones de dólares, aunque admite que fue informado de este hecho. Sin embargo, asegura que no se le puede mandar a prisión por ser el director de Inassa. "No tiene fundamento alguno", apostilla.

El recurso tampoco acepta que este imputado haya cometido un delito de blanqueo de capitales o que oculte patrimonio en Inglaterra por haber pedido a su hija que le cambiara "unos billetes antiguos de libras esterlinas".

Arraigo familiar

El abogado alega, además, que su cliente cuenta con un arraigo familiar que disminuye el riesgo de fuga, ya que reside en Madrid con su mujer, su familia, atiende a su madre de 92 años de edad y va a ser abuelo en fechas próximas. Y subraya que el juez le ha embargado todos sus bienes, por lo que no podría hacer frente a "una costosa huida".

Miguel Bajo también revela que el magistrado "en la acusación que llevó como instructor" informó a Rodríguez Sobrino de que llevaba seis meses vigilándole y desvela que durante este periodo ha viajado en dos ocasiones a Colombia y recuerda que las primeras noticias de esta operación se publicaron en algunos medios de comunicación a finales de 2016.

El abogado también rechaza que se mantenga el riesgo de destrucción de pruebas después de los registros practicados, por lo que sostiene que la orden de prisión es una "medida innecesaria y desproporcionada". Y pide a la sala penal que anule la misma y dicte otra que sea menos gravosa. Y también reclama que visione la declaración de su cliente en la que hubo varios momentos de tensión como cuando el juez se refirió a la secretaria de Rodríguez, Clarisa Guerra, como "esta tía".