El ex ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, propuso que el Gobierno utilizara el artículo 155 de la Constitución para frenar la celebración de la consulta del 9-N. Así lo ha confirmado este miércoles el propio Margallo en el transcurso de un debate con la que entonces era vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, recientemente condenada por la organización de esa consulta sobre la independencia de Cataluña. Margallo abogó en noviembre de 2014 por que el Gobierno ordenara a la Generalitat requisar las urnas y papeletas para evitar que se celebrara la consulta y, en caso de que ésta se negara, invocar el artículo 155 "por 24 horas" para poner a los Mossos d'Esquadra bajo mando del Ministerio del Interior y que éstos impidieran la consulta. Una tesis que a juicio de Ortega hubiera sido "una gran irresponsabilidad".
Margallo, quien durante la pasada legislatura ya se caracterizó por ser el ministro más locuaz sobre la crisis catalana, ha afirmado en el debate celebrado en el Colegio de Periodistas de Cataluña que la consulta del 9-N "se debería haber impedido, las papeletas y las urnas se estaban haciendo en una cárcel de Lleida" y ha abogado por imponer la misma tesis en la consulta que la Generalitat prepara supuestamente para el próximo septiembre, un referéndum que, a diferencia del celebrado en 2014, aspira a ser vinculante, según el gobierno de Carles Puigdemont.
El ex ministro de Exteriores ha asegurado que las medidas de fuerza que propuso en su día deberían ir acompañadas "de forma simultánea" por una oferta de negociación a la Generalitat que abarcara la reforma de la Constitución para dar salida a la desafección catalana, la reforma del sistema de financiación autonómica, recuperar la Disposición Adicional Tercera del Estatut -anulada por el Constitucional, que fijaba la obligatoriedad de invertir en Cataluña la parte proporcional a su aportación al PIB nacional-, y una ley oficial de lenguas.
'Esto sólo se arregla hablando'
En este contexto, Maragallo ha hecho suyo uno de los mantras del nacionalismo al convenir que el actual conflicto entre Gobierno y Generalitat "sólo se resuelve hablando". Tras el mensaje de fuerza inicial, el recurso al artículo 155 de la Constitución, que supone la suspensión parcial de la autonomía, el dirigente popular ha señalado que el procés debe abordarse con diálogo entre las partes, "no sólo yendo a los tribunales".
"Estamos donde estamos y esto sólo se arregla hablando. Esto es un problema político que no se resuelve sólo con la brigada Aranzadi, las leyes hay que cumplirlas, pero además hay que hacer política" ha insistido en un claro reproche a las tesis impuestas por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Una reflexión que coincide con el anuncio de la Fiscalía de una querella contra la Generalitat por la compra de urnas para la celebración del referéndum.
Esto es un problema político que no se resuelve sólo con la brigada Aranzadi'
En cuanto a los "errores" que a su juicio han conducido al problema territorial, Margallo ha mencionado la decisión del ex presidente Pasqual Maragall de impulsar un nuevo Estatut "sin contar con el PP", así como la renuncia del PP a "presentar una enmienda" que plantease una alternativa a ese Estatut. La sentencia del Tribunal Constitucional que recortó el Estatut "no fue afortunada", ha añadido, como tampoco lo fue la manifestación que convocó luego el entonces president José Montilla, ha añadido.
Por su parte, la ex vicepresidenta catalana Joana Ortega, ha retado a Margallo a valorar su condena a un año y 9 meses de inhabilitación por la organización del 9-N, a lo que el ex ministro se ha negado, y ha explicado que una semana antes del 9-N viajó a Madrid para reunirse con Sáenz de Santamaría, con el fin de "buscar un acuerdo" que hiciera posible celebrar la consulta, pero se llevó "un 'no' por respuesta".
Ortega ha denunciado que "judicializar la política" ha sido "el más grande error" cometido en este proceso, porque "los conflictos políticos deben resolverse por la vía política" y no hay que utilizar "el mazo de los magistrados en vez del diálogo".
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