La policía vincula a Manuel Pimentel, ex ministro de Trabajo en el Gobierno de José María Aznar, con una trama de corrupción internacional de Jordi Pujol Ferrusola en un nuevo informe remitido al juez José de la Mata. La UDEF (Unidad de delincuencia económica y financiera) explica que la sociedad Almuzara en la que interviene el ex ministro fue usada para "el reparto de comisiones".

La policía explica al juez que "gracias a informaciones de inteligencia financiera" ha constatado la existencia de varias transacciones "que presumiblemente se asocian a la corrupción en diversos lugares del mundo".

Respaldo del Estado

Para llevar a cabo estas actividades, los agentes sostienen que se utilizaron "sociedades semipúblicas" que gozan de "respaldo institucional y crediticio del Estado español para financiar y/o otorgar garantías a proyectos en terceros países" que se encontraban en vías de desarrollo o subdesarrollo y que eran "ejecutados por contratistas españoles".

Los intervinientes, según el documento policial, "obtendrían cuantiosas comisiones" que lograban "al conseguir que las sociedades semipúblicas se avinieran a participar en los proyectos" y "en algún caso parece que también a canalizar pagos y recompensas no justificados a las autoridades de los países del proyecto".

Además, esta trama buscaba financiación de un banco que en varias ocasiones fue el Deutsche Bank. Y las obras se llevaron a cabo a través del consorcio Incartema-Mercasa "que normalmente tendría el respaldo adicional como garantía del Estado español a través de Cesce".

Pagos a políticos extranjeros

La policía asegura que "existen sólidos indicios de corrupción" llevados a cabo por esta trama en Angola y en la Republica Dominicana. Y detallan pagos realizados al ministro de Interior de Angola.

Además, la UDEF asegura que "comisiones provenientes de los presumibles actos de corrupción" se devengarían a favor de sociedades como Globatec e Ibadesa. En la primera figuran en los registros mercantiles desde el 2001 Javier Valero, Manuel Pimentel, Manuel Colón de Carvajal y Antonio Luque Ruiz.

La policía recuerda que Valero fue consejero delegado de Cesce y que Globatec "recibió créditos muy voluminosos de Cesce para realizar, entre otros sitios, proyectos en Angola y República Dominicana, que terminaron causando un serio quebranto en las arcas del Estado español cuantificado en 92 millones de dólares". Y Pimentel, según el informe, "es una persona con evidentes vinculaci0nes con el PP".

Negocios sin riesgo

Los agentes explican al juez que esta operativa resulta muy rentable para los intervinientes. Y es que "el riesgo y ventura del negocio emprendido parece carecer de contingencias que supongan peligro para su propio patrimonio" porque la evolución del negocio "no afectará a sus jugosas plusvalías".

La Udef describe una obra en la República Dominicana financiado por Cesce a través de una empresa de Jordi Pujol hijo que fue presupuestado en 30 millones de euros pero que en menos de un mes se tuvo que incrementar en otros 38 "con el consiguiente perjuicio para la estabilidad del país".

Pujol también llevó a cabo otros negocios en Gabón con Isolux y su persona de contacto fue Etianne Dieudonne que fue director general de energía de este país y que ingresó en prisión el pasado 12 de enero por delitos de corrupción. En este proyecto también intervino Jordi Puig.

Pago de comisiones

En el informe también se recogen otras comisiones percibidas por el primogénito de los Pujol como la que cobró a JJ NEW por un importe de 138.478 euros. Detrás de esta sociedad se parapeta Jaume Roma que fue militante de CiU y director del Institut Catalá de la Salut, puesto del que dimitió en 1995.

La policía recuerda que ese cese obedeció a una denuncia presentada por cinco subcontratistas por irregularidades en la remodelación de un hospital y ocho centros de atención primaria. La causa se archivó en Barcelona y el ex president Jordi Pujol declaró entonces que "un día se presentaron en la Generalitat unos señores afirmando que tenían pruebas" contra Roma y que pedían "30 millones de pesetas a cambio de no denunciar el asunto".