El Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid ha archivado el caso del presunto espionaje al expresidente madrileño Ignacio González en Colombia en el año 2008 durante un viaje que realizó como presidente del Canal de Isabel II. El magistrado Adolfo Carretero Sánchez ha tomado esta decisión al no quedar ninguna acusación en este procedimiento después de que uno de los denunciantes, Ildefonso de Miguel, haya renunciado a formular escrito de acusación y de que el fiscal haya pedido el archivo de las actuaciones.

La Comunidad de Madrid comunicó al juzgado que había dejado de representar a Ignacio González por existir un conflicto de intereses con él y éste no ha designado ni abogado ni procurador.

González se encuentra en prisión provisional por el caso Lezo, en el que se investiga -entre otras cuestiones- la presunta corrupción en el Canal de Isabel II, en tanto que Ildefonso de Miguel, exgerente de esa institución hasta 2009, está en libertad tras pagar una fianza de 100.000 euros que le impuso el juez.

La denuncia

El ex presidente madrileño y De Miguel denunciaron en 2009 su seguimiento y espionaje durante el viaje a Cartagena de Indias en el que se reunieron con el entonces presidente colombiano Álvaro Uribe después de que la Cadena Ser publicara imágenes que así lo acreditaban.

Supuestamente, el seguimiento habría corrido a cargo de las agencias de detectives Método 3 y Mira, cuyos responsables, Francisco Marco y Julio Gutiez, fueron acusados de revelación de secretos por la Comunidad de Madrid.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha informado este martes de que la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial iba a deliberar el próximo martes 30 de mayo sobre recurso contra el auto de imputación del procedimiento,

Pese a ello, el magistrado ha podido archivar la causa dado que el recurso de apelación no suspende el procedimiento en primera instancia. Contra su decisión cabe recurso de reforma (ante el mismo juez) o de apelación (ante la Audiencia Provincial).

Una de las claves del caso Lezo pasa por su filial en América Latina, Inassa, con sede en Colombia, cuyo antiguo máximo responsable, Edmundo Rodríguez Sobrino, se encuentra en prisión provisional por esta causa.

De hecho, las fiscalías de España y de Colombia han mostrado su voluntad de investigar conjuntamente lo ocurrido.