El Fiscal General del Estado,  José Manuel Maza, decidió ayer dejar en suspenso la decisión del Fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, de apartar a los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo de la investigación del caso conocido como 3% sobre las comisiones supuestamente cobradas por el partido CDC.

Grinda y Bermejo todavía no se explican por qué Moix quiere arrebatarles el caso y consideran que el argumento esgrimido por su jefe de que es más racional que sean los fiscales de Cataluña los que investiguen los casos de esa comunidad carece de sentido dado que en la actualidad ellos mismos actúan en varios sumarios sobre corrupción en dicha autonomía sin que hayan sido apartados.

En todo caso, la actuación de Maza parece prudente y trata de desactivar el descontento que se vive en el ministerio fiscal. A las presiones denunciadas por los fiscales de la operación Lezo (cuya cabeza visible es el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González), se ha sumado el incidente con los fiscales del 3%. Ayer mismo, tres miembros del Consejo Fiscal (pertenecientes a la Unión Progresista de Fiscales) plantearon la "conveniencia" de remover al propio Fiscal Anticorrupción de su cargo. Los nueve miembros restantes del Consejo votaron en contra, pero la votación da idea del nivel de tensión que existe en este cuerpo esencial para la investigación de la corrupción y el crimen organizado.

El Consejo también rechazó dar amparo a los fiscales Grinda y Bermejo (y a Juan José Rosa) ante la denuncia presentada por Rafael Pallardó, empresario catalán y confidente, implicado en la operación Emperador por el presunto blanqueo de la fortuna de Gao Ping.

Como las casualidades no existen, justamente ayer los accionistas mayoritarios de la Banca Privada d'Andorra (BPA), los hermanos Ramón e Higini Cierco, pidieron al Fiscal General que abra una investigación para determinar si hubo un "complot" para castigar a su banco ante la creencia de que se ocultaban datos relativos a la familia Pujol. En su escrito hablan de supuestas reuniones con los fiscales Grinda y Bermejo.

Los Cierco presentaron una querella contra los jefes policiales Carles Fiñana y Martín Blas por presunta coacción para que revelaran datos sobre los Pujol

Los Cierco presentaron el año pasado una querella en Andorra contra el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Carles Fiñana, y contra el comisario Marcelino Martín Blas -ex jefe de Asuntos Internos de la Policía- por presunta coacción para que revelaran datos sobre la familia Pujol. Según su versión, si no colaboraban con la Policía, su banco sería intervenido. Efectivamente, el Banco de Madrid, filial del BPA, fue intervenido por el Banco de España el 10 de marzo de 2015 por facilitar supuestamente voluminosas operaciones de blanqueo. Al mismo tiempo, la Financial Crime Enforcement Networks (FinCen), dependiente del Tesoro de EEUU, cortó las líneas de financiación de BPA sosteniendo los mismos argumentos que el Banco de España.

Los Cierco quieren recuperar su fortuna (el Banco de Madrid era uno de los más solventes del sistema financiero español con un negocio que superaba los 5.000 millones de euros) y han recurrido a todo tipo de argumentos para tratar de demostrar que la operación contra BPA y Banco de Madrid tuvo un origen inconfesable.

Ahora bien: ¿como se ligan todas las piezas de este complicado puzzle?

Los abogados de Pallardó habían hecho llegar a los fiscales que el empresario había actuado como “cajero” del dinero de los Pujol en Andorra

Empecemos por un personaje clave en esta historia: Pallardó. El empresario que llegó a tener un importante negocio de distribución de pantalones vaqueros en Cataluña era -según su propia confesión- el principal blanqueador de la fortuna del magnate chino Gao Ping. Fue durante la investigación de ese caso como los fiscales del 3% entraron en contacto con él. En octubre de 2014, Pallardó pidió a través de sus abogados, David Carrau y Manel Riera, una reunión para aportar datos sobre la fortuna de la familia Pujol. El encuentro se produjo en efecto el día 30 de ese mismo mes en la sede del TSJ de Cataluña y a él asistieron, además de Pallardó y sus dos representantes legales, los fiscales Grinda, Bermejo y Juan José Rosa. Los abogados habían hecho llegar a los fiscales que Pallardó había actuado como "cajero" del dinero de los Pujol en Andorra. En teoría, el empresario se dedicaba a entregar dinero en efectivo tanto a Marta Ferrusola como al propio Jordi Pujol Soley de sus cuentas en el banco andorrano Andbank. La reunión acabó como el rosario de la aurora porque Pallardó se descolgó pidiendo, a cambio de la información, dinero "de los fondos reservados" o bien de un periódico que estaba muy interesado en ese asunto (El Mundo).

Para sorpresa de casi todos los implicados, Pallardó presentó el pasado 28 de marzo una denuncia contra los fiscales Grinda, Bermejo y Rosa por presuntas coacciones. Es decir, que ha esperado casi dos año y medio para querellarse.

La clave para entender esta denuncia está en la fecha en la cual Pallardó sitúa la reunión con los fiscales adscritos a Anticorrupción: el 12 de marzo de 2015. Justo dos días después de que se produce la intervención del Banco de Madrid. Pallardó declaró en Andorra el día 13 de marzo de ese mismo año para avalar la acusación sobre las operaciones de blanqueo que perseguía la Fiscalía del principado. Los fiscales sostienen que esta maniobra justificaría la decisión de rectificar aquella declaración, alegando que las hizo coaccionado.

El problema para Pallardó es que los fiscales pueden demostrar que en la fecha la que él fija la reunión (el 10 de marzo de 2015), al menos Grinda no estaba en Barcelona.

Después de la confesión de Jordi Pujol, donde declaró que el dinero pertenecía a una herencia de su padre, Marta Ferrusola habría manejado 30 millones de euros en Andbank

Otro dato arroja luz sobre este complejo caso. La semana pasada el Fiscal Anticorrupción Moix recibió en su despacho a los Higini Cierco Cierco (después también recibió a Pallardó, cuya denuncia a los fiscales tramitó). Según fuentes solventes, los propietarios del BPA disponen de una información muy relevante sobre los Pujol. En 2010 la familia del ex presidente de la Generalitat trasladó su dinero oculto en el Andbank al BPA. Sin embargo, la documentación aportada por los Cierco demostraría que el Andbank habría engañado a la Fiscalía ya que, después de que fueran detectadas las cuentas en el BPA -julio de 2014- y de la confesión de Jordi Pujol de que ese dinero pertenecía a una herencia de su padre, su esposa, Marta Ferrusola habría manejado 30 millones de euros en Andbank.

Que los Cierco y Pallardó actúan en connivencia parece evidente. El objetivo: recobrar la propiedad sobre el Banco de Madrid o bien recibir un justiprecio (de ahí su disposición a colaborar con la Fiscalía) ¿Por qué la decisión de remover a Grinda y Bermejo? Hasta ahora, eso es un misterio.