Los líderes de la Unión Europea han adoptado este sábado por unanimidad sus 'líneas rojas' para negociar con Reino Unido su salida del club comunitario, un proceso que debe concluir en dos años y para el que los líderes quieren subrayar la fuerte unidad del bloque de cara al Brexit.
"Las directrices han sido adoptadas por unanimidad. El mandato político firme y justo de la Unión Europea a 27 para las negociaciones del 'Brexit' están listas", ha anunciado el presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, en su cuenta oficial de Twitter.
Los jefes de Estado y de Gobierno europeos -sin la presencia de la británica Theresa May - han dado luz verde al documento de nueve páginas redactado por el equipo de Tusk tras recibir la petición formal de Londres para iniciar las conversaciones de divorcio.
El texto subraya el enfoque progresivo que plantea la Unión Europea y que cierra la puerta a negociar en paralelo el acuerdo futuro de relaciones bilaterales, pero abre la puerta a empezar a discutir la forma que podría tener ese futuro si se logran en los primeros meses avances sustanciales en asuntos prioritarios.
La decisión se ha tomado "en apenas un minuto" y ha sido acompañada por los aplausos de los mandatarios, según han asegurado desde el equipo de Tusk, con el objetivo de subrayar el consenso existente.
El documento apenas ha cambiado en el fondo desde que Tusk lo envió a las capitales el pasado 31 de marzo y con el que fijó tres prioridades: proteger los derechos de los europeos residentes en Reino Unido, aclarar la "factura" que deberá pagar Londres por su salida y la situación en que queda la frontera con Irlanda del Norte.
Se ha modificado el lenguaje para "endurecerlo" en cuestiones como los derechos de los ciudadanos comunitarios, para los que los Estados miembros quieren que puedan obtener la residencia permanente en Reino Unido a los cinco años de vivir en el país.
También se ha "reforzado" el texto en lo que se refiere a los compromisos y obligaciones que ha asumido como Estado miembro Reino Unido con el presupuesto comunitario y otros organismos como el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI).
Por el contrario, se mantiene sin cambios, pese al malestar que creó en el Gobierno de Theresa May, el párrafo que deja fuera de las negociaciones del 'Brexit' la situación de Gibraltar y recuerda que cualquier entendimiento posterior que afecte al territorio necesitará el visto bueno de España.
Tras el visto bueno de los líderes, el primer Consejo formal a Veintisiete desde que se anunció la decisión de Reino Unido de abandonar el bloque continúa para mantener una "discusión más general", han explicado fuentes europeas.
En la segunda parte del encuentro, se espera que cada líder exponga las prioridades y preocupaciones más importantes de su país de cara a la desconexión.
No habrá, sin embargo, espacio para otros asuntos de la agenda europea, como las tensiones con Turquía o la situación de Hungría, porque las reglas de la UE no lo permiten si no están todos los socios presentes, ha advertido un alto funcionario.
Las reivindicaciones de cada país serán también tenidas en cuenta para la redacción del mandato negociador detallado, que corre a cargo de la Comisión Europea y cuya primera versión se dará a conocer el próximo miércoles, 3 de mayo.
El siguiente paso será que los Estados miembros aporten sus aclaraciones a la redacción de Bruselas para definir un texto definitivo de mandato, que será aprobado el 22 de mayo y permitirá comenzar las negociaciones en junio, después de las elecciones británicas.
Por otro lado, los socios han atendido una petición expresa del primer ministro irlandés, Enda Kenny, para que conste en las actas de la reunión que la UE tiene presente los Acuerdos de Viernes Santo, que contemplan un mecanismo para la unificación de Irlanda y que, de producirse en los términos previstos, el territorio será en su conjunto parte de la Unión Europea.
Entre tanto, los socios comunitarios deben avanzar también en cuáles serán los criterios y calendario para determinar las futuras sedes de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), actualmente en Londres y que deben trasladarse a suelo comunitario antes de que se consolide el 'Brexit'.
Las directrices apuntan la necesidad de acordar su traslado con rapidez y en condiciones que faciliten la mudanza, pero no aclara el calendario para hacerlo ni las condiciones. El objetivo, no obstante, es establecer los criterios en junio y que los 27 puedan tomar una decisión el próximo otoño o en diciembre, a más tardar, según diversas fuentes consultadas.
Barcelona, que quedó segunda por detrás de Londres cuando se creó la EMA en 1992, vuelve a ser la candidata de España y deberá vérselas con otras aspirantes como Ámsterdam (Países Bajos), Lille (Francia), Copenhague y Dublín.
A falta de una lista oficial de candidatas, fuentes comunitarias señalan que todos los Estados miembros han expresado de manera más o menos formal su interés por acoger la EMA o la EBA.
El modo en que se conducirá este traslado es algo que deberá decidirse en las negociaciones del 'Brexit', pero la Unión Europea confía en que Reino Unido "facilite" la mudanza de las aproximadamente 1.100 personas que trabajan en la EMA, también asumiendo parte del coste del cambio de ubicación, según han apuntado fuentes europeas.
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