La Audiencia Nacional celebrará próximamente una vista para analizar si mantiene en prisión a Ignacio González por el caso Lezo, a cuya excarcelación se ha opuesto la Fiscalía en un discutido informe por la "confusa" alusión que se hacía a "la 'chivada' del secretario de Estado de Seguridad".

El recurso de apelación contra su prisión provisional, ordenada por el juez Eloy Velasco el pasado 21 de abril, ha recaído en la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por Ángela Murillo, y que también integran los magistrados Teresa Palacios, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel, según han informado a Efe fuentes jurídicas.

Estas fuentes han precisado que, al tratarse del primer recurso del ex presidente madrileño contra su prisión, se celebrará una vista a puerta cerrada para que cada parte exponga sus argumentos -los sucesivos recursos serían ya sin vista-, y cuya fecha no tardará en fijarse por ser causa con preso, de carácter prioritario.

El abogado de González, Esteban Mestre, podrá hacer valer, ante el tribunal de tres magistrados que se constituya, los motivos por los que considera que se debe levantar la medida cautelar de prisión preventiva a su cliente.

Los que ha invocado en el recurso son, fundamentalmente, el arraigo familiar y la notoriedad pública, que, a su entender, impedirían una posible huida del ex presidente madrileño, sucesor de Esperanza Aguirre.

La Fiscalía Anticorrupción ha refutado estos argumentos en un polémico informe hecho público esta semana en el que aludía a una "presunta investigación 'chivada'" del secretario de Estado de Seguridad", José Antonio Nieto, expresión que después tuvo que aclarar el Ministerio Público, puntualizando que, pese a esa mención, a este alto cargo no se le imputaba delito alguno.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, trató finalmente de zanjar este asunto pidiendo públicas disculpas a Nieto por lo que calificó de "redacción confusa" que induce a "error", a la vez que defendía la actuación del recién nombrado jefe de la Anticorrupción, Manuel Moix, que está siendo cuestionado desde varios sectores judiciales y políticos.

Para oponerse a la libertad de González, los fiscales del caso, Carlos Yáñez y Carmen García, alertaban en su escrito de que éste y otros investigados en Lezo por la gestión del Canal de Isabel II habían "ampliado su círculo de acción a distintos sectores de la administración pública con influencias en el ámbito de las carreras judicial y fiscal, así como en el seno del Cuerpo Nacional de Policía, todo ello para lograr la impunidad de sus acciones".

Reforzaban así la hipótesis de que González y otros investigados en prisión como Edmundo Rodríguez Sobrino, que también ha pedido su excarcelación y que fue presidente de Inassa, la filial latinoamericana del Canal de Isabel II, pudieran manipular o destruir pruebas a través de esos contactos.

"Para ejecutar esta acción", añadían, González y su hombre de confianza en Latinoamérica recurrieron "a personas pertenecientes al ente público Canal de Isabel II, a la del Cuerpo Nacional de Policía y a personas vinculadas a la política y el Poder Judicial".

La Fiscalía denunciaba asimismo "un pacto delictivo" entre los investigados, cuyo "principal nexo es el conocimiento, la participación y la ocultación de 'componendas ilícitas pagadas con dinero público'".

Sobre el desvío de fondos, la investigación tiene acreditado que González "disfrutaba de un nivel de vida incompatible con sus fuentes de renta" y en cuanto al arraigo familiar que dice le impediría huir, la Fiscalía apunta a que la "mayor parte de los miembros de la familia" "presuntamente han intervenido en las actividades investigadas".

Tampoco anula ese riesgo, dicen los fiscales, que se trate de una persona de notoriedad pública, ya que "la realidad judicial de España" ha demostrado que en otros casos en que eso parecía "impensable" la huida finalmente se produjo.