Salvador Victoria, presidente del Canal Isabel II entre noviembre de 2012 y junio de 2015, ha asegurado que no tuvo conocimiento de la compra en 2013 de la empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçoes por parte de la filial latinoamericana del Canal de Isabel II (Inassa) por 21,4 millones de euros, un precio fijado sin una valoración independiente y presuntamente muy superior a su valor real . "No he sido consciente de la operación hasta que ha salido en los medios de comunicación", ha defendido Victoria este viernes la Asamblea de Madrid, donde ha sido llamado a declarar en la Comisión de Investigación sobre la corrupción en la Comunidad al hilo de la Operación Lezo.

Cuando se concretó la operación, Victoria era presidente de Canal de Isabel II además consejero de Presidencia y Justicia y mano derecha de González, y dimitió en junio de 2015 tras ser imputado por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el caso Púnica. El ex presidente ha defendido que el Consejo de Administración del Canal no tenía competencias sobre las operaciones en Iberoamérica, y que por ende no son responsables de dicha gestión. "Se carece de todas responsabilidad de cosa que no se han aprobado en el Consejo", ha señalado el ex presidente.

Salvador Victoria ha justificado su falta de competencias en el cambio de modelo del Canal, que en 2012 "pasó de ser una entidad pública a ser una Sociedad Anónima de gestión". "Canal Gestión SA tenia un ámbito competencial que no incluía las operaciones y mecánicas del grupo en Latinoamérica, ni en el Consejo de Administración se trató nunca nada relativo a Iberoamérica", ha defendido Victoria en multitud de ocasiones. Así, ha insistido en que no viajó durante ese periodo a Latinoamérica para tratar asuntos del Canal -a diferencia de González con su polémico viaje a Cartagena de Indias- y que no está siendo investigado en el caso Lezo.

La compra de Emissao por 21 millones de euros resultó ruinosa, y un informe de diciembre de 2014 tasaba la empresa brasileña por sólo 5.380.000 euros. Victoria se ha desentendido de toda responsabilidad sobre la compra, alegando que él no viajó a Latinoamérica, y que la propuesta de compra no pasó por el Consejo de Administración. El expresidente ha cargado toda la responsabilidad de la operación sobre el Canal Extensia, la filial que llevaba las operaciones americanas del Canal, y que, según Victoria, no informó ni al Canal ni a la Comunidad de Madrid de las compraventas iberoamericanas.

Victoria también ha suscrito "literalmente" la precedente intervención del portavoz parlamentario del PP, Enrique Ossorio, que afirmó que Canal Extensia, la filial que llevaba las operaciones americanas del Canal, no informó ni al Consejo de Administración ni al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de las compraventas iberoamericanas. "No conocimos ninguna operación de Latinoamérica; dependía del Canal Extensia, que tenía su propio Consejo de Administración".

Además, ha defendido la poca relevancia de las operaciones exteriores puesto que la mayor parte de la actividad se centraba en la capital. "La operativa en Iberoamérica no era lo más importante en el Canal. Más del 80 por ciento de las operaciones eran en España y Madrid. Era un servicio de calidad tan importante y en lo que trabajábamos es en que las cosas funcionaran bien en nuestra región, que es lo que me preocupaba", ha alegado.

Salvador Victoria no está imputado en Lezo pese a que presidía el Canal cuando sucedieron las presuntas irregularidades, un hecho que provoca suspicacias entre la oposición. "Parece que Victoria está contando cositas", llegó a decir el diputado de Podemos Jacinto Morano durante el debate de moción de censura a Cristina Cifuente. En el mismo sentido se ha expresado este viernes la diputada socialista Mercedes Gallizo, del PSOE. "Estaba usted presidiendo el Canal durante la compra de Emissao, ni la fiscalía ni el juez han estimado que usted tuviera conocimiento (...). Sería poco comprensible que quiera ocultar cosas y proteger a ciertas personas, eso daría a entender que no está al margen de los hechos", ha sugerido la diputada.

Al final de la comparecencia, toda la oposición mostraba su descontento. El socialista Juan Lobato ha reprochado a Victoria su supuesto desconocimiento. "Que no tuviera control sobre cantidades millonarias que se estaban invirtiendo es una falta absoluta de rigor que ha supuesto un quebrando para las arcas de todos los madrileños", ha defendido. Miguel Ongil, de Podemos, ha opinado que el ex presidente del Canal ha "continuado la línea del PP de protegerse unos a otros", mientras que César Zafra, de Ciudadanos, ha apuntado a su salida que "parecía que estuviera hablando de lo que ocurría en otros países", a la vez que ha dicho que "hubiera sido importante que dieran la cara y dieran explicaciones, y no solo responsabilizar a los demás".

De Miguel se niega a comparecer

El gerente del Canal de Isabel II entre 2006 y 2009, fue detenido en el marco de la Operación Lezo salió de Soto del Real tras pagar una fianza de 100.000. También estaba citado para declarar este viernes, pero se ha negado a contestar a las preguntas de los diputados por “el carácter secreto de la investigación”.

De Miguel está considerado un estrecho colaborador del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, al que acompañó en su polémico viaje a Cartagena de Indias en 2008. De Miguel habría cobrado algún tipo de comisión relacionada con la construcción de los Teatros del Canal, según consta en el auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Su empresa, la firma Saerco, fue registrada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en la ronda de registros que se hicieron por la Operación Lezo.

En la comisión también estaba previsto que compareciera José Manuel Serra Peris, vicepresidente y Consejero del Canal de Isabel II en 2013. La comisión ha esperado su llegada durante toda la mañana. Los letrados contactaron con él a lo largo de la jornada y al final de la sesión han señalado que la ausencia se debía a "un error administrativo". Serra habría pedido a la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, posponer su comparecencia mediante un email enviado el pasado 20 de junio. Alegaba en el escrito unos compromisos justificados y mostraba su buena voluntad y su intención de acudir a comisión, y consideró que había sido admitido al no recibir respuesta.