El Ministerio del Interior ha reconocido en una respuesta parlamentaria que designó como agregado en la Embajada de España en Panamá al que fue jefe de escolta de José María Aznar, el inspector jefe Francisco Gabriel Maroto Almarcha, nueve meses antes de que se creara formalmente el puesto. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló el nombramiento el pasado mes de febrero tras estimar parcialmente el recurso presentado por otro de los aspirantes, como informó El País.

En respuesta a una pregunta formulada en marzo con la que el grupo socialista en el Congreso quería conocer los méritos apreciados en Maroto Almarcha para seleccionarlo como la persona idónea y si la designación obedeció al "pago de servicios prestados" por Aznar, el Gobierno justifica el nombramiento con el argumento de que el candidato "cumplía los requisitos" establecidos en las bases que reguló la convocatoria para la cobertura de la plaza.

Las actas de las reuniones de la Comisión de Destinos en el Exterior -órgano dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad encargado de la valoración de las solicitudes- que se adjuntan con la respuesta ofrecida hace un mes al diputado del PSOE Antonio Trevín permiten concluir que se eligió a la persona que iba a ocupar el puesto de agregado de Interior en la misión diplomática permanente de España en la República de Panamá antes de que se creara la plaza.

Acta de la reunión del 3 de julio de 2014 en la que se acuerda la designación de Francisco Gabriel Maroto como agregado en Panamá.

En la sesión del 3 de julio de 2014, la Comisión de Destinos en el Exterior designó a nueve guardias civiles y 18 policías nacionales para ocupar las agregadurías de Interior en 27 legaciones diplomáticas, entre ellas la de Panamá. El elegido para esta plaza fue Francisco Gabriel Maroto Almarcha, jefe de la escolta de Aznar durante la mitad de su segundo mandato como presidente del Gobierno.

Llama la atención que la elección se produjera en el verano de 2014 cuando esa agregaduría, con sede en Ciudad de Panamá y dependiente de la Consejería de Interior en Colombia, no se constituyó oficialmente hasta la primavera del año siguiente. El real decreto por el que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas creó esa plaza y la de Emiratos Árabes Unidos está fechado el 10 de abril de 2015 y se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) cinco días después, como se reproduce bajo estas líneas.

Real decreto del 10 de abril de 2015 por el que se crea la agregaduría de Interior en la Embajada de Panamá.

"Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ya disponen de Consejeros y Agregados en aquellos países donde la criminalidad tiene repercusión en nuestro país o donde la importancia del número de extranjeros residentes en España o del número de españoles en el país de destino lo ha hecho aconsejable. Sin embargo, la aparición de nuevas formas graves de criminalidad, como el blanqueo de capitales y el narcotráfico en algunos países, o la necesidad de potenciar la cooperación policial en materia de terrorismo internacional en otros, hacen necesarios determinados ajustes periódicos en el despliegue en el exterior en materia de seguridad, como ocurre con la creación de dos nuevas Agregadurías en la República de Panamá y en los Emiratos Árabes Unidos", justificaba el real decreto, mediante el que se formalizó también la supresión de las de Gambia y Croacia.

En su pregunta, el PSOE acusaba al ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino de vulnerar "sistemáticamente y de forma grave" las condiciones de designación de consejeros y agregados en las embajadas españolas, realizándose de "forma arbitraria" por el propio DAO y "causando importantes perjuicios a algunos otros funcionarios de la Policía".

Un tribunal anuló el nombramiento en febrero al no haberse valorado los méritos de los candidatos

En el procedimiento judicial que se ha resuelto con la anulación del nombramiento del agregado de Interior en Panamá, el secretario de la comisión de designación de Exteriores informó al TSJM que "no consta" la relación de otros aspirantes a dicha plaza. Según el PSOE, al menos otros cuatro inspectores jefe más optaron al puesto para el que se seleccionó a Francisco Gabriel Maroto.

La sentencia anula la resolución "por no ser conforme al ordenamiento jurídico" e insta a la Comisión de Destinos en el Exterior a pronunciarse, "con libertad de criterio y motivación suficiente, sobre los méritos de idoneidad alegados por los candidatos".

"¿En qué instancia se sustrajeron los currículos del resto de solicitantes? ¿En la división de Personal que recibió las solicitudes y que debía de acreditar los méritos de los concurrentes y transmitírselas a la DAO o fue la DAO quien, a pesar de recibirlas, omitió su traslado a la Secretaría de la Comisión de Exteriores como era su obligación?", preguntaba Trevín en su iniciativa parlamentaria. "No consta que se hayan sustraído los currículos vitae de los solicitantes a las vacantes", ha respondido el Gobierno en un escrito fechado el pasado 11 de mayo.

El nombramiento de Bonifacio Díez

De la lectura de las actas de las reuniones de la Comisión de Destinos en el Exterior se deduce que, en algunos casos, los nombramientos de consejeros y agregados en las legaciones diplomáticas respondían fundamentalmente al criterio del DAO. Es lo que sucedió con la designación de Bonifacio Díez Sevillano como agregado de Interior en México, aprobada en la reunión del 7 de julio de 2016.

"En la elección de los inspectores jefe Jesús Vicente Galán Martínez [Mauritania] y Bonifacio Díez Sevillano [México] se ha tenido especialmente en cuenta haber sido propuestos como números uno en sus correspondientes ternas por la Dirección Adjunto Operativa de la Policía Nacional", hizo constar en acta la comisión.

Díez Sevillano tendrá que declarar el próximo 30 de junio en la causa que instruye el Juzgado de Instrucción 11 de Madrid sobre el origen de un pendrive aportado en su momento al caso Pujol y en la que, 15 días antes, tendrá que comparecer el ex número dos de la Policía Nacional Eugenio Pino por la posible comisión de los delitos de prevaricación, fraude procesal y falso testimonio.