La cambiante posición del PSOE sobre el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá ha puesto el foco sobre el CETA, que en las próximas semanas debería ser ratificado por el Congreso español. Sin embargo, el acuerdo no es conocido para el gran público y durante los últimos años ha vivido a la sombra del que la Unión aspiraba a firmar con los Estados Unidos, hasta que llegó Trump. El texto, que ha generado un amplio consenso en las instituciones europeas, también ha recibido numerosas críticas desde organizaciones de la sociedad civil. Aquí respondemos a varias de las preguntas clave sobre el mismo:

¿Qué es el CETA?

El tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA por sus siglas en inglés: Comprehensive Economic and Trade Agreement) es un acuerdo comercial en el que ambos actores han trabajado desde el año 2009. La negociación finalizó en 2014 y el texto fue finalmente aprobado por el Parlamento Europeo en febrero de 2017. El texto final contiene 30 capítulos, en los que se regula exhaustivamente todo: medidas sanitarias en la elaboración de productos, normas de importación, acceso a mercados extranjeros, aduanas, movimientos financieros, arbitraje de disputas...

¿Quién se opone al tratado?

El CETA fue aprobado en el Parlamento Europeo con 408 votos a favor y 254 en contra. Los socialistas españoles, como el resto de su grupo parlamentario, votaron a favor. Los rechazos llegaron desde el Grupo de Conservadores y Reformistas (integrado principalmente por los conservadores británicos y polacos), el Grupo Europa de la Libertad y la Democracia Directa (monopolizado por el UKIP de Nigel Farage y el Movimiento Cinco Estrellas de Beppe Grillo), la extrema derecha italiana, los verdes, Izquierda Unida, Podemos, Bildu y el Frente Nacional de Marine Le Pen.

¿Por qué lo rechazan?

Durante los últimos ocho años, el CETA ha sido un elemento secundario en las críticas a la política comercial de la Unión Europea. El acuerdo con Canadá, tradicionalmente, sólo se ha mencionado como prólogo del más mediático TTIP, que la Unión Europea debía negociar con Estados Unidos, y que ha caído en desgracia tras la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump. Tras ello, el CETA ganó relevancia más como símbolo que como acuerdo. Los favorables al acuerdo coinciden en valorarlo como mensaje de unidad y de fortaleza contra el proteccionismo. Los contrarios señalan que la política de acuerdos bilaterales degrada la soberanía europea al equiparar sus estándares con los de otros países, en teoría, menos exigentes en materias como seguridad alimentaria o medio ambiente. Esto, que podría ser un factor considerable en el TTIP, es difícil de sostener en el caso de Canadá. No obstante, el principal campo de batalla es lo que los contrarios al tratado han bautizado como justicia paralela, una crítica basada en el hecho de que los acuerdos comerciales permiten a las compañías demandar a los Estados ante una corte de arbitraje independiente si entienden que la regulación nacional lesiona su capacidad de negocio.

¿Cómo ha quedado definido el sistema de arbitraje?

Está ampliamente desarrollado en el capítulo 29 del tratado, y ha sido uno de los puntos más negociados del acuerdo. Finalmente, se ha establecido una Comisión Mixta entre Canadá y la Unión Europea que propondrá una lista de 15 árbitros consensuados. De esos 15, las partes en disputa se pondrán de acuerdo para seleccionar a tres, que serán los que resolverán los conflictos. Emitirán primero un informe provisional, recurrible y confidencial, antes de adoptar una resolución final. Los sistemas de arbitraje no son una novedad en el ámbito empresarial, aunque el CETA los desarrolla por primera vez con este nivel de detalle en las relaciones entre compañías y Estados.

¿Está en riesgo la seguridad alimentaria?

Los críticos aseguran que sí. Y ponen como ejemplo recurrente que la legislación canadiense permite la desinfección de la ternera y el pollo con cloro. Sin embargo, el texto del CETA es claro y exigente en este sentido. Los países importadores aceptarán las condiciones de producción del país de origen siempre y cuando éstas sean equivalentes a las suyas en materia sanitaria y fitosanitaria. Ambas partes podrán exigir auditorías y controles especiales en este sentido, regulado en varios anexos al tratado.

¿Cuál es la relación entre la Unión Europea y Canadá?

En el año 2016, las importaciones de la UE desde Canadá sumaron 29.094 millones de euros y las exportaciones, 35.200, con la maquinaria como gran protagonista. La Comisión Europea defiende que estas cifras podrían incrementarse en cerca de un 12% y aumentar el PIB comunitario en 12.000 millones. Asociaciones críticas a ambos lados del Atlántico creen sin embargo que el PIB de ambos actores retrocederá en torno al 1% y que los empleos destruidos podrían superar los 200.000. Los argumentos son siempre los mismos: "Beneficia a las multinacionales y pone en riesgo los derechos laborales". Los comisarios europeos encargados de negociar el acuerdo, sin embargo, defienden que la simplificación burocrática aduanera beneficia a las pymes y su acceso al mercado canadiense. El CETA también libera el acceso de las empresas de todos los países firmantes a los concursos públicos canadienses y europeos.

¿Por qué España tiene que votar el CETA?

Pese a la aprobación del Parlamento Europeo, aspectos clave del CETA como el sistema de arbitrajes no entrarán en vigor hasta su aprobación definitiva. Y esa aplicación requiere de la ratificación unánime de todos los parlamentos nacionales, y algunos regionales. El acuerdo pendió de un hilo cuando el parlamento valón, en Bélgica, amenazó con oponerse en octubre de 2016, aunque finalmente salió adelante. Desde la aprobación del Parlamento Europeo, el acuerdo ha sido ratificado ya por Letonia, Dinamarca y por el senado de la República Checa.

¿Qué opina Canadá? 

La postura del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha sido clara durante todo el proceso, y se resume en una frase: "Es un acuerdo progresista con un país progresista. Y si la Unión Europea es incapaz de apañárselas para aprobar este acuerdo, creo que la gente se va a plantear serias cuestiones sobre cuán relevante sigue siendo la UE como entidad política".