Hasta 10 años de cárcel y 20 de inhabilitación para cargo público por un perjuicio patrimonial contra la empresa pública Adigsa superior a los 120.000 euros. Estas son las penas que solicita el fiscal para Josep Fontdevila, Jordi Huguet y Jordi Sala, que han llevado a estos tres ex altos cargos de los gobiernos de Jordi Pujol a buscar un acuerdo de conformidad con el ministerio público que evite el juicio que este martes debe iniciar su vista oral en la Audiencia de Barcelona.
La vista, que debía empezar esta mañana, se ha pospuesto por un defecto de forma en las citaciones y seis de los siete acusados -empresarios y los ex cargos citados- han llegado a un acuerdo con la Fiscalía, pero la oposición del constructor José Antonio Salguero, ha impedido cerrar el acuerdo. Salguero, quien durante la instrucción reconoció las irregularidades y acusó al ex presidente de la Generalitat Artur Mas y al ex conseller Felip Puig de haber hecho caso omiso de sus denuncias ser sostiene que fue víctima del chantaje del intermediario José María Penin y rechaza por tanto declararse culpable de los delitos que sí aceptan el resto de los acusados.
El acuerdo, que sigue en el aire al no haberse formalizado ante el tribunal, prevé que los acusados paguen de forma solidaria los 120.000 euros presuntamente desviados de Adigsa por el sobrecoste de las obras -la mitad de los cuales han sido consignados hoy mismo- y reconozcan el pago de comisiones por la adjudicación de obras. Con esa sentencia de conformidad, los acusados se beneficiarían de una rebaja de condena que dejaría sus penas por debajo de los dos años, con lo que evitarían su ingreso en prisión, gracias a la aplicación de las atenuantes de dilaciones indebidas -por las demoras el caso-, reparación del daño y confesión.
El ex consejero delegado de Adigsa Josep Fontdevila, que afronta diez años -la pena más elevada-, aceptaría un año y nueve meses de cárcel por cada uno de los tres delitos de malversación, prevaricación y falsedad de que se le acusa, condena que no le obligaría a entrar en prisión gracias a que la última reforma del Código Penal permite suspender las penas cuando, individualmente, no superen los dos años, según fuentes jurídicas.
En la reanudación de la vista el próximo 16 de mayo, la sala deberá decidir si acepta ese acuerdo parcial, que obligaría a celebrar el juicio pero solo con las pruebas que afecten a Salguero, quien afronta año y medio de prisión y al que el resto de defensas han intentado sin éxito sumar al pacto.
Denuncia de Maragall
Se trata del primer juicio del famoso 3% que Pasqual Maragall denunció en 2005 en sede parlamentaria para afear los manejos de CiU al frente de la Generalitat. Entonces Maragall afrontaba desde la presidencia del Gobierno catalán el desastre provocado por el hundimiento de un túnel de metro en el barrio barcelonés de El Carmelo, y en plena trifulca con Artur Mas por lo que la oposición consideraba mala gestión del accidente, Maragall acabó recriminando a la bancada nacionalista: "Ustedes tienen un problema y se llama 3%".
El ex presidente socialista tuvo que acabar retractándose ante un indignado Mas, que llegó a denunciarle por injurias, puesto que Maragall no tenía pruebas de sus acusaciones -o no quiso presentarlas-. Pero la fiscalía de Cataluña, entonces bajo dirección de Josep Maria Mena, vio indicios suficientes para abrir una investigación. Mena, viejo enemigo de Jordi Pujol y su partido desde que dirigiera la investigación del caso Banca Catalana en los años 80 del siglo pasado, empezó a estirar del hilo hasta conseguir indicios suficientes para imputar a Fontdevila, Huguet y Sala.
También fue imputado el diputado convergente Ferran Falcó, -presidente de Adigsa entre 2002 y 2005, el periodo investigado- lo que llevó la causa al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que finalmente no encontró hechos probatorios suficientes para mantener la acusación contra él.
Mas desoyó la denuncia de un empresario
Salguero, que también ha sido investigado por la trama del 3% que investiga el juzgado de El Vendrell, denunció durante la instrucción que en su momento advirtió a Mas y Puig de que Josep Maria Penin -pariente del entonces consejero de Obras Públicas, Felip Puig, de quien dependía Adigsa- le exigía que incluyera en sus facturas por la reforma de 18 pisos un sobrecoste del 20% y que la única respuesta del ex conseller y ex secretario de Organización de CDC fue preguntarle cómo pensaba pagar.
Salguero llamó al referido familiar, Felip Puig y le dijo que estaba siendo víctima de un chantaje, a lo cual el señor Puig lo único que le preguntó era cómo iba a realizar el pago"
"Salguero llamó al referido familiar, Felip Puig y le dijo que estaba siendo víctima de un chantaje, a lo cual el señor Puig lo único que le preguntó era cómo iba a realizar el pago. El señor Salguero también estableció contacto con Artur Mas a través de un correo electrónico en el que le exponía la situación. La respuesta de Mas fue enviarle a su jefa de prensa y a Ferran Falcó, presidente de Adigsa en ese momento, para pedirle por favor que no denuncie nada", afirma el atestado de la Guardia Civil sobre la declaración del constructor en el caso 3%.
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