El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga la trama Púnica, considera que el PP de Madrid tuvo contabilidad "B" de gastos electorales en tres campañas electorales, dos de ellas municipales y autonómicas (2007 y 2011) y otra de ellas de elecciones generales (2008). El juez sostiene que la Guardia Civil ha podido acreditar que "importantes gastos electorales" de las campañas de 2007 y 2008 e "indiciariamente" de las de 2011 se pagaron mediante "subvenciones públicas" de la Comunidad de Madrid a través de la Fundación Fundescam.

Velasco, en la documentación que obra en el sumario y a la que ha tenido acceso EFE, señala como responsables al exconsejero de Presidencia y exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados; al extesorero del partido Beltrán Gutiérrez y al exconsejero de Transportes Ignacio Echevarría, todos ellos patronos de Fundescam.

El juez señala además que existen evidencias de que determinados empresarios, entre los que cita a Arturo Fernández, ingresaron en 2007 "importantes cantidades de dinero" en la cuenta de la Fundación para gastos electorales que no fueron declarados como tal y encuentra "sólidos indicios" de que, a cambio, fueron adjudicatarios de contratos relacionados con la Asamblea de Madrid.

La Unión Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cree que el grupo popular en la Asamblea de Madrid desvió de forma irregular 1,7 millones de euros de su presupuesto al PP de Madrid para sufragar los gastos de la campaña electoral de las elecciones autonómicas del año 2007.

El juez señala además que existen evidencias de que determinados empresarios ingresaron en 2007 "importantes cantidades de dinero" en la cuenta de la Fundación

El instituto armado halló entre la documentación relacionada con la financiación de los gastos de la citada campaña un apunte de 1,7 millones de euros indicados como ingresos al PP madrileño que le habría hecho llegar el "Grupo PP Asamblea", lo que, según la UCO, se refiere "al grupo del Partido Popular de Asamblea de Madrid".

Así lo refleja la UCO en un informe fechado el 22 septiembre de 2016 que obra en el sumario del caso Púnica, al que ha tenido acceso Efe, y en el que solicitó al juez instructor del caso, Eloy Velasco, que requiriese a la entidad bancaria donde el grupo popular tenía su cuenta toda la información relativa a los movimientos, como así hizo el magistrado.

La UCO argumenta que en la cuenta corriente de funcionamiento del PP de Madrid -que no puede utilizarse para facturar gastos de campaña- se hallaron dos ingresos de 850.000 euros cada uno "dimanantes de la cuenta corriente del Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid", que podría corresponder con los 1,7 millones citados anteriormente.

Por otra parte, la Guardia Civil destaca que el PP madrileño "podría haber facturado actos de la campaña electoral a través de una empresa interpuesta -Sintra Consultores-" empleando para ello la mencionada cuenta y no la que debe utilizar para recoger los gastos e ingresos efectuados en las campañas.

En concreto, detalla un pago de 517.168 euros del partido a esta empresa en conceptos de asesoramiento, una cantidad muy parecida a la que refleja Sintra en conceptos de operaciones con terceros en una declaración tributaria.

"Esta operativa también podría responder a la finalidad de enmascarar gastos electorales que, de esa manera, no serían fiscalizados, teniendo en cuenta que las únicas cuentas corrientes fiscalizadas a efectos electorales son las cuentas abiertas para la campaña electoral", refleja la UCO.