Ignacio González se ha valido "de sus relaciones personales" para entorpecer "o dilapidar el procedimiento" junto a Edmundo Rodríguez con el que ha "forjado" un "pacto delictivo" para ocultar el dinero que han desviado de fondos públicos. Este es uno de los argumentos que utilizan los fiscales anticorrupción Carlos Yañez y Carmen García para solicitar a la sala penal de la Audiencia Nacional que confirme el ingreso en prisión de ambos dictado por el juez Eloy Velasco el pasado 27 de abril.

Ambos han solicitado directamente a los jueces que dejen sin efecto esta medida por considerar que la misma ha sido arbitraria y desproporcionada. Además, también han alegado que no tienen intención de fugarse pues cuentan con arraigo familiar.

El ex presidente de la Comunidad de Madrid explicó al juez que no tiene intención de fugarse porque su hija se va a casar el próximo mes de septiembre. Y Rodriguez alegó que cuida de su madre de 92 años de edad y desveló que va a ser abuelo próximamente.

Fortuna sin control

Sin embargo, para el fiscal estas circunstancias no son suficientes para dejarles en libertad, ya que valora que ambos son titulares de un entramado empresarial en el extranjero en el que esconden "las ingentes cantidades" de dinero público que han desviado. Además, el fiscal reconoce que la justicia "en el momento actual" no tiene controlado este capital.

Además, los fiscales consideran que ambos casos se mantiene el riesgo de reiteración delictiva. En el caso de González explican que ha recurrido a "personas pertenecientes" al Canal, a la policía, y a "personas vinculadas a la política y el poder judicial" para "entorpecer el procedimiento".

También revela que González, en su declaración judicial, reconoció haber contactado "con alguna persona del Ministerio de Justicia, ministerio fiscal o judicatura" aunque no quiso identificarla, ya que aseguró que "no lo recordaba".

"Esta un poco preocupao"

Asimismo, el ex presidente de Madrid admitió que tuvo contactos con "algún alto cargo de la policía para saber cómo estaban las cosas y conocer si tenían algún informe que le afectase".

Anticorrupción, además, desvela que su hermano, Pablo, tras unas reuniones con Ignacio y su hermana Isabel le comentó a ésta en una de las conversaciones grabadas: "Le han avisado de que tenía pinchados los teléfonos (...) Vamos, vamos se quedó un poco preocupao".

La fiscalía aporta otra grabación llevada a cabo el 6 de marzo del 2017 en el despacho del ex presidente de la Comunidad de Madrid en la que participan los tres hermanos González en la que muestran su interés por saber "quién estaba al frente" de la policía vinculado a "la presunta investigación chivada por el secretario de Estado de Seguridad".

Los seguimientos policiales a Pablo González confirman que éste se reunió con el secretario de Estado el 8 de marzo. Una reunión que la fiscalía califica "como grave por lo que ello pueda implicar".

Por ello, los fiscales sostienen que "el riesgo de destrucción de pruebas es evidente" porque el ex presidente de la Comunidad de Madrid "ha demostrado una capacidad real de acción para interferir en el normal desarrollo de la investigación".

Testigos sobornados

Por su parte, el mismo riesgo se mantiene en el caso de Edmundo Rodríguez que, según la fiscalía, puede influir en testigos que aún deben declarar en la causa y que residen en países "donde ha sobornado a funcionarios o pagado comisiones a las autoridades".

En cuanto al arraigo familiar de ambos, la fiscalía sostiene que la notoriedad pública de la que goza el ex presidente de la Comunidad de Madrid no sirve para pensar que su fuga sea "impensable", ya que lo que le provocaría sería dificultades para esconderse en España "pero no en otros Estados".

Asimismo, recuerda que la actuación del ex presidente de Madrid "ha traspasado las fronteras nacionales" porque ha cometido presuntos delitos en Brasil, Panamá o Colombia. Y esconde parte de su fortuna en Suiza.

La fiscalía reitera que González–como hizo el juez en el auto de prisión– proyectaba invertir capitales, crear sociedades con personas interpuestas, utilizar fondos de inversión a través de los cuales "pasear el dinero" para luego invertirlo. Además, Anticorrupción subraya que el ex presidente de Madrid llevaba "un nivel de vida incompatible con sus fuentes de rentas".

Oscuros negocios en Sudamérica

Por su parte, Edmundo Rodríguez oculta 20 millones de euros en Suiza que proceden de "la sobrevaloración del precio de venta" de la empresa brasileña Emissao por la empresa pública Inassa.

Los fiscales también reprochan a Rodríguez "sus oscuros negocios planeados y consumidos en Sudamérica" y resaltan la colaboración de su hija Patricia en sus negocios que se extienden por Colombia, República Dominicana y Reino Unido.

Por ello, la fiscalía afirma que este imputado "puede iniciar" una nueva vida "en terceros países sustrayéndose a la acción de la justicia". Y recuerdan que presionó al director de la Razón, Francisco Marhuenda, para que este a su vez presionase a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, "para que no aportasen pruebas a la fiscalía".

Hechos que repugnan a la sociedad

Por ello, Anticorrupción pide a los jueces de la sala penal que mantenga en prisión a González y Rodríguez. Y señala que los hechos investigados "repugnan a la sociedad, minan la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones y merman gravemente el capital público".

Además, la fiscalía reclama al tribunal que en este caso prevalezca "la adecuada protección de la instrucción judicial para un correcto esclarecimiento de los hechos, sin sombras o dudas, para que se "recuperen los fondos públicos presuntamente detraídos".