Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, dio luz verde a que se cambiaran las condiciones del concurso para la concesión de la cafetería de la Asamblea de Madrid de los años 2009 y 2011 para que el contrato fuera adjudicado a Arturo Fernández, según un informe de la UCO recogido en el sumario del caso Púnica cuyo secreto ha sido levantado por el juez Eloy Velasco.

En este informe policial se analizan las explicaciones que han dado los otros tres miembros del comité de expertos de esta contratación en el que también intervenía Cifuentes, que además era la presidenta de la mesa de contratación. Los agentes han detectado "significativas contradicciones" en sus declaraciones.

Los agentes sostienen que el informe elaborado por Isaac Zubiri, que ocupaba el cargo de jefe de servicios económicos de la Asamblea de Madrid, y suscrito por los otros componentes del comité de expertos, "faltó a la verdad" cuando justificó que a la otra empresa que se presentó a este concurso, Clece, se le asignara cero puntos "bajo la falsa argumentación de que la misma no había presentado documentación alguna". Esta circunstancia, según los agentes, fue conocida por Cifuentes.

En el informe se recogen las declaraciones de Tatiana Recoder, jefa del servicio jurídico de la Asamblea de Madrid; de María Merino, jefa de relaciones externas, y de Zubiri. La primera explicó que su papel en esta adjudicación se limitó a realizar "un informe estrictamente jurídico" sobre esta contratación.

También admitió que las modificaciones que se introdujeron después de publicarse el concurso, en el que se primaba que la empresa tuviera experiencia en el sector público, se acordó en una reunión del comité de expertos. El informe sostiene que la inclusión de este requisito "fue el vehículo utilizado para determinar" la adjudicación del contrato a Fernández, uno de los empresarios que donó a Fundescam 160.000 euros, dinero que se usó para pagar gastos electorales del PP de Madrid.

Por su parte, Merino declaró que después de que se redactara el informe para la adjudicación "se reunieron en un despacho" y que Cifuentes "no tenía ninguna valoración hecha", pero que "una persona iba con un papel y decía creo que un punto más o un punto menos, y que Cifuentes dijo que se hicieran las modificaciones y que una vez terminado, dijo que muy bien y que se firmase el acuerdo".

Además, en el informe se subraya que "un mismo criterio de adjudicación" tuvo una interpretación diferente en el 2011 a la aplicada en el 2009 para "favorecer" a la empresa de Arturo Fernández.