El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha encomendado a Javier Zaragoza la coordinación de los recursos de casación en el Tribunal Supremo. Y le ha pedido que le proponga medidas legislativas para mejorar la respuesta a este fenómeno. En la actualidad, Zaragoza está adscrito a la fiscalía de la sala penal del alto tribunal tras dejar la Audiencia Nacional donde ejerció la jefatura durante 13 años.
Maza ha firmado un decreto en el que establece las nuevas funciones de este fiscal. En concreto, coordinará "bajo la supervisión de los fiscales de sala jefes" los recursos que se presentan contra las sentencias de terrorismo que se dictan en la Audiencia Nacional. También intervendrá en los casos que tengan mayor relevancia.
En la fiscalía del Tribunal Supremo hay dos secciones que revisan las sentencias que llegan hasta el alto tribunal. Y funcionan mediante juntas en las que los fiscales encargados de cada asunto exponen su posición que se vota por el resto de sus compañeros.
Además, Zaragoza se encargará de analizar la evolución de la amenaza terrorista y propondrá medidas legislativas que sean "necesarias para mejorar la respuesta". Asimismo, asistirá en representación de Maza a "comisiones, encuentros y reuniones" tanto nacionales como internacionales relacionados con el terrorismo y su financiación.
Te puede interesar
Lo más visto
- 1 Deshidratada tras pasar doce horas encerrada en un ascensor
- 2 El Independiente | El diario digital global en español
- 3 El 'Team Facha' de Vox, la milicia digital ligada a Jordi De la Fuente
- 4 La foto de La Promesa que sugiere la vuelta de un personaje clave
- 5 Más de un centenar de personas atendidas tras la mascletà en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia
- 6 Montero no cree que le pase factura el diálogo con Puigdemont: "Ya hemos pasado por aquí. Fuimos a unas elecciones con el 'que te vote Txapote' del PP"
- 7 Qué es el pez de plata y qué hay que hacer si aparece en casa
- 8 Marruecos impide acceder al Sáhara Occidental a una delegación de juristas españoles
- 9 Personas dependientes, reconocidas con el 33% de discapacidad