Tiene un millar de celdas residenciales, se levanta sobre una parcela de más de 65 hectáreas, la construcción ocupa una superficie equivalente a ocho campos de fútbol, requirió una inversión de 7.577 millones de pesetas (45,53 millones de euros), entró en servicio hace ahora 22 años y su población ronda en la actualidad las 1.400 personas. Ésta es la ficha técnica del centro penitenciario Madrid V, más conocido por el nombre del municipio en el que se ubica -Soto del Real- y sobre todo por ser la cárcel en la que cumplen condena o permanecen internados de forma preventiva algunos presos ilustres investigados por sonados casos de corrupción.

En medio de un gran rechazo vecinal, la prisión se inauguró oficialmente el 14 de marzo de 1995 en el curso de un acto que estuvo presidido por el entonces ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch. La oposición a la construcción de este centro penitenciario hizo que ningún alcalde de la comarca asistiera al estreno y que la oposición llevara este proyecto al debate político en la Asamblea de Madrid.

Soto del Real fue el primer exponente del nuevo prototipo de prisión concebido en la recta final de la etapa de Felipe González como presidente del Gobierno. Enmarcado en el 'Plan de amortización y creación de centros penitenciarios' que aprobó el Ministerio de Justicia en julio de 1991 para cubrir el déficit de plazas existentes entonces y afrontar la demanda prevista, esta cárcel respondía a un nuevo diseño arquitectónico y ofrecía servicios novedosos -como el acceso a las nuevas tecnologías y un módulo universitario- para favorecer la reinserción de los reclusos. Las crónicas periodísticas de la época destacaban las dimensiones de las celdas (10 metros cuadrados) y que las instalaciones contaran con piscina y dos pistas de squash.

Los detenidos en 'Lezo' coinciden en esta cárcel madrileña con Jordi Pujol Ferrusola y Díaz Ferrán, ex dueño de Marsans

Entre los 14 módulos (uno para mujeres) que integran la prisión de Soto del Real coinciden actualmente los cuatros encarcelados en el marco de la operación Lezo (el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, su hermano Pablo y los antiguos directivos del Canal de Isabel II Edmundo Rodríguez Sobrino y María Fernanda Richmond) y Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del ex presidente de la Generalitat de Cataluña y al que el magistrado José de la Mata envió a la cárcel el pasado 25 de abril para que no pueda destruir pruebas después de haber evadido presuntamente casi 30 millones de euros.

Los nuevos internos comparten prisión con otro recluso bien conocido por la opinión pública: Gerardo Díaz Ferrán. El sucesor de José María Cuevas al frente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y antiguo dueño del Grupo Marsans es ya un veterano en Soto del Real, su hogar desde las vísperas de las Navidades de 2012. En el marco de la conocida como operación Crucero, el juez Eloy Velasco -instructor de los casos Lezo y Púnica- mandó a la cárcel a Díaz Ferrán acusado de la comisión de delitos de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales e insolvencia punible.

Justo un año después, la Audiencia Nacional lo condenó a dos años y dos meses de prisión por delito contra la Hacienda Pública por defraudar más de 99 millones de euros en la compra de Aerolíneas Argentinas; en julio de 2015 aceptó una pena de cinco años y seis meses por vaciar Marsans antes de declararse insolvente para evitar así el pago a sus acreedores y en febrero de 2016 fue sentenciado a dos años de cárcel por apropiarse de 4,4 millones de clientes que tenían contratados viajes con su agencia y nunca pudieron disfrutarlo.

Conde, Correa, Bárcenas, Ruiz-Mateos y Blesa, entre los reclusos 'ilustres' que han pasado por esta cárcel madrileña

El viacrucis judicial de Díaz Ferrán no está lejos de concluir. El Juzgado de Instrucción 8 de Palma ha dictado ya auto de procesamiento para él y otros 11 imputados en el caso Mar Blau, en el que se ha investigado una trama de corrupción en torno a la adjudicación de varios puertos públicos de Baleares y donde el empresario madrileño se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de tres años y medio de cárcel por alteración de concursos públicos y falsedad documental. A ello se suma la condena de dos años por apropiación indebida en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid, tras haber cargado a la tarjeta opaca 93.984 euros en su etapa de consejero de esta caja de ahorro que requirió el rescate por parte del Estado en plena crisis económica.

Soto del Real fue también la cárcel en la que estuvo recluido el pasado año durante 65 días Mario Conde, en el marco de la causa instruida por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por repatriar presuntamente 13 millones del caso Banesto. El ex banquero, bibliotecario en prisión, pudo recuperar la libertad tras depositar una fianza de 300.000 euros.

Menos tiempo que Conde estuvo en este penal José María Ruiz-Mateos, que cuando contaba 84 años permaneció nueve días -del 17 a 26 de junio de 2015- privado de libertad por acusaciones de estafa, insolvencia punible (antes alzamiento de bienes) y fraude a la Hacienda Pública. El deterioro de su estado físico y su habilidad cognitiva llevó al juez a ordenar la excarcelación del empresario gaditano, que falleció el 7 de septiembre de dicho año.

A las 21.45 horas del 22 de enero de 2015, el ex tesorero del PP Luis Bárcenas abandonó la cárcel madrileña tras permanecer recluido durante 574 días y depositar 200.000 euros de fianza. En plena instrucción del caso Gürtel, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz lo encarceló para conjurar el riesgo de fuga, después de que la explicación ofrecida por el ex senador popular sobre el origen del dinero que ocultaba en cuentas en Suiza le pareciera "parcial, inconsistente y manifiestamente insuficiente" y que desconfiase de la justificación ofrecida sobre el motivo de un viaje de 14 horas a Argentina -una supuesta venta de arte- días antes de justificar un ingreso de 560.000 euros realizado por su esposa.

Vista aérea de la prisión ubicada en el término de Soto del Real (Madrid), apreciándose la división en módulos. EL INDEPENDIENTE

Bárcenas no coincidió con Francisco Correa en Soto del Real, donde el cabecilla de la trama Gürtel permaneció durante tres años y cuatro meses (ocho meses menos del máximo legal). Correa ha vuelto a prisión tras ser condenado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a 13 años en la rama valenciana -el que se ha conocido como caso Fitur-, pero cumple la pena en la cárcel de Valdemoro al igual que Pablo Crespo y Álvaro Pérez El bigotes. Tanto Crespo como ‘El bigotes’ estuvieron también en el centro penitenciario de Soto del Real como preventivos tras ser detenidos en febrero de 2009 con el estallido de la trama Gürtel.

El 5 de junio de 2013 volvió Miguel Blesa a pisar como recluso esta prisión madrileña, en la que había permanecido 24 horas a mediados de mayo (salió al día siguiente de entrar tras depositar una fianza de 2,5 millones). El entonces titular del Juzgado de Instrucción 9 de Madrid, Elpidio Silva, acordó el encarcelamiento del ex presidente de Caja Madrid en la causa en la que investigaba la compra del City Bank de Florida por la entidad financiera en 2008. Blesa salió en libertad a los 15 días, después de que la Audiencia de Madrid declarara la nulidad de la pieza principal y la Fiscalía y su defensa pidieran su excarcelación.

Otros presos ilustres que han dormido en Soto del Real han sido los políticos convergentes Lluis Prenafeta y Macià Alavedra, cuando fueron detenidos en octubre de 2009 por orden del juez Baltasar Garzón en el marco de la instrucción del caso Pretoria. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzga desde el pasado 12 de marzo a los integrantes de esta trama corrupta que operó en los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramanet, Sant Andreu de Llavaneras y Badalona entre 2000 y 2009 y cuyo fraude ascendió a 45 millones.

La quinta prisión madrileña tiene 1.008 celdas, se inauguró en 1995 y tuvo un coste de más de 45,5 millones

Soto del Real fue también la prisión en la que ingresaron como preventivos Luis Pineda y Miguel Bernad, presidente de Ausbanc y secretario general de Manos Limpias, respectivamente, tras su detención a mediados de abril de 2016 en el marco de la operación Nelson por extorsionar a entidades financieras. Con posterioridad, Pineda fue trasladado a otro centro penitenciario de la Comunidad de Madrid -concretamente al penal de Estremera- y Bernad estaba internado en el de Navalcarnero antes de que su familia depositara la fianza en vísperas de las pasadas Navidades y pudiera salir en libertar provisional a la espera de que el juez Santiago Pedraz dé por terminada la instrucción y eleve la causa para su enjuiciamiento.

Situada a 40 kilómetros de la capital, la prisión en la que permanecen internados los detenidos en la operación Lezo, el primogénito de los Pujol Ferrusola y Gerardo Díaz Ferrán es la segunda de mayor capacidad de los siete centros penitenciarios de la Comunidad de Madrid -1.008 celdas residenciales, como la de Estremera- y cuenta con una población reclusa formada por 1.384 personas (con datos referidos a finales de febrero, los últimos disponibles). La ocupación, por tanto, es del 68,65%.

1.384 presos, la mitad extranjeros

Desglosados los datos por tipología, 696 son presos preventivos (647 hombres y 49 mujeres) y 688 penados (656 hombres y 32 mujeres). Según fuentes penitenciarias, hay ocho internos que cumplen una condena de más de 20 años; 11, de entre 15 y 20 años; 57, de entre 8 y 15 años; 289, entre tres y ocho años, y 155 reclusos fueron sentenciados a penas que oscilan entre los tres meses y los tres años.

De los 1.384 presos, hay 55 (entre penados y preventivos) que tienen una edad superior a los 60 años y 769 son extranjeros, mayoritariamente hombres (710). Este centro penitenciario alcanzó su techo en 2006, cuando llegó a registrar 1.888 reclusos (casi el 94% de ocupación).