Desde la entrada en vigor del Mecanismo de Pago a Proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) en el año 2012, el Gobierno central ha inyectado en las comunidades autónomas 187.805 millones de euros por estos conceptos. Una cifra considerable y destinada mayoritariamente a Cataluña, que desde su entrada en vigor hasta el segundo trimestre de 2017 ha ingresado un 30,94% del total: 58.116 millones de euros.
Así se refleja en el informe Spain Outlook, un análisis monográfico sobre la situación global de la economía española elaborado por la firma Equipo Económico en mayo de este año y al que ha tenido acceso El Independiente. Con datos del ministerio de Hacienda y Función Pública, el sumatorio de estos conceptos durante los últimos cinco años y medio, todos bajo la presidencia de Mariano Rajoy, pone de manifiesto el indiscutible liderazgo catalán en cuanto a inyecciones de liquidez procedentes de la Administración Central.
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Los 58.116 millones de Cataluña superan por mucho a los 39.783 que en este período ha recibido la Comunidad Valenciana, y casi doblan los 31.052 millones de Andalucía. Fuera de ese top 3, las diferencias son si cabe más abismales: Castilla-La Mancha, la siguiente en el ránking, recibe cerca de 12.000 millones; Madrid, 7ª en la clasificación, sólo 6.394, nueve veces menos que Cataluña.
La Rioja es la región que menos ayuda externa ha necesitado: sólo ha ingresado 351 millones desde 2012 y no ha solicitado un sólo euro al Gobierno central por estos conceptos en los últimos dos años.
Medidas extraordinarias
Tanto el Mecanismo de Pago a Proveedores como el Fondo de Liquidez Autonómica entraron en vigor en el año 2012, después de la victoria del Partido Popular en las elecciones generales y como respuesta a la situación de crisis económica que afectaba especialmente a las autonomías. Ambos mecanismos están diseñados como líneas de crédito ideadas para que las administraciones regionales puedan financiar su deuda, especialmente con bancos y otras entidades financieras, al margen de la volatilidad de los mercados, que en aquel momento ya ahogaban las necesidades financiación de diversas comunidades cuya fiabilidad de la deuda había sido reducida al nivel de bono basura.
País Vasco, Navarra y Madrid defendieron quedarse fuera del FLA para preservar su autonomía financiera
En cualquier caso, el FLA entró en vigor con condiciones férreas, con un tipo de interés del 0% durante los últimos tres años pero reservado sólo a aquellas comunidades autónomas que cumplieran con el objetivo de déficit público. Todas las comunidades se acogieron a este fondo, salvo País Vasco y Navarra, que prefirieron no comprometer su "autonomía financiera". El mismo argumento utilizó el gobierno de Ignacio González en Madrid, que defendió en primera instancia que suponía un riesgo mutualizar la deuda de su comunidad con la de otra "al borde de la quiebra como Cataluña".
En ese contexto, las administraciones catalanas recibieron durante el primer año de existencia de estos mecanismos 9.331 millones, que crecieron hasta 13.127 en 2013, 10.222 en 2014, 11.732 en 2015 y 10.104 en 2016. Durante los primeros cinco meses de 2017, la cifra se ha situado ya en 3.662 millones, más de lo que han recibido desde 2012 Aragón (3.605 millones), Castilla y León (3.594), Extremadura (2.487), Cantabria (2.302), Asturias (1.942) y La Rioja (351).
Cataluña es, atendiendo a las cifras de los últimos ejercicios, uno de los pocos territorios en los que no mengua el recurso a estos fondos extraordinarios, y por tanto uno de los territorios en los que la deuda sigue representando un problema mayor. Otras autonomías han dejado de ingresar dinero de la Administración Central con este fin durante los últimos años: es el caso mencionado de La Rioja, pero también el de Castilla y León o de Asturias, que no ingresó nada en 2016.
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