El juez que instruye el caso del 3%, de presunto pago de comisiones a CDC, ha pedido de nuevo al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investigue al actual diputado en el Parlament de Junts pel Sí y ex conseller de Justicia Germà Gordó por su papel en la supuesta trama corrupta.

Según ha informado hoy el TSJC, el titular del juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona) ha remitido una nueva exposición razonada para que el alto tribunal catalán abra una investigación a Gordó, que al ser diputado goza de la condición de aforado.

El TSJC rechazó en febrero pasado abrir una investigación a Gordó, al no ver en aquel momento indicios claros de su relación con el presunto pago comisiones a CDC que se investiga en el caso del 3%, si bien la Fiscalía Anticorrupción le sitúa como el "conseguidor" o "recaudador" en la presunta trama.

El alto tribunal, aplicando los criterios que regulan el reparto de asuntos en la sala civil y penal, ha trasladado la exposición razonada del juzgado de El Vendrell al magistrado Enric Anglada, que fue el que estudió la primera petición de imputación de Gordó que fue rechazada por el TSJC.

El alto tribunal catalán desestimó imputar a Gordó, al considerar imprecisos los indicios apuntados en la primera exposición razonada presentada por el juez de El Vendrell, que incluía reuniones del exconseller con empresarios que están siendo investigados por pagar supuestamente comisiones a CDC a cambio de adjudicaciones públicas.

El alto tribunal catalán devolvió su exposición razonada al juez para que la concretase, apenas unos días antes de que se desplegara la operación Pika, en la que el pasado 2 de febrero la Guardia Civil detuvo a 18 personas por su presunta relación con el pago de comisiones a CDC, entre ellos el presidente del puerto de Barcelona Sixte Cambra y el exconcejal de CiU Antoni Vives.

Varios de los detenidos en esa operación declararon posteriormente como investigados ante el juez de El Vendrell, donde algunos empresarios admitieron que utilizaban en sus comunicaciones nombres claves como "Gerardo" o "Gregorio" para referirse a Gordó.

En su escrito inicial remitido al TSJC, el juez de El Vendrell se basaba en atestados de la Guardia Civil que apuntan a varias reuniones que Gordó habría mantenido entre 2011 y 2012 con empresarios adjudicatarios de obra pública que hicieron sospechar a los investigadores que el exconseller actuaba como intermediario.

La sala civil y penal del TSJC, no obstante, consideró que esos indicios no son suficientes para imputar a Gordó y recordó al juez que las adjudicaciones investigadas estaban distanciadas en el tiempo respecto a los donativos aportados por las empresas a las fundaciones afines a CDC.

Por el contrario, la Fiscalía Anticorrupción sostiene, en un informe remitido al juez en noviembre pasado, que Gordó desempeñaba el papel de "conseguidor" o "recaudador" en la trama del 3 %, supervisando la labor del tesorero del partido Andreu Viloca, quien controlaba de forma "sistemática" las supuestas mordidas.

Viloca es quien, según el ministerio público, controla "en una primera instancia, de forma sistemática, los pagos encubiertos que recibe finalmente CDC" a cambio de la adjudicación de obra pública, que suponen "verdaderos cohechos bajo la apariencia de donaciones", a través de las fundaciones vinculadas al partido, como CatDem y Forum Barcelona.

El ministerio público resalta que detrás de los empresarios investigados y del tesorero de CDC es "necesaria" la existencia de "alguna persona que tuviera un poder político y social en CDC y en la administración pública de Cataluña", para poder llevar a cabo estas actividades supuestamente delictivas, y concluye que se trata de Gordó.

Para la Fiscalía, "no existe explicación legal y coherente que justifique la cantidad de gestiones, comidas, interlocuciones y reuniones" mantenidas por Gordó, alguna de ellas en la propia sede del partido e, incluso, en el Palau de la Generalitat, con los empresarios implicados y en ocasiones en presencia de Viloca.

Según los fiscales, Gordó era un "actor principal" en las contrataciones públicas en Cataluña, al erigirse como "la persona de contacto" de los contratistas de la administración autonómica.

El ministerio público considera que, en algunas reuniones entre Gordó y los empresarios, se pactaba la adjudicación de la licitación de las obras "a cambio de una entrega de dinero encubierta, en forma de donación" a las fundaciones vinculadas al partido.

En algunos casos, apunta la Fiscalía, los empresarios se enteraron a través de Gordó y Viloca de que les habían adjudicado las obras a su empresa casi tres meses antes de que el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña publicara el resultado del concurso público.