La subinspectora Mónica Gracia Sánchez (Barcelona, 1971) comanda desde 2013 el Sindicato Unificado de la Policía (SUP), la organización mayoritaria en el cuerpo con unos 29.000 afiliados. Esta antigua jugadora de balomnano que pretende retomar los estudios de Psicología cuando deje su labor policial será reelegida secretaria general en el congreso nacional que la organización celebra esta semana en Toledo bajo el lema Liderazgo, compromiso y cambio con la asistencia de unas 450 personas, entre invitados y delegados. Gracia espera que las buenas palabras del equipo que lidera Juan Ignacio Zoido en el Ministerio del Interior se concreten pronto en hechos y se pase página definitivamente a la última etapa, en la que creció el descrédito del cuerpo por la 'guerra de comisarios' y el uso de medios con fines partidistas. Horas antes del inicio de la cita, la secretaria general del SUP atiende a El Independiente y deja clara la posición del sindicato ante las cuestiones que atañen al colectivo y también a la ciudadanía.

PREGUNTA.-¿Cómo ha vivido el cuerpo el desprestigio que ha supuesto la 'guerra de comisarios' y los escándalos policiales de los últimos años?
RESPUESTA.-Mal. En el pleno del Consejo de la Policía, nuestra primera solicitud al ministro fue precisamente que la imagen de la Policía tenía que dejar de estar cuestionada. Estamos cansados de que se nos utilice políticamente. Se está poniendo en tela de juicio la profesionalidad de todo el Cuerpo Nacional de Policía cuando hay determinados mandos que están mirando su interés y no el de la Policía. Hay que terminar con esa situación. Hacemos infinidad de intervenciones que no salen en los medios de comunicación y en las que los compañeros se juegan la vida y por desgracia un día sí y otro también hay esas otras actuaciones. Nos negamos a hablar que haya cloacas. Hay determinados mandos que no están siendo profesionales, pero el resto del colectivo trabaja pensando en los ciudadanos. Es muy triste que al final lo que quede es esa nota negra.

P.-Los cambios que ha adoptado Zoido con los nombramientos del director general, Germán López Iglesias, y del Director Adjunto Operativo (DAO), Florentino Villabona, ¿han permitido empezar a atajar esa situación o todavía pervive?
R.-Por ahora, todavía pervive. Con el nuevo DAO, que es una persona con años en el cuerpo y con la carrera hecha, teníamos muchas esperanzas de que iba a hacer los cambios necesarios y de que iba a poner en cada sitio a los mejores profesionales.

P.-¿Y qué ha ocurrido? ¿Han perdido ya la esperanza?
R.-Se está diluyendo un poco porque los meses pasan y en otoño se jubila. O hace los cambios ya o no sé cuándo van a llegar. Pensamos que esos cambios tenían que ser radicales y de raíz. Por acción o por omisión, toda la Junta de Gobierno es responsable de estos años de retroceso, de una vuelta a lo militar, de querer imponernos temas religiosos... Vamos a seguir dándole el apoyo al DAO, pero o llegan ya esos cambios o nos vamos a llevar una desilusión.

Estamos cansados de que políticamente se nos utilice; la imagen de la Policía tiene que dejar de estar cuestionada"

P.-¿Cómo valora que la UDEF, en plena investigación de casos de corrupción, siga con un jefe accidental después de más de un año?
R.-Fatal, porque hay buenos profesionales que podrían desempeñar esa función. El DAO tiene que hacer los nombramientos. Una unidad como ésta no puede permitirse el lujo de llevar más de un año con una persona al frente de manera accidental. Ya va siendo hora de que empiece a tomar medidas y una es ésta.

P.-¿Qué balance general hace de los primeros siete meses de Zoido al frente del Ministerio del Interior?
R.-Ha habido un cambio en cuanto al trato con las organizaciones sindicales, pero los hechos no los podemos juzgar aún porque están dando los primeros pasos. En la legislatura anterior, el ministro vino al primer pleno del Consejo de la Policía y no volvió a aparecer en cuatro años. Le mandamos escritos y no contestó ninguno. El actual titular de Interior dijo que se quería reunir de manera individual con cada sindicato. Al principio nos sonó a canto de sirena, pero no ha sido así y ya se ha reunido con todas. Le hemos podido exponer desde el SUP las líneas de trabajo para mejorar las condiciones laborales de nuestros compañeros y ahora lo que le queda es cumplirlas. Le hemos dicho que con respeto y diálogo nos tendrán a su lado siempre que cumplan, si no nos volverán a tener enfrente y a movilizarnos si hace falta.

P.-¿La retirada del conflicto colectivo que declaró su organización a finales del pasado año es un gesto de buena voluntad al nuevo equipo de Interior?
R.-Lo retiramos porque algunas de las cuestiones que abordábamos, entre ellas el problema con el permiso de Navidad, se solventaron. Además, al haber un nuevo equipo ministerial consideramos que teníamos que darle una oportunidad para que se cambien las cosas. Por ahora, los gestos bien; quedan los hechos. Están demostrando que hacen bandera del diálogo, lo que ocurre es que estamos un poco cansados de dialogar. Llevamos muchos años dialogando y lo que esperamos ya son hechos. Al final, las palabras se quedan huecas. En los últimos cuatro años, las relaciones con la Administración han sido nefastas. Esperemos que con este nuevo equipo de gobierno podamos empezar a sentarnos y negociar los cambios necesarios, como la jornada laboral impuesta y las retribuciones. Somos el cuerpo peor pagado del Estado y el que más competencias tiene. Se dice que el país ha salido de la crisis o que ya estamos abandonando la crisis; ya es hora del restablecimiento económico que nos merecemos.

Los gestos del equipo de Zoido son buenos, pero quedan los hechos. Estamos ya un poco cansados de dialogar"

P.-La Guardia Civil se queja de lo mismo...
R.-Ya, lo que pasa es que nuestra organización no entra en esos debates. Nosotros decimos que somos la policía del Estado y lo que no puede ser es que haya policía local y autonómica que cobre más. Seguimos manteniendo que un policía nacional cobra menos que un guardia civil, porque, si se cumpliera la ley 2/86, la policía está en todos los núcleos urbanos y allí generalmente la carestía de vida es mayor que en los pueblos. Si un policía tiene que vivir en la ciudad va a tener más gastos, por eso decimos que somos los peor pagados.

P.-A su juicio, ¿qué subida de sueldo habría que aplicarles?
R.-Como mínimo, lo que cobre un policía local o autonómico. No nos consideraríamos bien pagados, pero al menos no nos consideraríamos agraviados. De ahí tendríamos que ir hacia arriba. Si somos los que más competencias tenemos, lo normal es que ante más trabajo más sueldo.

P.-¿Cuántos funcionarios faltan hoy en el cuerpo?
R.-En torno a 15.000. Desde el año 2011 hasta ahora hay al menos 10.000 efectivos menos.

P.-¿Y cómo se puede garantizar el servicio con tal déficit?
R.-A costa de la profesionalidad y la dedicación de los policías, a base de renunciar a días de permiso y a la conciliación de la vida familiar y personal, a que nos deban un montón de horas laborales, a que estemos haciendo exceso de jornada y no las podamos recuperar porque no hay efectivos y no nos las paguen como servicios extraordinarios... Al final recae en las espaldas de los policías.

Somos el cuerpo peor pagado del Estado y el que más competencias tiene. Ya es hora del restablecimiento económico"

P.-El Ministerio del Interior ha anunciado una oferta de empleo de 3.200 plazas para este año. ¿Cómo valoran desde el SUP esta convocatoria?
R.-La oferta es buena, pero la realidad es que esos funcionarios no estarán en la calle hasta dentro de tres años. Tenemos que hacer una oposición que dura casi un año, luego permaneces nueve meses en la Escuela Nacional de Policía de Ávila y después un año de prácticas. Tenemos dos problemas: la falta de previsión de este Gobierno y de todos y que ahora se están empezando a jubilar aquellas promociones de 1.000 policías que entraban cada tres meses. Se dan, por tanto, los dos polos opuestos: no hay efectivos y a la vez se jubilan muchos funcionarios. Estamos viviendo una de las peores etapas, porque no hay y se están marchando. Sin seguridad no hay libertad y sin libertad no hay derechos. La educación y la sanidad son importantes, pero en este país nadie habla de la seguridad y los ciudadanos se tienen que dar cuenta de que, si no tienen seguridad, el resto de los derechos los van a tener mermados. Con independencia de la situación económica del país, tiene que haber una tasa media de entre 1.500 y 2.000 funcionarios anuales.

P.-Al ritmo actual, ¿cuántos años se necesitarán para que la plantilla vuelva a estar completa?
R.-Entre seis y siete años.

P.-¿Se ha normalizado ya el cumplimiento de la jornada laboral obligada por la Comisión Europea?
R.-Nuestra organización sostiene que no era el momento porque no había efectivos. Lo suyo es que, como ya llevábamos un montón de años con esa sanción, se tendría que haber estabilizado el sistema de turno un año y medio hasta que hubieran salido las promociones de 1.500 y 2.600 para poder tener mayor número de efectivos y afrontar la nueva jornada laboral con más seguridad. Pero la Administración hizo oídos sordos e implantó este modelo de jornada laboral. Es verdad que el funcionario descansa un poco más, pero nos vamos a una cadencia peor y se necesitan más efectivos. Creemos que se precipitaron al sacar esta jornada. Si llevábamos mucho tiempo así, ¿Europa hubiera dicho algo más por un año y medio o dos? Yo creo que no.

El Director Adjunto Operativo se jubila el próximo otoño. O hace los cambios ya o no sé cuándo van a llegar"

P.-¿Va a seguir pleiteando la organización a la que usted representa por el escándalo que supone la concesión de algunas medallas pensionadas?
R.-Sólo nos queda la Justicia, que es la que nos está dando la razón. A través de los juzgados denunciamos al anterior ministro y al anterior director general, pero siempre nos las archivan. Hemos conseguido, a través del Consejo de Buen Gobierno y Transparencia, que la Administración nos tenga que facilitar expedientes del año 2015 para conocer cuáles son los argumentos que justificaron su concesión, sobre todo las rojas, que son las pensiones encubiertas. Nos oponemos como sindicato. Hay servicios concretos que tienen que tener un reconocimiento, pero esto no puede ser la compra de un favor. La roja, como dice la ley, es por haber hecho un acto meritorio o haber puesto en peligro la vida. No hay lugar a otras interpretaciones. Que establezcan otro tipo de reconocimiento para el funcionario que lleva 30 años y lo quieren reconocer, pero no una roja. Al final estamos infravalorando a esos compañeros que se han jugado la vida y que tienen la roja porque se lo han merecido. Es una falta de respeto hacia ellos. A ver si de una vez por todas se acaba con estas concesiones injustas.

P.-¿Cómo se podría mejorar la preparación y formación de los policías para afrontar la amenaza yihadistas?
R.-Tenemos un bagaje, aunque no sea lo mismo, por la lacra del terrorismo de ETA y hay policías experimentados. ¿Cuál es el problema? Sin querer alarmar, no se nos está formando para este otro tipo de terrorismo. Lo primero que se tiene que hacer es dar cursos especializados y específicos sobre esta materia y no se está haciendo. Lo que se nos dice es: 'Hala, tú a trabajar ahí y ya está'. Oye, no. Primero fórmenos, denos los mejores profesionales para que nos formen y luego podremos trabajar bien.

P.-¿Y los medios? ¿Son los adecuados?
R.-Estamos con medios obsoletos, no podemos combatir la delincuencia con pistolas que tienen más años que... Necesitamos armas largas y que todos tengamos chalecos [antibalas]. Tenemos que dotarnos de los medios para poder combatir ese tipo de terrorismo con eficacia.