La juez Carmen Lamela ha decidido dejar sin efecto la decisión del juez Eloy Velasco, que levantó el secreto de las grabaciones de la operación Lezo, para no "frustrar el buen fin de la investigación". No obstante, la magistrada acuerda que el resto de las diligencias se pongan en manos de los abogados.
El juez Velasco, antes de ascender a la sala de apelaciones de la Audiencia Nacional, ordenó levantar el secreto de los primeros 12 tomos de esta investigación que han llevado a la cárcel a Ignacio González, ex presidente de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, el fiscal recurrió esta decisión.
Los objetivos de la investigación
La juez le ha dado la razón y asume "en consonancia con el ministerio fiscal" que hay diligencias "aún pendientes de ultimar" para clarificar "la participación de los investigados" así como la identidad "de otros posibles responsables".
Asimismo, la magistrada revela que la investigación también tiene por objeto "localizar y recuperar" las ganancias ilícitas procedentes del delito.
La magistrada sostiene que en esta decisión ha influido el hecho de que "determinadas actuaciones hayan sido filtradas y publicadas a través de los distintos medios de comunicación". Y asegura que esta circunstancia "refuerza la necesidad de mantener el secreto para preservar el éxito de la investigación".
Efectos ilusorios
Además, la juez deja sin efecto la decisión de Velasco de que el acceso a estos tomos del sumario se llevará a cabo en las oficinas del juzgado en presencia de un funcionario "sin que esté permitida su copia o reproducción total o parcial por ningún medio, unido a la extraordinaria dificultad de manejo del expediente derivada de su complejidad y volumen", ya que "hace que el pretendido acceso a la parte de las actuaciones" sea "ilusoria".
La togada también acuerda abrir una pieza reservada para que se incluyan en ella los informes de la Agencia Tributaria "que solo puede ser consultada en sede judicial porque contienen datos que afectan a terceros que no están siendo investigados en la causa".
Así las cosas, la juez decide que los abogados accedan a a 11 tomos del sumario aunque no a todos los folios. En esta parte se incluyen las declaraciones de los testigos y de los imputados así como la documentación aportada por ellos.
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