La Generalitat publica este martes en su portal de contratación el concurso para la compra de urnas por un valor de 200.000 euros, en dos lotes. El anuncio, publicado hoy en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) define un primer lote de 184.000 euros para urnas transparentes y el segundo, por 16.000 euros, para urnas de cartón.

Se cumple así el anuncio realizado por el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, cuando la semana pasada quiso tranquilizar a la militancia independentista asegurando que el proceso estaba en marcha y puso como ejemplo la inminente licitación de la compra de urnas para poder celebrar el referéndum prometido el próximo septiembre.

La licitación publicada por el Departamento de Gobernación de la Generalitat, en manos de la ex convergente Meritxell Borras, establece quince días para que las empresas puedan optar a la licitación, en la que se remite a la legislación vigente y las competencias actuales de la Generalitat en materia electoral para justificar el encargo. En concreto, se refiere a LOREG, el Estatuto y la Ley de consultas populares por vía de referéndum aprobada por el Parlament en 2014.

Órdenes a la Fiscalía

El Gobierno advirtió el pasado viernes, a través de su portavoz del Gobierno Iñigo Méndez de Vigo, que si el “anuncio del anuncio” avanzado entonces por Junqueras se traducía en hechos daría órdenes a la Fiscalía para que actuara en consecuencia, y señaló no sólo al ofertante -la Generalitat- sino a las empresas que concurran a un concurso público cuyos objetivos podrían ser ilegales.

La iniciativa de la Generalitat da el pistoletazo de salida a un proceso en el que, a lo largo del próximo mes, el gobierno de Carles Puigdemont debe demostrar cómo, cuando y en qué condiciones piensa convocar el referéndum independentista prometido en octubre de 2016. Puigdemont prometió entonces que la consulta se realizaría la segunda quincena de septiembre con o sin acuerdo del Gobierno. Unos plazos que, si nos remitimos a la experiencia del 9-N, parecen imposibles de cumplir cuando el Govern todavía no ha fijado “fecha y pregunta” como reclama insistentemente la CUP.

Pero esta es la primera acción ejecutiva asociada a la celebración del referéndum, que el bloque independentista pretende convocar amparándose en una ley de transitoriedad jurídica que aprobará por la vía exprés, posible a su vez gracias a la reforma iniciada en el parlamento catalán. El referéndum no tiene fecha, pregunta ni marco legal al que acogerse, pero la Generalitat insiste en que se celebrará.

'¿Este país no es libre?'

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha criticado este martes que el Gobierno central haya avisado de que la Fiscalía actuará si la Generalitat licita la compra de urnas, y se ha preguntado "cómo puede sonar esto" en un país como Alemania.

"¿Este país no es libre para comprar lo que quiera? ¿El Govern no puede comprar urnas? A nivel internacional, ¿cómo puede sonar esto en la Alemania de la Europa democrática? Es terrible", ha sostenido en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press.

La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, ha avisado por su parte a la Generalitat de que "no va a haber escapismo legal". En una entrevista en Los Desayunos de TVE, recogida por Europa Press, Levy ha asegurado que "no hay ninguna rendija por la que se pueda colar una sola ilegalidad", tan solo una "ley que garantiza la igualdad de todos" los ciudadanos catalanes.